Los informes de emergencia emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que se encuentran disponibles en Guatecompras y que habrían sido utilizados como respaldo para aplicar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en la sospechosa adjudicación de tres puentes —posiblemente sobrevalorados— despiertan más dudas porque dichos reportes no hacen referencia al estado de los puentes.
La Hora revisó los tres concursos en los cuales la Dirección General de Caminos (DGC), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), adjudicó el diseño y construcción de los puentes Moca, Santa Bárbara y Las Pericas —los tres en rutas internacionales— a empresas de dudosa experiencia, y halló que en el caso de los dos primeros fue subido a Guatecompras un Informe de Riesgo, emitido por la Conred, que se refiere a la amenaza de inundaciones y deslizamientos, pero no a las condiciones estructurales de los puentes.
En el caso del puente Las Pericas, no se halló ningún reporte del ente de protección civil.
Ambos informes fueron emitidos el 22 de junio y las amenazas por las cuales se pronuncia son deslizamientos e inundaciones. En ese sentido, la Conred estableció para los dos proyectos un nivel de amenaza baja, por lo cual, según la Herramienta de Caracterización de Riesgos para Proyectos, que utiliza la institución, «es procedente realizar la ampliación, la rehabilitación, la operación, el mejoramiento, el uso, el aprovechamiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial prioritaria».
El artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria —el utilizado como base legal para otorgar las tres licitaciones por emergencia— detalla que esta modalidad «se crea para que, ante los riesgos, ocurridos o inminentes, a la vida o a la integridad física de los habitantes del país circulando a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria, se pueda proceder de manera ágil con las labores de reconstrucción, remozamiento, limpieza, medidas de protección, mitigación de riesgos o medidas correctivas directas».
Añade que para implementar esta modalidad de contratación (licitación por emergencia) «basta con que la Conred emita un informe de riesgo y este cuente con el aval de la Dirección General de Caminos» y detalla que la contratación debe quedar formalizada entre el contratante y el contratista 15 días calendario a partir de dicha declaración.
No está claro si existen otros informes emitidos por Conred donde alerten de la amenaza de circular a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria, como lo establece la ley. En Guatecompras, los únicos que han sido publicados son los que hablan del riesgo en el terreno, de deslizamientos e inundaciones.
Estos dos informes que pudo revisar La Hora aclaran que son «única y exclusivamente» para «dar cumplimiento a las disposiciones transitorias del artículo 95» de la referida ley. Añade que el alcance del documento se limita a lo establecido en el artículo 87, literal i), referente a la ampliación, rehabilitación, operación, mejoramiento, uso, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial prioritaria en dichas rutas.
Los informes son de dos páginas y llevan la firma digital de la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes Cruz.
SE PREGUNTÓ A CONRED
La Conred no respondió de inmediato a la consulta hecha por La Hora de si existen informes de riesgo adicionales que se refieran a las condiciones estructurales de los puentes.
ANTECEDENTES
Los concursos de los tres polémicos puentes se publicaron y adjudicaron entre el 25 de junio y el 2 de julio pasados, por un monto que sumados llega a Q276 millones. Dichos proyectos fueron otorgados con una posible sobrevaloración de Q148 millones, puesto que este medio hizo una cotización con una empresa de amplia experiencia en el ramo, con base en los diseños y especificaciones técnicas que se encuentran en Guatecompras.
Sin embargo, hasta hoy, tanto la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, como el presidente Bernardo Arévalo, han parecido demeritar esta información y se mantienen firmes con las contrataciones.
Las adjudicaciones fueron así:
- Puente Moca, adjudicado a la empresa individual Constructora Elemento, propiedad de Billy Gubert’s Arreaga Cárdenas, por Q130.3 millones.
- Puente Las Pericas, adjudicado a Metro Construcciones, S. A. por Q68.3 millones.
- Puente Santa Bárbara, adjudicado a Grupo Técnico en Construcción (Serima), S. A., por Q78.2 millones.
En ninguno de los tres concursos las ofertas o cualquier otra información relacionada con estas han sido publicadas.
En comparecencias ante los medios de comunicación, la ministra Zea no ha abordado el porqué no se hacen públicas las ofertas, y aunque ha defendido los procesos de contratación, no ha explicado qué criterios se utilizaron para invitar a las constructoras participantes, ni tampoco el listado de estas.
PUENTES CAROS
Algo que alimenta las dudas de la posible sobrevaloración es que, por metro, estos puentes son más caros, incluso que varios de los adjudicados en el gobierno de Alejandro Giammattei, régimen señalado por múltiples sectores sociales de corrupción. Esto según comparaciones hechas por La Hora.
El diputado por Suchitepéquez, Gerson Barragán, por ejemplo, en una citación en el Congreso este 27 de agosto, cuestionó a la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, por el elevado monto del contrato. «Yo no sé qué pasó; le he pedido el sustento técnico de por qué Q130 millones por el puente Moca, si solo se cayó una losa», cuestionó el legislador en una citación con la Comisión de Comunicaciones del Congreso.
A lo que la ministra respondió que el puente ya tiene 50 años de antigüedad y que ya está finalizando su vida útil. Por lo tanto, aseguró, hubiera sido «irresponsable» solo cambiar una losa.
