Con el control del Ministerio Público (MP) a cargo de la fiscal general, María Consuelo Porras y la próxima elección del Contralor General de Cuentas que recaería en otro allegado al oficialismo, la alianza se aseguraría que los Q112 mil 294.80 millones que pretende obtener con el Presupuesto 2023 no sean fiscalizados.
Consuelo Porras ha sido denominada por el presidente, Alejandro Giammattei como su “amiga”, este año la reeligió en el cargo e incluso previo a su confirmación se reportó tensión entre ambos debido a que en el MP no han avanzado casos que podrían vincularlo como la “Alfombra Mágica” y el Testigo “A”, mientras se le dificultaba integrar la lista final de candidatos.
Actualmente el Contralor General de Cuentas es Edwin Salazar, quien no ha planteado acciones relevantes sobre la ejecución del Ejecutivo. Además, La Hora en el reportaje “El candidato tiene quien lo espere: favorito para Contralor no tiene 40 años” se describe cómo se prevé que resulte designado Erik Mazariegos, también vinculado al Oficialismo y que sería clave para el tema de finiquitos en año electoral, así como la fiscalización del presupuesto.
Otro reportaje publicado por este medio titulado: “El control total de las instituciones: la diferencia entre VAMOS y otros oficialistas”, señala que además de “asegurar la inscripción de 200 alcaldes para su reelección de la mano del partido oficial, para reunir al menos un millón de votos para el binomio presidencial y un monto similar para diputados del listado nacional que encabezaría Miguel Martínez, así como obtener el pase directo a la segunda vuelta”, la estrategia de VAMOS para las Elecciones Generales del 2023 contempla el control de entidades clave.
Presupuesto 2023: No existirán mecanismos de control [https://t.co/lw2srqKp6a] pic.twitter.com/6q2rPbYe1R
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ICEFI FORMULÓ RECOMENDACIONES
Luego de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó el proyecto presupuestario para el próximo año, ahora identificado como iniciativa de ley 6135, el Icefi formuló una serie de recomendaciones, especialmente dirigidas a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que está controlada por el oficialismo y sus aliados. La preside el diputado de VAMOS, Cándido Leal Gómez.
URGE CONTROLES EN CIV, COMUNAS Y CODEDES
Entre las cinco recomendaciones formuladas por la institución destaca que el Congreso debe diseñar normas especiales de control y de transparencia de la ejecución del gasto público con énfasis en la ejecución de obras y proyectos a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y de las municipalidades.
Además, sugiere fortalecer los controles sobre los saldos sin ejecutar de ejercicios fiscales anteriores, en especial de los recursos sin utilizar por el Ministerio de Energía y Minas (incluido en el artículo 119 del proyecto 2023), por los Codedes y de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, Decreto 21-2022, (incluido en el artículo 113 del proyecto 2023).
Sobre este punto, el titular de Finanzas, Álvaro González Ricci, indicó durante los Talleres del Presupuesto Abierto que de aprobarse el proyecto aumentaría en al menos Q1,300 millones más el aporte a las comunas y Codedes.
Además, indicó que la asignación presupuestaria proyectada para la cartera de Comunicaciones contempla Q339.1 millones más de lo aprobado originalmente para este año. Esto a pesar de que sus recursos pasaron de Q5,402.4 millones a Q8,965.1 millones por la ampliación presupuestaria aprobada en marzo pasado (Decreto 21-2022).
AUMENTO EN REMUNERACIÓN PARA EL MINEDUC
De acuerdo con el análisis del Icefi, deben corregirse las prioridades del gasto público, privilegiando una orientación hacia la garantía de derechos, la protección social y la lucha contra la desnutrición infantil. Esto debido a que observan aumentos para el Ministerio de Educación (Mineduc), en su mayoría para salarios, mientras los recursos para el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) se reducen.
El Icefi encontró que en el proyecto se propone para el Mineduc un aumento de Q1,745.8 millones respecto al presupuesto vigente en este 2022. De ese monto adicional, Q1,006 millones corresponden a un aumento en la asignación para remuneraciones “vinculado principalmente a los incrementos salariales acordados en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Gobierno y el magisterio nacional”, apunta el análisis.
En criterio de la entidad, dicho incremento salarial a los maestros “sería una medida justa y necesaria, toda vez las metas físicas de matrícula, evaluaciones de estudiantes y entrega de insumos escolares como libros de texto no sufrieran reducciones”.
En el documento también se señala que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei propone incrementar en Q713.4 millones el monto de las transferencias corrientes que el Mineduc traslada a entidades privadas que atienden proyectos educativos.
Asimismo, la cartera de Educación “insiste en destinar Q346.5 millones para el seguro médico escolar contratado con aseguradoras privadas, pese a que se ha demostrado ser excluyente, puesto que cubre solamente a estudiantes inscritos dentro del sistema de educación pública y no a las niñas, niños y adolescentes que se encuentra fuera del sistema”.
Agregó que el presupuesto va enfocado a donde se necesita y no importa “con quien vaya a jugar”. Así como que en su gobierno ha buscado la unidad para facilitar la gobernabilidad. pic.twitter.com/l8fbFGwkVL
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“REDUCCIONES DRÁSTICAS” PARA SALUD
Para Salud, el Icefi determinó que el proyecto considera “reducciones drásticas en las asignaciones para la atención de la pandemia”, ya que para la adquisición pública de vacunas se reduce en Q593.6 millones (57.2%), al pasar de Q1,037 millones en el presupuesto vigente de 2022, a Q443.4 millones en el de 2023.
Además, cuestiona que se propone recortar en Q835 millones (49.4%) para los servicios de prevención y tratamiento de COVID-19, que pasaría de Q1,691.1 millones este año a Q856.1 millones para 2023.
“Pese a estos recortes presupuestarios tan voluminosos, el Ejecutivo asegura que en 2023 vacunará contra el COVID-19 y atenderá por esa enfermedad a 3,504,968 personas. La garantía de derechos fundamentales como la lucha contra la desnutrición infantil o la inversión pública en niñez y adolescencia no figuran dentro de las principales prioridades del proyecto de presupuesto”, destaca el comunicado.
Este día se presentó el Presupuesto 2023 y te recordamos este reportaje en el que te contamos la estrategia del millón de votos. Lea aquí 👇🏼
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CORREGIR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
Sobre la principal fuente de financiación para el Presupuesto 2023, el Icefi indica que se considera una estimación de ingresos tributarios de Q84,610.7 millones, equivalentes a una carga tributaria de 11.2%, proyección que para la entidad es “notoriamente incoherente con la realidad que muestran los últimos datos reales disponibles”.
En su proyección, el Icefi parte de la recaudación efectiva y real de Q52,623.2 millones al 31 de julio de 2022, sobre esa base el Instituto elaboró una “estimación cautelosa, si no conservadora”, para el cierre de este año de Q86,915.3 millones (carga tributaria de alrededor del 12%), es decir que supera la previsión del proyecto de presupuesto para 2023.
Lo anterior significa, en criterio del Icefi que las autoridades “prácticamente estarían esperando una pérdida de recaudación. Por esta razón, la subestimación de la recaudación de impuestos en el proyecto “puede resultar aún más grave”, advierte en el análisis.
Sin considerar ingresos adicionales por medidas de política tributaria o el control y la acción fiscalizadora de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Icefi calcula un cierre estimado de Q92,460.9 millones (carga tributaria alrededor de 11.9%), con lo cual la subestimación de los ingresos tributarios en el proyecto de presupuesto para el año electoral es de al menos Q7,850 millones.
El candidato tiene quien lo espere: favorito para Contralor no tiene 40 años
RECALCULAR LOS APORTES CONSTITUCIONALES
Según el Icefi, el error de subestimación en la proyección de ingresos para 2023 es de tal magnitud que se propaga a prácticamente todos los indicadores macrofiscales del proyecto.
Es decir que, una vez corregida la proyección de ingresos tributarios, se debe recalcular todo el presupuesto, especialmente los aportes constitucionales, el déficit fiscal y su financiamiento, ya que un aumento en los impuestos implicaría una reducción del endeudamiento público.
“Esta corrección reduciría los requerimientos de endeudamiento público en 2023, moderándolos a lo que realmente se requiere para financiar la inversión pública y evitaría autorizaciones de endeudamiento público excesivas, como ha sido el caso en los ejercicios fiscales 2021 y 2022”, destaca.
LA COMISIÓN DEBE ACTUAR CON TRANSPARENCIA
Finalmente, la institución enfatiza en que la Comisión de Finanzas debe actuar de forma transparente para recibir e incorporar en su dictamen correcciones y mejoras al proyecto de presupuesto 2023.
Entre las recomendaciones señala convocar a audiencias públicas en las que todos los sectores interesados, pero no debe limitarse a recibir estas propuestas, sino analizarlas y responder a los ponentes explicando si se han tomado en cuenta incorporándolas al dictamen o la razón por la cual no se incorporaron.
“El Icefi sostiene que este ejercicio es una forma en la que el Congreso de la República puede mitigar la desconfianza y rechazo de ciudadanos agudos”, añade en el informe divulgado este viernes.
El control total de las instituciones: la diferencia entre VAMOS y otros oficialistas
