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La fiscal general del MInisterio Público (MP), Consuelo Porrras, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra Impunidad. Foto: La Hora.

A menos de tres días de la victoria de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, en la segunda vuelta electoral, el Ministerio Público (MP) dio a conocer un nuevo caso en contra de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) derivado de una denuncia presentada por la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado con el partido Cambio, que luego fue revocada. Esta se une a otras denuncias que el MP ha planteado en Tribunales, las cuales datan de algún tiempo.

La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó la acción en contra de la presidenta de la entidad electoral, Irma Palencia, el magistrado titular, Mynor Franco, así como el magistrado suplente, Álvaro Cordón luego de una denuncia presentada por los abogados Giovanni Fratti y Pedro Cruz, por separado.

De esta cuenta, el ente investigador busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retire la inmunidad de los magistrados para que sean investigados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución, luego de la inscripción de Baldizón el 11 de marzo por parte de los magistrados y que fue revertida el 14 de ese mismo mes.

El ente investigador dio seguimiento a dicha acusación, pese a que el profesional del derecho, Pedro Cruz, señaló que presentó la denuncia, pero solicitó a sus abogados desestimar la denuncia, ya que la amenaza dejó de existir.

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La acusación contra los magistrados del TSE fue presentada pese a que el MP accionó tarde cuando Baldizón fue beneficiado, ya que el pasado 11 de enero el sindicado salió de prisión, luego de cumplir con las medidas sustitutivas establecidas por el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, dentro del caso Odebrecht, así como por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, a cargo de Virginia de León dentro de la causa penal denominada Transurbano.

Sin embargo, no fue hasta el 15 de febrero cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de la revocatoria de dicha medida sustitutiva a favor de Baldizón.

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TSE DIJO QUE NO HABÍA RECIBIDO INFORME DE FECI

Pese a que la FECI accionó hasta este miércoles 23 de agosto, el Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Baldizón el 4 de marzo, decisión que fue revertida por el pleno de magistrados el 11 de marzo, ya que estimaron que la soberanía del Estado se manifiesta a través del ejercicio exclusivo del poder judicial y que el Organismo Judicial (OJ) tenía la exclusividad de impartir justicia en Guatemala.

Sin embargo, el 14 de marzo el TSE emitió un comunicado en el que explicó que, tras una nueva sesión del pleno de magistrados, negó la candidatura de Baldizón, ya que no había recibido el informe de la FECI que había solicitado por el Tribunal para conocer el estatus procesal del sindicado.

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En dicho escrito, el órgano electoral aseguró que no fue hasta el 13 de marzo que la Fiscalía envió el informe, por lo cual se “hizo necesario realizar un nuevo análisis del expediente de mérito”.

Un día después, el 15 de marzo, la Fiscalía contradijo al TSE y señaló que envió dicha documentación el 27 de febrero, en donde se contenían los detalles del caso Transurbano, así como Odebrecht, en donde Baldizón figuraba como sindicado.

ACUSACIONES INICIARON CON EL CASO SEMILLA

Sin embargo, las acusaciones contra los magistrados del TSE, así como el jefe del Registro de Ciudadanos iniciaron cuando el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció el caso denominado “Corrupción Semilla”, en el cual acusó al partido político del Presidente electo de haber falsificado firmas para la constitución de la agrupación política. El caso surgió de una denuncia presentada en 2019.

El caso fue revelado por el jefe de la FECI una hora antes, aproximadamente, previo a que el TSE oficializara los resultados, por lo cual se creó una serie de señalamientos en contra del ente investigador por interferir en los comicios.

Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), las naciones integrantes señalaron la interferencia del ente investigador, el cual también buscaba afectar la integridad del proceso electoral con la revocatoria del estatus legal de Semilla, según el embajador estadounidense ante dicha entidad, Frank Mora.

Asimismo, en el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA se aseguró un asedio por parte del MP en contra de la entidad electoral, así como el Movimiento Semilla.

 

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De la misma forma, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales solicitó el retiro de inmunidad contra Ramiro José Muñoz Jordán, Director del Registro General de Ciudadanos, ya que lo acusa de supuestamente cometer los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes por la inscripción de manera anómala de Prosperidad Ciudadana, pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Según expresó el ente investigador, la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 26 de mayo pasado consigna una serie de señalamientos que obran en el expediente que ameritan una investigación penal.

“Este Tribunal estima que la serie de señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional que se conoce, ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal, razón por la cual, es pertinente certificar lo conducente al Ministerio Público, a efecto de que lleve a cabo las acciones que de conformidad con la ley le corresponden”, indica la resolución, según mencionó el MP.

LINARES: TERRORISMO JUDICIAL

El analista independiente Luis Linares resaltó que es una actitud totalmente aberrante por parte del MP, ya que un funcionario judicial, e incluso el mismo ente investigador, puede tomar decisiones que son revocadas por la instancia superior.

“Tendríamos que irnos hasta atrás, hasta por ejemplo, la negativa o la inscripción de (Efraín) Ríos Montt, unos se la negaron, otros se la concedieron, ¿quién fue el que actuó legalmente?, y ¿qué consecuencias, o que persecución podría haber tomado en un momento dado una decisión? Incluso también los mismos fiscales del MP y las denuncias que presentan a los tribunales, si son desestimadas, podrían ser también señaladas de lo mismo que ahora están señalando a los magistrados”, explicó.

De acuerdo con Linares, para ello existen las instancias de revisión porque cuando las leyes no son muy claras, pueden interpretarse de “una forma” y estas instancias pueden revocar la decisión por considerar que no se interpretó correctamente la ley.

Por ello, el analista aseguró que es un evidente terrorismo judicial hacia los magistrados de la entidad electoral, ya que “se salieron de la línea” al validar la primera vuelta electoral y desarrollar la segunda ronda. “Y estar en un proceso de revisión que va a llevar, ante las impugnaciones, a que sea confirmada la victoria electoral de Bernardo Arévalo”, expuso.

De esta cuenta, Linares concretó en que hay un intento de amedrentar y castigar a los magistrados del TSE, ya que se pretende hacer ver que violaron la ley al tomar determinadas decisiones.

ORTIZ: «CURIOSO» QUE SE HAYAN TARDADO TANTO TIEMPO

De la misma forma, el abogado Edgar Ortiz sostuvo que es curioso que el ente investigador haya tardado tanto en montar un caso de este tipo, ya que la resolución del TSE fue tomada en marzo.

“Tantos meses para una resolución, no tiene mucho sentido, creo que es un poco curioso el tiempo, y también me parece un poco curioso que se plantea un antejuicio por una resolución tomando en cuenta que al final tiene que dar un estándar muy alto para formular una acusación de ese tipo”, señaló.

Por lo anterior, Ortiz indicó que se cuestiona “¿cuál es la prioridad que le da la fiscalía a sus acusaciones?”.

 

CUX: ESTÁ CALCULANDO HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR

El abogado y analista de Acción Ciudadana, Eddie Cux señaló que el ente investigador de alguna forma ha estado tratando de mantener las amenazas previas a la segunda vuelta electoral.

Por lo que, el MP, al posicionar estas acciones, está calculando cuál será la reacción social, ya que algunas personas han convocado a algunas manifestaciones, así como la reacción internacional, a criterio del experto.

De acuerdo al analista, no es lo mismo realizar las amenazas previo a la elección, que ahora que existe un resultado tan contundente, por lo cual, el MP plantea un seguimiento de persecución no solo en contra de Semilla, sino también contra la autoridad electoral.

“Para ellos todo es integral, es político, realmente, que de alguna manera quieran generar esa presión, de todas formas, cualquier acción que emprendan va a ser criticada, no tienen la confianza de la población y por eso mismo están calculando hasta dónde pueden llegar, pero obviamente, resulta peligroso, porque incluso creería que están intentando llegar hasta la última instancia”, agregó Cux.

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