A menos de un año de las próximas elecciones generales, varios actores políticos ya trabajan para construir proyectos presidenciales, fortalecer alianzas y posicionarse de cara a la contienda electoral. En una campaña, sin embargo, no solo importan los candidatos. También son relevantes las personas, grupos e intereses que los acompañan, los respaldan o han influido en sus trayectorias políticas.
En esta serie de trabajos que se han venido dando, La Hora busca examinar el entorno político, empresarial, personal y vínculos de consideración de los candidatos.
Arrancamos con los nombres que ya figuran en las conversaciones sobre la próxima carrera presidencial: Sandra Torres, Roberto Arzú, Carlos Pineda y Neto Bran. A partir de documentos, registros públicos, antecedentes y entrevistas, reconstruimos las relaciones, alianzas y conexiones que han marcado sus recorridos y que podrían tener incidencia en un eventual proyecto de gobierno.
El propósito no es únicamente analizar a los posibles aspirantes, sino también identificar las redes de apoyo, operadores, financistas, aliados políticos y otros actores que forman parte de su círculo de influencia o han desempeñado un papel relevante en su carrera pública.
La serie incluirá más notas que darán una mirada más amplia a las alianzas y reacomodos que ocurren en otras organizaciones políticas conforme se acerca el proceso electoral.
EL CÍRCULO DE SANDRA TORRES DE CARA A 2027
Diputados, alcaldes, líderes religiosos y operadores territoriales forman parte del núcleo que rodea a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, de cara a las elecciones generales de 2027. Varios de ellos arrastran cuestionamientos judiciales, políticos o familiares que vuelven a colocar bajo escrutinio al partido más grande del país.
Torres ha sobrevivido a derrotas electorales, fracturas internas, investigaciones penales y una captura que habrían terminado con la carrera de muchos dirigentes. Sin embargo, a menos de un año del inicio formal del próximo proceso electoral, la ex primera dama sigue siendo una de las posibles aspirantes presidenciales más visibles, aunque todavía a la espera de su proclamación formal.
En ese contexto y después de tres derrotas consecutivas en segunda vuelta, la pregunta ya no es si Torres volverá a buscar convertirse en la primera mujer en dirigir el país, sino quiénes sostienen hoy el proyecto político que le ha permitido mantenerse vigente durante casi dos décadas.
De acuerdo con fuentes internas de la UNE, cinco figuras concentran buena parte de la operación política y territorial que rodea actualmente a la dirigente. Se trata de los diputados Sofía Hernández, Inés Castillo, Sergio Enríquez, Carlos López Girón y Nadia de León.
Algunos aportan estructuras municipales, otros experiencia legislativa, influencia partidaria o vínculos con sectores religiosos, pero todos forman parte del entramado que Sandra Torres busca convertir nuevamente en una maquinaria electoral competitiva.
La composición de ese círculo cercano también refleja una característica que ha acompañado a la UNE durante años: la incorporación de actores provenientes de distintas corrientes políticas, varios de ellos señalados en algún momento por investigaciones judiciales, controversias públicas o cuestionamientos sobre su entorno, que incluye en algunos casos, el crimen organizado.
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SOFÍA HERNÁNDEZ, EL PODER TERRITORIAL DE HUEHUETENANGO
Uno de los movimientos más relevantes de la UNE para los próximos comicios fue la incorporación de la diputada Sofía Hernández —electa por Vamos en 2023— y la estructura política que la acompaña en Huehuetenango.
Fuentes internas del partido aseguran que la legisladora no solo llegó acompañada de su hijo, el también diputado Erick Martínez, sino que ha llevado consigo al menos 16 alcaldes y una red de operadores locales que anteriormente respaldaban al partido de Alejandro Giammattei. La adhesión fortaleció significativamente la presencia territorial de la organización de Torres en uno de los departamentos con mayor peso en votos del occidente del país.
De esa cuenta, la importancia de Hernández radicaría menos en su papel legislativo y más en su capacidad de movilización territorial. Huehuetenango representa una de las regiones donde la UNE busca consolidarse y ampliar su presencia municipal.
No obstante, la congresista también arrastra cuestionamientos que han marcado buena parte de su carrera política. Hernández fue incluida en la Lista Engel en 2022 y ha sido señalada por presuntos vínculos con integrantes de la estructura criminal conocida como Los Huistas, de la cual su hermano y sobrino aceptaron ser miembros.
Además, militó anteriormente en la UCN, partido fundado por Mario Estrada, quien purga condena en Estados Unidos, también por delitos relacionados con el trasiego de drogas.
Pese a ello, dentro de la UNE, la diputada es considerada una de las principales apuestas para fortalecer la estructura electoral del partido en occidente.
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INÉS CASTILLO, EL NEGOCIADOR DEL CONGRESO
Ahora bien, mientras Hernández aporta músculo territorial, el representante de Santa Rosa, Inés Castillo, representa otro de los activos que el partido de Sandra Torres considera estratégicos: la experiencia legislativa.
Castillo acumulará dos décadas en el Congreso al concluir el actual período y es descrito por integrantes de la UNE como uno de los principales operadores de la organización dentro del parlamento.
Sin embargo, su cercanía con Torres no siempre fue estable. A inicios de 2024 formó parte del grupo que intentó desplazarla de la dirigencia partidaria. Sin embargo, posteriormente regresó a su círculo cercano y hoy figura entre los diputados con mayor acceso a la máxima dirigente de la organización.
Fuentes internas aseguran que participa activamente en procesos de negociación política y que también cumple una función de acompañamiento para cuadros nuevos dentro de la bancada. “Le está enseñando el oficio a Lourdes —de León, diputada e hija de Sandra Torres—”, dijo uno de los entrevistados, acerca del papel de Inés Castillo en el Congreso.
Su retorno fortaleció nuevamente el control de Torres sobre la estructura partidaria después de una de sus crisis internas más importantes de los últimos años, la cual finalizó con la expulsión de actores que anteriormente estaban en su círculo cercano, como el también legislador Adim Maldonado y el exdiputado sancionado con la Ley Global Magnitsky Estuardo Vargas.
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SERGIO ENRÍQUEZ, EL PUENTE CON EL SECTOR EVANGÉLICO
Otro de los pilares de la estrategia de la UNE para los comicios de 2027 es la relación con sectores religiosos conservadores, y en ese espacio destaca Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, diputado e hijo del pastor Sergio Enríquez, líder de Ministerios Ebenezer.
Dentro del partido se le atribuye un papel relevante para mantener vínculos con segmentos del electorado evangélico que ya respaldaron a la organización política durante la campaña de 2023.
La importancia de Enríquez no radica principalmente en su trabajo parlamentario, dijeron las fuentes, sino en su capacidad para conectar con estructuras religiosas que tienen “influencia sobre sus fieles, al momento de votar”.
Pero su trayectoria también ha estado acompañada por controversias. En 2017, fue vinculado al caso Chicamán, por el presunto desfalco en la municipalidad de ese municipio de Quiché, aunque posteriormente fue absuelto.
Asimismo, sobre él han pesado cuestionamientos derivados de supuestos nexos entre miembros de Ministerios Ebenezer y Jorge René García Noguera, alias JR, un narcotraficante confeso condenado en Estados Unidos.
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CARLOS LÓPEZ GIRÓN, EL OPERADOR DE QUICHÉ
En Quiché, una de las figuras que más peso tiene dentro del proyecto político de la UNE es el diputado Carlos Enrique López Girón.
Fuentes internas lo describen como uno de los operadores territoriales más importantes de la organización en ese departamento y le atribuyen capacidad de influencia sobre alcaldes y liderazgos comunitarios, junto con su hijo Carlos Enrique López Maldonado, quien se desligó de Cabal para aliarse al proyecto de Sandra Torres.
El arribo de López Girón a la UNE representa el retorno de una figura que durante años formó parte del partido y que posteriormente enfrentó procesos judiciales relacionados con plazas fantasma y financiamiento electoral. De hecho, en 2017, cuando fungía como diputado por esta organización se dio a la fuga y abandonó su curul.
Permaneció prófugo durante varios años antes de ser capturado en 2021. Posteriormente logró resolver los procesos que enfrentaba y volvió a la actividad política. Regresó al Congreso en 2024, de la mano del partido Valor.
Dentro de la organización liderada por Torres es visto como una pieza clave para consolidar la presencia territorial en Quiché y fortalecer la capacidad de movilización electoral del partido. Además, según las fuentes, es uno de los financistas.
Su hijo, Carlos Enrique López Maldonado también lo acompaña en su nueva faceta en la UNE, tras separarse del partido Cabal.
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NADIA DE LEÓN, LA INFLUENCIA INTERNA
Por otra parte, hay una figura con creciente peso dentro de la UNE, aunque actualmente no forma parte del partido. Se trata de la hija mayor de Sandra Torres, Nadia de León, quien llegó al Legislativo con el partido político Nosotros, encabezado por su esposo, Rudy Guzmán, y para las próximas elecciones se sumaría a la organización se su mamá.
Distintas fuentes coinciden en que la parlamentaria mantiene una influencia significativa dentro de la estructura partidaria que dirige Torres. Integrantes de esa agrupación aseguran que participa en reuniones estratégicas, interviene en negociaciones con actores políticos y ha tenido un papel importante en la incorporación de nuevos aliados al proyecto electoral.
También le atribuyen acercamientos con alcaldes y diputados que posteriormente han terminado vinculándose al partido.
Su protagonismo refleja otro rasgo de la evolución reciente de la UNE, relacionada con la creciente participación de la familia de Sandra Torres en la conducción política de la organización. Esto, tomando en cuenta que la secretaría general de la organización la ostenta la también diputada Lourdes Teresita de León.
Además, las fuentes entrevistadas brindaron un detalle que apunta a los planes de la matriarca y excandidata presidencial. De acuerdo con lo informado, Nadia de León sería el prospecto de primera dama de la Nación, si Sandra Torres ganara la Presidencia, por ser la hija mayor.
No obstante, tanto ella como Lourdes Teresita volverían a postularse como candidatas a diputadas del Congreso y sus hermanos, Sandra Raquel y Edgar Antonio, todos de apellidos De Léon Torres, le seguirían apostando al Parlamento Centroamericano.
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UNA RED PARA MANTENER EL PODER
Aunque cada uno de estos actores desempeña funciones distintas, todos cumplen un papel dentro de la estrategia con la que Sandra Torres busca mantenerse competitiva rumbo a 2027.
Sofía Hernández aporta estructura territorial en Huehuetenango, Carlos López Girón fortalece la presencia en Quiché y Sergio Enríquez conecta con sectores evangélicos, mientras que Inés Castillo opera en el Congreso y Nadia de León amplía la influencia política de la familia dentro y fuera del partido.
En conjunto, conforman una red que permite a la UNE conservar presencia territorial, capacidad de negociación y alianzas locales en buena parte del país, que “es a lo que se apunta”, de acuerdo con los entrevistados.
La composición de este círculo revela una constante en la trayectoria de Sandra Torres, quien se ha caracterizado por la construcción de alianzas con actores que aportan estructura, movilización o influencia política, incluso cuando algunos de ellos arrastran señalamientos y controversias que terminan por afectar la reputación del partido.
FAMILIARES INCÓMODOS Y EL VÍNCULO CON PANDILLAS
En este tema, también hay una sombra que persigue a la ex primera dama y va más allá de los cuestionamientos alrededor de sus aliados políticos. Su hermana, Gloria Torres Casanova —antigua integrante de la UNE—, fue señalada en pleno gobierno de Álvaro Colom de integrar presuntas redes de corrupción y estafas municipales, junto con sus hijas Christa y María Marta Castañeda Torres.
Las tres enfrentaron múltiples procesos por acusaciones que incluyeron lavado de dinero y cobros fraudulentos a comunas, los cuales las llevaron a prisión. Pero el caso más explosivo fue el de María Marta, actual pareja de Aldo Dupié Ochoa, mejor conocido como “Lobo”, uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18.
Ella ha enfrentado procesos y señalamientos por diversos delitos, por casos que van desde atentados hasta evasión fiscal y otras actividades ilícitas relacionadas con la organización criminal en la que milita su pareja. De hecho, su captura en 2025 fue presentada por el Ministerio de Gobernación como un golpe importante contra esa estructura terrorista.
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Un hecho relevante en este tema ocurrió en plena campaña de 2023, luego de que circularon imágenes de María Marta participando en actividades políticas en las que se encontraba Nadia de León y otros miembros del partido Nosotros, al que esta última pertenece hasta ahora.
Después de que las fotografías se difundieran en las redes sociales, se emitieron comunicados en los que la UNE y Nosotros se desligaban del hecho, pero eso no frenó el debate sobre el entorno familiar de la dirigencia del partido de Sandra Torres y el de su hija Nadia.
“LAS TORRES DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”
Las referencias sobre el parentesco entre María Marta Castañeda y Sandra Torres, así como el vínculo de la primera de ellas con el “Lobo”, uno de los máximos líderes del Barrio 18, han surgido incluso en el hemiciclo parlamentario.
Diputados oficialistas y de otras bancadas han utilizado el caso en varias ocasiones para cuestionar a la UNE y señalar supuestos vínculos políticos con estructuras criminales, señalamientos que la organización ha rechazado de manera reiterada.
La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos en enero de este año, cuando el presidente Bernardo Arévalo, se dirigió al país en cadena nacional, tras una serie de motines carcelarios y ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y afirmó que la estrategia de seguridad de su gobierno «obviamente no le gusta a los criminales, a las pandillas, a las maras y a las estructuras políticas desestabilizadoras que están detrás de ellas».
El gobernante añadió que «las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo», una frase que provocó interpretaciones y generó una inmediata reacción de Sandra Torres, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
En un pronunciamiento público, la expresidenciable acusó al mandatario de haber utilizado su apellido para insinuar una vinculación con los hechos violentos y de intentar responsabilizarla políticamente de la crisis de seguridad en el país.
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LA CARTA A MARCO RUBIO
Aunque Torres rechazó cualquier relación con estructuras criminales, el episodio volvió a colocar bajo escrutinio las relaciones familiares y políticas que durante años han alimentado cuestionamientos sobre los posibles vinculos de la UNE.
Y nuevamente el tema surgió durante el proceso de elección del nuevo fiscal general, en sustitución de Consuelo Porras. Era inicios de abril cuando los senadores estadounidenses Michael S. Lee y Tim Kaine—uno republicano y otro demócrata— enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo respaldo para las elecciones de segundo grado que estaban en marcha en el país y el fortalecimiento de acciones contra organizaciones delictivas.
En la misiva, los políticos hicieron ver la importancia de los relevos en diferentes entidades este año y los calificaron como “una oportunidad para reforzar las instituciones guatemaltecas y profundizar la relación entre los EE. UU. y Guatemala”, en un contexto marcado por amenazas a la seguridad pública.
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Como ejemplo, citaron los ataques coordinados liderados por pandillas, principalmente la liderada por Aldo Dupié Ochoa, y disturbios carcelarios —que resultaron en la muerte de 10 agentes de policía y las lesiones de varios otros— y subrayaron que “el crimen organizado busca desestabilizar las instituciones públicas de Guatemala y aterrorizar a la población”.
Los senadores reiteraron el impacto de esas acciones para la democracia guatemalteca; sumándose así a las voces críticas que por aquel entonces cuestionaron al MP de Consuelo Porras por no aplicar la Ley para el Combate Frontal de las Pandillas durante la audiencia contra un integrante del Barrio 18, a quien únicamente acusó por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento, omitiendo la figura penal más grave, en medio de una escalada de ataques contra fuerzas de seguridad.
“La solidez del sistema democrático de Guatemala depende de un poder judicial independiente y de procesos transparentes para la selección de sus funcionarios”, reza el texto remitido por los estadounidenses, y añade que al respaldar la gobernanza democrática en el país, Estados Unidos también protege sus propios intereses regionales “al mantener vecinos amistosos”.
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LAS SOMBRAS DEL PASADO
Pero la historia de la UNE no se explica únicamente a través de quienes hoy rodean a la expresidenciable. Además de los reiterados comentarios sobre presuntos vínculos con estructuras criminales, a lo largo de los años el partido ha enfrentado señalamientos relacionados con supuestas irregularidades en el financiamiento electoral y operadores políticos vinculados con actos de corrupción.
En ese ámbito, hay un nombre que se repite constantemente: Gustavo Alejos. Se trata de un actor que inevitablemente aparece ligado al partido de Torres, ya que fungió como secretario privado de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Colom y hay todo un registro de casos en los que se les señala con nexos comunes.
Por ejemplo, la propia ex primera dama reconoció que Alejos le prestaba helicópteros para actividades políticas en 2014, aunque durante años negó tener cercanía con él.
El abogado Auner Arrivillaga interpuso una denuncia en el Ministerio Público en contra de Sandra Torres y Gustavo Alejos por los posibles delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias al restarle legitimidad al proceso de elección de magistrados de las Cortes. pic.twitter.com/H611xgCph6
— Diario La Hora (@lahoragt) March 5, 2020
Después, en 2020, mientras el empresario estaba recluido en un centro asistencial y detenido por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas —por injerencia en comisiones de postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia—, diputados de la UNE admitieron haberse reunido con él. Uno de ellos era Estuardo Vargas, otrora hombre de confianza de Sandra Torres.
Hoy, la relación entre ambos sigue enmarcada solo en la amistad, según Gustavo Alejos, quien aseguró que, incluso en los comicios de 2023, no hubo ningún acercamiento con Torres o algún otro miembro de su organización, con fines electorales.
“No tengo ninguna vinculación política con ella, ni con ningún otro partido, pues estoy realmente alejado de todo ese tema”, manifestó el empresario, y añadió que “la relación con ella en la campaña pasada tampoco existió”. El entrevistado remarcó que los vínculos pasados fueron “debido a la relación de amistad que existía con el expresidente —Álvaro— Colom, pero ya de mucho tiempo atrás”.
EL CASO QUE LA LLEVÓ A LA CÁRCEL
Esa afinidad mencionada por Alejos quedó evidenciada en investigaciones pasadas y audios que incluían conversaciones entre él y Torres, en las que se referían a la captación de recursos financieros. En una de las grabaciones se escucha cómo ellos se tratan como “Gustavito” y “Sandrita”.
Esas pesquisas desembocaron en el caso de financiamiento electoral ilícito por el cual la expresidenciable fue capturada en 2019. La acusación sostenía que el partido manejó aproximadamente US$2.5 millones no reportados, utilizando empresas de cartón y mecanismos paralelos de recaudación para ocultar el origen de los fondos. El proceso llevó a que Torres pasara varios meses en prisión preventiva.
Aunque posteriormente recuperó su libertad y el caso se cerró a su favor, mediante resoluciones judiciales, esa detención representó el momento más crítico de su carrera. Para sus detractores, el hecho confirmó un sistema opaco de financiamiento al partido, pero ella calificó el asunto como una persecución política.
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EL ORIGEN DEL PODER TERRITORIAL
La UNE nació como una maquinaria electoral basada en redes comunitarias, alcaldes y estructuras locales que en 2008 llevaron al poder a Álvaro Colom. No obstante, distintas investigaciones y actores políticos cercanos al entonces matrimonio coinciden en que la verdadera arquitecta territorial del partido fue Sandra Torres.
Desde el inicio, la organización se apoyó en operadores regionales capaces de movilizar votos en áreas rurales y fronterizas. Con el tiempo, ese modelo derivó en alianzas con líderes locales que arrastraban sospechas de corrupción, clientelismo y nexos con estructuras criminales.
Un informe elaborado por InSight Crime en 2018 reconstruyó uno de los episodios más delicados para la UNE, marcado por el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de 2007.
Según esa investigación, los narcotraficantes Ottoniel Turcios y Mauro Salomón habrían aportado fondos a través de operadores políticos ligados al partido. Entre los nombres señalados aparecieron Gloria Torres Casanova —hermana de Sandra Torres— y Obdulio “Yuyo” Solórzano, un actor con peso territorial en Alta Verapaz a quien se vinculó con Turcios y estructuras relacionadas con Los Zetas.
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El reporte sostiene que el dinero ingresaba en efectivo, llegaba a casas de cambio y luego era utilizado para cubrir la movilización electoral rural. A cambio, las estructuras criminales esperaban contratos públicos y protección política.
Nunca hubo una condena penal contra Sandra Torres o algún otro miembro de la UNE por estos hechos y, cada vez que surge el tema, la dirigencia es enfática en rechazar tales acusaciones. Sin embargo, los señalamientos marcaron el inicio de una narrativa que la perseguiría durante años, por la supuesta relación entre su partido y operadores cuestionados que aportan músculo territorial y financiamiento.
SOBREVIVIENDO A LAS “TRAICIONES”
De esa cuenta, campaña tras campaña, a la excandidata se le ve rodeada por un nuevo grupo de aliados de entre quienes vuelve a surgir su círculo de confianza. Un ejemplo de ello fue la llegada de Adim Maldonado a la UNE en 2020, tras su salida de FCN-Nación, el partido que llevó al poder a Jimmy Morales.
Uno de los mayores terremotos internos recientes en la UNE tuvo como protagonista precisamente a este diputado, quien durante años fue considerado uno de los hombres de mayor confianza de Sandra Torres y pieza clave en la reorganización partidaria. Sin embargo, la relación terminó explotando.
A principios de 2024, Maldonado lideró a un grupo de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y varios diputados, quienes intentaron desplazar a Torres del control partidario. Estuardo Vargas e Inés Castillo, otros cercanos a la expresidenciable, estaban entre quienes apoyaban su salida como máxima dirigente de la organización.
Pero, después de una larga batalla legal y el regreso de Castillo al grupo de Sandra Torres, esta última terminó por imponerse. El conflicto derivó en expulsiones de todos aquellos que dieron la espalda y “traicionaron” a quien en su momento consideraron su líder.
Quien también terminó por alejarse de la agrupación política fue el pastor y excandidato a la vicepresidencia de la UNE en 2023, Romeo Estuardo Guerra Lemus, de la Iglesia Misión Cristiana Sión. El líder religioso y excompañero de fórmula de Torres renunció el año pasado al partido.
LA ETERNA CANDIDATA
Con una carrera por la presidencia que se remonta a 2011, después de su divorcio de Álvaro Colom, Sandra Torres ha construido una paradoja política única en Guatemala.
Es probablemente la mujer más poderosa e influyente de la política del país y se mantiene vigente a pesar de procesos judiciales, fracturas internas, derrotas consecutivas y escándalos de diversa índole. Sin embargo, nunca ha conseguido transformar ese poder territorial en una mayoría suficiente para gobernar.
En cada proceso electoral que ha participado ha quedado entre los candidatos más votados en primera vuelta, pero en el balotaje concentra altos niveles de rechazo. Perdió en 2015 frente a Jimmy Morales, en 2019 frente a Alejandro Giammattei y en 2023 frente a Bernardo Arévalo. Aun así, sigue en pie y todo apunta a una nueva candidatura en los comicios de 2027.
Actualmente, UNE es el partido más grande a nivel nacional y, según los registros del Tribunal Supremo Electoral, supera los 86 mil afiliados. Esa fortaleza le permite seguir funcionando como refugio político para estructuras desplazadas, actores cuestionados, alcaldes reciclados y diputados tránsfugas, tal como se ha documentado en reportajes anteriores.
SANDRA TORRES EVITA PRONUNCIARSE
En busca de conocer su postura sobre la incorporación de nuevos actores en su partido político, la estrategia para fortalecer la presencia partidaria en distintos departamentos y sus apreciaciones sobre el desarrollo del próximo proceso electoral, así como los vínculos que se le atribuyen con distintos sectores, La Hora intentó establecer comunicación con la excandidata presidencial Sandra Torres.
Por medio de su equipo de Comunicación, se le solicitó formalmente una entrevista, y, aunque se confirmó que la también ex primera dama recibió la petición, nunca hubo una respuesta. Previamente se le hicieron llamadas telefónicas y se le enviaron mensajes de texto, pero tampoco contestó.
