Durante la semana, se conoció que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche cercano a la fiscal general, María Consuelo Porras, accionó en contra de las diligencias en varios casos de corrupción que la misma unidad del Ministerio Público investigó. En uno de ellos, un sindicado lo hizo, pero el ente investigador no se opuso y secundó sus argumentos.
PIDE ANULAR COLABORACIÓN POR CASO PLAZAS FANTASMA
El 21 de junio, Curruchiche confirmó que solicitó la anulación del convenio de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público (MP) y el exdiputado del desaparecido Partido Patriota, Edgar Romeo Cristiani por el caso “Plazas Fantasma en el Congreso de la República”.
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DESISTEN DE OPERATIVOS POR LOS Q122 MILLONES
El 22 de junio, se supo que la FECI habría desistido de practicar algunas diligencias de investigación relacionadas con el hallazgo de los Q122 millones en una residencia de Antigua Guatemala vinculados con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
REVISARÁN COLABORACIÓN DE JUAN CARLOS MONZÓN
El 23 de junio, la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche decidió no presentarse a una audiencia vinculada a la colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón.
Según el jefe de la FECI, quiere saber qué se firmó con el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. “Básicamente es eso, es una decisión que yo tomo como superior jerárquico, me lo faculta la ley, yo necesito saber qué fue lo que se firmó con el señor Monzón, qué fue lo que quedó estipulado en el acuerdo de colaborador eficaz, no sé si el MP ya le cumplió a esta persona lo que le prometió en ese acuerdo de colaborador de eficaz”, añadió.
Por lo que pidió “que me ponga a mí a la vista el expediente completo de investigación del caso La Línea y Cooptación del Estado para que yo los pueda ver y analizar de forma objetiva e imparcial y con estricto apego de legalidad”.
SALA ANULA COLABORACIONES EN CASO ODEBRECHT
El 24 de junio, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo otorgó una apelación que presentó el extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, con lo cual anula los tres acuerdos de colaborador eficaz que se tenían en el caso Odebrecht.
Curruchiche informó de la resolución en un video de seis minutos que publicó el Ministerio Público en sus cuentas de redes sociales.
RODRÍGUEZ: ES UNA AVANZADA SISTEMÁTICA
La abogada Stephanie Rodríguez, explicó que en los últimos meses la lucha contra la impunidad y la corrupción, en especial en los casos que investigó la FECI al mando de Juan Francisco Sandoval, están siendo debilitados.
“Más pareciera que los fiscales son abogadas defensoras de los sindicados y procesados que el Ministerio Público como ente acusador. Es lamentable que todo este tipo de casos que en su momento demostró cómo es que la corrupción campea de forma amplia permeó y sigue permeando las instituciones”, agregó.
En el caso de Odebrecht, considera que la anulación de los convenios de colaboración es para realizar concesiones fuera de la ley a favor de diputados y exfuncionarios que recibieron sobornos por parte de esa empresa.
“Pareciera que la estrategia del MP actual es que todos esos casos de alguna forma queden debilitados y en su momento oportuno si se lleva a juicio a las personas y si se los condena habría muchas posibilidades que sean absueltas”, lamentó.
Concluyó resaltando que “es lamentable, pero es parte de toda la avanza sistemática que pareciera que quiere borrar todo lo que la CICIG y la FECI encontraron en su momento”.
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IBARRA: QUIEREN AFECTAR LA PERSECUCIÓN PENAL
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro-Justicia, indicó que hay una tendencia a denunciar, anular y cuestionar todos los convenios de colaborador eficaz desde que empezó a utilizarse esa figura “el Ministerio Público o los sindicados cuestionan los convenios de cooperación y con eso quieren afectar la persecución penal que se desató en algún momento”, refirió.
Comentó que el caso Odebrecht inició en el año 2017 y que “hasta ahora”, empiezan a cuestionar los convenios que se hicieron a la luz de la legislación vigente en aquel momento “todo lo actuado fue avalado por jueces, por la Sala de Apelaciones”, explicó.
Mencionó que es complicado para el público en general, para la opinión pública y para la población, comprender cómo una misma institución está avalando en un momento y luego anulando convenios de este tipo.
Reiteró que varios casos podrían retrasarse por muchos años o quedarse en un “limbo sin ninguna averiguación de la verdad”, sin establecer la verdad de lo ocurrido: quiénes son los responsables, qué problemas de corrupción hay, qué redes funcionaron y así deducir la responsabilidad a quien corresponda.
“Da a pensar que hay componendas entre las autoridades del Ministerio Público para traer abajo los procesos, se podrían hablar de una implosión de casos porque es una destrucción desde adentro de los casos que no es la única práctica que han utilizado, porque los casos que dejaron avanzados la CICIG y la FECI en la época de la maldad ahí con Francisco Sandoval e Iván Velásquez ha sufrido contratiempos desde que hubo el cambio de gestión del Ministerio Público”, detalló.
SE BUSCÓ POSTURA DE ASIES Y CIEN
Para este trabajo La Hora buscó la postura de varios analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así como del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, sin embargo, al cierre de esta nota no respondieron a las llamadas realizadas.
