El Gobierno de Columbia Británica, Canadá, presentó este lunes 21 de septiembre una demanda contra OpenAI en Estados Unidos, a la que acusa de no haber alertado a las autoridades sobre conversaciones consideradas amenazantes que el presunto atacante del tiroteo de Tumbler Ridge habría sostenido con ChatGPT antes de la tragedia.
La acción legal fue presentada ante un tribunal federal de California y también señala como demandado al CEO de OpenAI, Sam Altman. La provincia busca establecer responsabilidades y recuperar costos relacionados con el ataque ocurrido el 10 de febrero de 2026 en Tumbler Ridge Secondary School.
De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), la demanda sostiene que OpenAI incurrió en negligencia al no informar a las autoridades sobre la actividad del usuario y que la compañía habría diseñado un producto inseguro. El medio también recuerda que empleados de OpenAI habían expresado preocupaciones sobre el uso que hacía del chatbot el presunto atacante meses antes del tiroteo.
¿QUÉ OCURRIÓ CON LA CUENTA DE CHATGPT?
El caso está relacionado con Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a quien las autoridades identificaron como responsable del ataque ocurrido en Tumbler Ridge. El tiroteo dejó ocho personas fallecidas, entre ellas cinco estudiantes y un educador, además de decenas de personas heridas. Van Rootselaar también murió durante el hecho.
Según documentos previamente divulgados por OpenAI, la compañía había cerrado en junio de 2025 una cuenta utilizada por Van Rootselaar después de que sus sistemas detectaran una violación de sus políticas relacionadas con actividades violentas.
En una carta enviada en febrero al ministro canadiense de Inteligencia Artificial y Digital, Evan Solomon, OpenAI explicó que la cuenta fue sometida a una revisión humana para determinar si correspondía remitir el caso a las autoridades. La compañía sostuvo entonces que, con la información disponible en ese momento, no había identificado una planificación “creíble e inminente” que alcanzara el umbral establecido para informar a la policía.
Sin embargo, la provincia sostiene ahora que OpenAI tenía información suficiente para advertir a las autoridades y que esa omisión debe ser examinada judicialmente.
Bloomberg reportó que la demanda presentada en California sostiene que OpenAI pudo haber utilizado los registros de ChatGPT para alertar a la policía y posiblemente evitar el ataque. El medio señaló además que la compañía había marcado y suspendido una de las cuentas utilizadas por Van Rootselaar en 2025, pero no elevó el caso a las autoridades en ese momento.
Al menos diez personas mueren en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá
COLUMBIA BRITÁNICA BUSCARÍA UNA COMPENSACIÓN
La fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, afirmó que la provincia busca obtener respuestas, responsabilidades y recursos para afrontar los costos derivados de la tragedia.
La demanda acusa a OpenAI y a otros demandados de negligencia, de haber contribuido al ataque y de responsabilidad relacionada con un producto presuntamente defectuoso. También solicita un juicio con jurado.
Según The Canadian Press, la provincia y el distrito escolar de Tumbler Ridge buscan compensación por los daños ocasionados y medidas judiciales que permitan evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Entre los costos que se pretenden recuperar se encuentra la construcción de una nueva escuela secundaria para la comunidad.
La demanda sostiene que una alerta a la Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) pudo haber cambiado el desenlace de los hechos. Esa afirmación corresponde a la posición planteada por la provincia dentro del proceso judicial y todavía deberá ser examinada por los tribunales.
OPEN AI HABÍA ANUNCIADO CAMBIOS EN SUS PROTOCOLOS
La controversia no surge por primera vez este lunes. Tras el tiroteo, OpenAI reconoció que había cerrado la cuenta utilizada por Van Rootselaar en 2025, pero explicó que en ese momento sus criterios no habían considerado que existiera un riesgo inminente y creíble que justificara una denuncia ante las autoridades.
En febrero, la compañía anunció cambios en sus protocolos de seguridad. Entre ellos se incluyeron el establecimiento de un punto de contacto directo con las autoridades canadienses, modificaciones en los criterios para remitir casos a las fuerzas de seguridad y mejoras para detectar a usuarios que intenten regresar a la plataforma después de haber sido expulsados por violaciones relacionadas con violencia.
OpenAI también informó que posteriormente identificó una segunda cuenta utilizada por Van Rootselaar y que entregó esa información a las autoridades. La empresa señaló que, bajo sus protocolos modificados, la actividad de la cuenta que había sido suspendida en 2025 habría sido remitida a las autoridades si se hubiera detectado bajo los nuevos criterios.
LA DEMANDA SE SUMA A OTROS PROCESOS
El proceso iniciado por Columbia Británica es independiente de las demandas presentadas anteriormente por familiares de las víctimas, estudiantes y trabajadores de la escuela.
France 24, al informar sobre la acción legal, señaló que la demanda de la provincia se produce después de que familiares de víctimas ya hubieran iniciado sus propios procesos contra OpenAI por el supuesto vínculo entre el uso de ChatGPT y el ataque.
A principios de septiembre, Bloomberg informó sobre nuevas demandas presentadas por estudiantes, docentes y otras personas que estuvieron presentes durante el tiroteo. Esos procesos también cuestionan la actuación de OpenAI frente a las conversaciones del presunto atacante con ChatGPT.
Según Global News, para ese momento ya se habían acumulado 37 reclamos relacionados con el tiroteo, incluidos los presentados por sobrevivientes y personas vinculadas con la escuela.
PIDEN CAMBIOS A LAS REGLAS SOBRE IA
Además de la demanda, Sharma informó que envió una carta a funcionarios del Gobierno federal canadiense para solicitar modificaciones al Código Penal del país, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan determinar responsabilidades cuando tecnologías de inteligencia artificial estén vinculadas con conductas delictivas.
La fiscal general ha argumentado que las normas y los marcos de seguridad deben actualizarse conforme avanza la inteligencia artificial y que las empresas que desarrollan estas tecnologías no deberían ser las únicas encargadas de establecer sus propios mecanismos de control.
El Gobierno de Columbia Británica había anunciado desde julio que contrataría abogados en Canadá y California para explorar acciones legales contra OpenAI. En ese momento, la provincia señaló que documentos internos de la empresa mostraban que sus equipos de seguridad habían identificado conversaciones violentas relacionadas con el atacante antes del tiroteo.
Ahora, con la demanda presentada formalmente, serán los tribunales estadounidenses los que deberán examinar las acusaciones, las actuaciones de OpenAI y la relación que la provincia plantea entre la actividad registrada en ChatGPT y la tragedia de Tumbler Ridge.
