Los polémicos contratos por la adjudicación del diseño y construcción de tres puentes con una sobrevaloración de Q148 millones están a punto de quedar en firme, después de que la Contraloría General de Cuentas (CGC), al parecer y por ahora, no va a emitir ningún pronunciamiento en contra dentro de una auditoria que pidió el presidente Bernardo Arévalo, sobre el proceso de adquisición. Esto a pesar de los montos por los que fueron adjudicados y de la cuestionada experiencia de las empresas, entre otras anomalías.
Los tres proyectos se otorgaron el pasado 2 de julio, mediante un proceso exprés de siete días entre la publicación y adjudicación, con base en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024 y que creó la figura de «licitación por emergencia», que permite hacer adjudicaciones obviando pasos de la Ley de Contrataciones del Estado, con el objetivo de acortar tiempos y atender rutas centroamericanas.
De tal cuenta, estos puentes se encuentran, uno en la carretera CA2-occidente (Ruta al Pacífico) y los otros dos en la CA-14, ruta a Cobán, Alta Verapaz.
Estas son las ubicaciones exactas, los montos adjudicados y la posible sobrevaloración, esto último obtenido con base en una cotización que solicitó La Hora a una empresa especializada en la construcción de puentes, con base en los diseños y especificaciones técnicas halladas en los concursos de Guatecompras:
- Puente Moca, kilómetro 132 de la ruta al Pacífico, en Chicacao, Suchitepéquez. Adjudicado por Q130.31 millones, con una posible sobrevaloración de Q80.68 millones.
- Puente Las Pericas, kilómetro 95 de la ruta a las Verapaces, en Morazán, El Progreso. Adjudicado por Q68.34 millones, con una posible sobrevaloración de Q32.99 millones.
- Puente Santa Bárbara, kilómetro 140 de la ruta a las Verapaces, en San Jerónimo, Baja Verapaz. Adjudicado por Q78.28 millones, con una posible sobrevaloración de Q35.01 millones.
VERSIÓN OFICIAL
El pasado 2 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, defendieron la adjudicación y hablaron de pedir a la Contraloría que efectuara una auditoría concurrente a los procesos de contratación, desde el inicio hasta el final de la obra.
Arévalo, en esa ocasión, expuso que si la auditoría concurrente identifica algún problema, la Contraloría deberá informarlo de inmediato para evitar que el proceso continúe sin corregirlo.
Sin embargo, hasta el momento no hay resultados del proceso de revisión que hace el ente fiscalizador. Según lo que respondió la comunicadora de la institución, Mónica Monge, a una consulta de La Hora, «la CGC se encuentra realizando el proceso de auditoría, específicamente en la fase de recopilación de información».
Añadió que por el momento no se puede proporcionar más información, «con base en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Decreto Número 31-2002) de Guatemala, que regula lo relativo a la divulgación de la información y la reserva que debe mantener el personal de la institución».
¿NO QUISO ACTUAR?
No obstante, La Hora pudo conocer por medio de fuentes que conocen del tema que la Contraloría no pondrá reparos a los procesos de contratación de los puentes, con la excusa de que el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria prácticamente le permite hacer cualquier cosa al Ministerio de Comunicaciones.
Esta inacción se produjo en una semana clave al final de la cual la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas eligió a los seis finalistas para dirigir esta institución, en el periodo 2026 al 2030.
De esta lista, el Congreso de la República deberá elegir al sustituto del actual contralor Frank Helmuth Bode Fuentes.
En este sentido, un análisis del Movimiento Pro Justicia emitido justo después de que se conociera el listado final, la tarde del domingo 20 de diciembre, apunta a que por lo menos cuatro de los finalistas responderían a los intereses Bode.
IRREGULARIDADES
1) SOBREVALORACIÓN: De no poner ninguna objeción a la contratación, la CGC estaría avalando un procedimiento que ha generado muchas dudas, desde la posible sobrevaloración hasta la negativa de ofrecer información relacionada con la adjudicación.
El pasado 27 de agosto, La Hora publicó una investigación periodística, según la cual, los tres puentes en cuestión habrían sido adjudicados con una sobrevaloración de hasta Q148 millones.
La Hora solicitó una cotización a una empresa calificada y con experiencia en la construcción de puentes. La solicitud se hizo con base en los diseños disponibles en Guatecompras y a las especificaciones técnicas publicadas en el mismo portal. Como resultado, los tres puentes fueron cotizados por Q128.25 millones, Q148 millones menos que los Q276.94 millones al precio con que los adjudicó el CIV, en suma.
Las dudas de la posible sobrevaloración aumentan si se toma en cuenta que, por metro, estos puentes son más caros, incluso que varios de los adjudicados en el gobierno de Alejandro Giammattei, régimen señalado de corrupción por múltiples sectores sociales.
Según comparaciones hechas por La Hora, el costo promedio, por metro, de los tres puentes en cuestión fue de Q1 millón 928 mil 429. En contraparte, durante la administración pasada, se adjudicaron puentes a costos mucho más inferiores.
Como referencia, durante la administración pasada se adjudicaron puentes a costos menores. El Jícaro, en el municipio del mismo nombre, tuvo un costo de Q553 mil 656 por metro; el Corozal, ubicado en el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico, fue de Q1 millón 46 mil 965; y el Chitomax, en Cubulco, Baja Verapaz, de Q941 mil 986.
Al tratar de explicar la diferencia en precios, la ministra Zea atribuyó las variaciones a cuestiones de inflación, y a que «cada proyecto es distinto y no se pueden comparar entre sí». Por ejemplo, resaltó que en los puentes adjudicados este año se acortan los tiempos de entrega lo cual aumenta los costos.
2) DUDOSA EXPERIENCIA: Asimismo, la limitada experiencia de las empresas adjudicadas en la construcción de puentes es otro factor que siembra dudas.
Las tres constructoras adjudicadas han elevado considerablemente sus adjudicaciones durante el gobierno de Bernardo Arévalo, justo como ocurrió en la administración del expresidente Alejandro Giammattei con varias constructoras.
La firma que se hará cargo de la reposición del puente Moca, Constructora Elemento, solo cuenta con dos contratos similares en Guatecompras y son por la construcción de dos proyectos relativamente pequeños, que sumaron Q9.7 millones. Ninguno en una carretera internacional, ni siquiera en una ruta departamental o nacional.
Su principal experiencia desde 2016 —año en que empezó a firmar contratos públicos— ha sido con municipalidades, para proyectos como la rehabilitación o mantenimiento de caminos rurales, construcción de parques, muros o sistemas de alcantarillado, entre otros.
En relación con Metro Construcciones, firma a la que le fue adjudicado el puente Las Pericas, La Hora pudo ubicar solo un contrato similar en Guatecompras, que está relacionado con la reposición de un puente en la calle de un barrio en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, por Q665 mil. Ninguno en carreteras nacionales, departamentales y menos internacionales.
De 2009 a la fecha, esta firma registra 70 adjudicaciones que suman Q240 millones. El contrato más reciente, por el puente Las Pericas, es el más grande que ha obtenido hasta hoy.
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Asimismo, la empresa a la que le fue adjudicado el proyecto del puente Santa Bárbara, Grupo Técnico en Construcción Serima, también tiene experiencia limitada en la construcción de estas estructuras, por lo menos en la administración pública.
La Hora solo pudo identificar dos concursos similares. Ambos fueron adjudicados por emergencia, en junio de 2021. Uno para la rehabilitación de un puente en Teculután, Zacapa, por Q11.8 millones, y otro en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, por Q3.5 millones.
Al igual que la empresa anterior, el obtenido por la reposición del puente Santa Bárbara es el contrato más elevado que ha obtenido desde 2012, año en que empezó a recibir adjudicaciones. Desde entonces ha firmado 44 proyectos por Q223.4 millones.
Sus principales clientes han sido, después del CIV, la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la comuna de Mixco, con quienes ha efectuado trabajos como mantenimiento de calles y caminos rurales, instalación de tuberías y sistemas de alcantarillado, entre otros.
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3) OPACIDAD: Otro factor que ha acompañado los procesos de contratación de los puentes es la falta de información ofrecida. Para empezar, las ofertas no han sido subidas al portal Guatecompras. De igual forma, las autoridades se han resistido a informar cuál fue el mecanismo utilizado para «invitar» a las constructoras seleccionadas y a divulgar la lista de las constructoras que finalmente recibieron dicha invitación.
En los procesos de compra, tres oferentes participaron por concurso, pero no hay certeza de si había otras firmas que fueron invitadas y prefirieron no enviar propuestas.
Asimismo, La Hora ha hecho varias consultas con la oficina de Comunicación Social del CIV, pero no ha obtenido respuesta. Entre otros requerimientos, se les ha pedido información de las ofertas, qué criterios utilizaron para seleccionar a las empresas que fueron invitadas y si existe un listado de estas, pero no se ha obtenido respuesta.
De igual forma, el pasado 27 de agosto, al finalizar una citación en el Congreso, La Hora abordó a la ministra Zea cuando abandonaba las instalaciones del palacio legislativo, sobre la 8a. avenida, y ante las consultas de este medio aseguró que podría darnos una entrevista, algo que a la fecha no se ha concretado.
5) ¿CUÁL ES EL NIVEL DE RIESGO? Finalmente, otro de los factores que dejan preguntas en el ambiente es el relacionado con la declaratoria de riesgo que emitió la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). De acuerdo con el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, dicho dictamen es imprescindible para que un proyecto se licite por emergencia.
La Hora pudo localizar en Guatecompras los informes de riesgo de los puentes Moca y Santa Bárbara, no así el de Las Pericas.
En los informes que están disponibles en el referido portal y que fueron firmados el 22 de junio de 2026, la amenaza que dictamina la Conred es por inundaciones y deslizamientos, pero no dice nada acerca de las condiciones estructurales de los puentes.
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La documentación apunta a que el ente científico se refiere al riesgo (declarado bajo) en el sector, con lo cual consideró «procedente realizar la ampliación, la rehabilitación, la operación, el mejoramiento, el uso, el aprovechamiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial prioritaria». En otras palabras, lo que hizo la Conred fue avalar la ejecución del proyecto, dado que el riesgo de inundaciones y deslaves es bajo.
La referida Ley detalla que la «licitación por emergencia» se crea para que, ante los riesgos ocurridos o inminentes a la vida o a la integridad física de los habitantes del país «circulando a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria», se pueda proceder de manera ágil con las labores de reconstrucción, remozamiento, limpieza, medidas de protección, mitigación de riesgos o medidas correctivas directas.
Añade que para implementar esta modalidad de contratación «basta con que la Conred emita un informe de riesgo y este cuente con el aval de la Dirección General de Caminos», y detalla que la contratación debe quedar formalizada entre el contratante y el contratista 15 días calendario a partir de dicha declaración.
Sin embargo, los informes disponibles hablan de las condiciones geográficas del terreno y no —como lo establece la Ley— de la amenaza que representa para la vida de las personas circular a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria.
