Alrededor de 1 mil 500 personas privadas de libertad que ya cumplieron su condena, pero permanecen detenidas por no haber podido pagar multas, podrían tener una alternativa si avanza una iniciativa de ley que plantea sustituir esas obligaciones económicas por trabajo comunitario.
La propuesta fue impulsada por la diputada Alma Luz Guerrero y contempla reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para crear la figura de trabajo comunitario subsidiario para personas que no cuentan con recursos económicos para cancelar las multas impuestas.
Según Guerrero, la imposibilidad de pagar una multa no debería representar una nueva limitación de libertad cuando la persona ya cumplió la pena de prisión establecida por un juez.
La diputada señaló que mantener a estas personas dentro del sistema penitenciario representa un costo aproximado de Q5 millones anuales para el Estado, debido a gastos relacionados con alimentación, seguridad y otros servicios.
La posibilidad de hacer trabajo comunitario la determinarán los jueces de ejecución, por lo que los ministerios de Comunicaciones, Educación y Salud, elaborarán un listado de trabajos de utilidad pública que puedan realizar los privados de libertad.
LA PROPUESTA: CAMBIAR MULTAS POR TRABAJO COMUNITARIO
La iniciativa establece que la posibilidad de realizar trabajo comunitario no sería automática, sino que estaría bajo decisión de los jueces de ejecución, quienes analizarían cada caso.
Según se explicó los ministerios de Comunicaciones, Educación y Salud, elaborarán un listado de trabajos de utilidad pública que puedan realizar los privados de libertad.
Para apoyar esa evaluación, se plantea la creación de un comité multidisciplinario al servicio de los juzgados de ejecución, encargado de valorar las circunstancias relacionadas con cada persona.
Como parte de esta propuesta, el Ministerio de Gobernación presentó el programa “Manos productivas”, con el que se busca que privados de libertad puedan participar en actividades como la fabricación de adoquines.
TRABAJO CON LÍMITES Y RESTRICCIONES
La iniciativa establece que las jornadas de trabajo comunitario tendrían una duración de entre dos y cuatro horas diarias, sin superar las 20 horas semanales.
Sin embargo, no podrían acceder a esta alternativa quienes sean considerados de alta peligrosidad social según los informes del equipo multidisciplinario de tratamiento de la Subdirección de Rehabilitación Social del Sistema Penitenciario.
También quedarían excluidas las personas con reportes de mala conducta durante su condena o quienes hayan intentado fugarse o evadirse del cumplimiento de la sentencia
#AhoraLH | La bancada Semilla y autoridades del Ministerio de Gobernación presentan la iniciativa de ley para la creación del trabajo comunitario subsidiario para privados de libertad.
📹✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/VsPdpRDWiN
— Diario La Hora (@lahoragt) August 13, 2026
PROPUESTA EN MEDIO DE CRISIS
La iniciativa también plantea cambios relacionados con la ejecución de multas y otras medidas contempladas en el Código Penal y Procesal Penal.
Entre las reformas se incluye modificar la forma en que se aplican las multas y establecer que la conversión de una multa en pena privativa de libertad sea una medida excepcional, cuando no sea posible aplicar trabajo comunitario u otra alternativa.
Además, se propone incorporar el uso del control telemático mediante brazalete electrónico dentro de las modificaciones al Código Procesal Penal.
Actualmente, Guatemala cuenta con 23 centros de detención con capacidad para aproximadamente 6 mil personas, mientras que la población privada de libertad ronda los 23 mil internos, según los datos incluidos en la propuesta, lo que refleja un escenario de sobrepoblación penitenciaria.
La iniciativa aún deberá continuar su proceso legislativo antes de determinar si estas alternativas podrán aplicarse.
