Marco Tulio Trejo

Marco TrejoLos destrozos que fueron causados a los monumentos de Cristóbal Colón y la estatua del general José María Reyna Barrios, que están sobre la Avenida Las Américas y Avenida La Reforma respectivamente, han causado indignación en una parte de la población, mientras que otra se congratula por el hecho de que son personajes que representan, parte de la historia oscura, que dejó la venida de los españoles a tierras americanas.Los daños al patrimonio nacional se dieron en el marco de la conmemoración del Día de la Hispanidad –Día de la Raza-, que se celebra en varios países latinoamericanos, donde Guatemala no fue la excepción. Por este hecho se encuentra procesado Rudy Amílcar López Pablo, de 28 años, quien es acusado de ser uno de los presuntos responsables de causar los destrozos.El abogado de López Pablo, en la audiencia de primera declaración, de una manera muy astuta no dejó que su patrocinado diera declaraciones y le ordenó decir que, únicamente habla el idioma Mam, por lo que la misma fue suspendida porque no había un traductor para el efecto. Esto demuestra que este tipo de hechos tienen, una agenda ideológica definida, que al final y al cabo viene a causar temor y zozobra en la población.Pero hay que hacer una diferenciación entre los líderes comunitarios y los activistas que se benefician de la protesta para generar ingresos para sus intereses personales, tal como sucedió este martes 12 de octubre de 2021. Los que están a favor de este tipo de hechos argumentan, que el descubrimiento de América fue un hecho histórico, que después derivo en una conquista sangrienta, que solo dejo luto y dolor, entre la población indígena colonizada.Pero los que critican este tipo de acciones vandálicas, no están de acuerdo con los actos de vandalismo, que ocurrieron durante el trayecto de la manifestación, supuestamente pacífica, porque con ese tipo de acciones no se va cambiar el pasado y sugieren que lo que debemos hacer es enfocarnos en buscar un mejor futuro, para las nuevas generaciones, las cuales están inmersas en problemas de salud, inseguridad, falta de educación, desnutrición y otros males que nos aquejan como sociedad que es catalogada como tercermundista.Algunos sectores empezaron a sugerir, que se deben remover, estos monumentos y que deben ser colocados, en un museo, para que sean visitados por los que desean conocer la historia de nuestro país, pero que en su lugar, puedan ser instalados otro tipo de personajes que nos identifiquen como sociedad y que se termine esa guerra ideológica, que solamente viene a causar más odio y división entre los guatemaltecos.Mientras no podamos convivir como sociedad, con las ideas de unos y de otros, será imposible que nos pongamos de acuerdo para cambiar muchas cosas negativas que vivimos en este momento y sobre todo no podremos hacer los cambios sociales y jurídicos que nos permita, mejorar el nivel de vida, de la mayoría de personas, quienes tenemos problemas sociales que afectan nuestro desarrollo y la de nuestras familias.Este tipo de luchas solamente benefician a un grupo de “malas personas” que se han apropiado del Estado guatemalteco y que se han enriquecido a costilla de los impuestos, que paga el pueblo, ese es un mal que debemos cambiar, pero con este tipo de guerras ideológicas, nunca nos pondremos de acuerdo, para buscar mejoras para nuestros hijos y nietos.Tenemos que hacer conciencia y sobre todo evaluar qué es lo que más nos conviene como país, porque lo que vivimos en este momento, no nos deja nada positivo, para nadie y tenemos que evitar caer en un abismo, que será muy difícil de salir y que permita el bienestar de todos los que habitamos este hermoso y productivo país.

Monumentos históricos: ¡Un dilema de ideologías!

Marco TrejoLa directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), Mayra Yanette Soto me envió una nota para que le aclare varios puntos que salieron en mi artículo del viernes 1 de octubre de 2021, el cual titulé: ¡Los precios de las medicinas y el Covid-19: empatía o regulación! Aunque en su documento fechado 6 de octubre no tengo respuestas contundentes, pero con todo gusto y respeto voy a trasladar textualmente lo que me solicita en el mismo.En su misiva la funcionaria expresa: “A ella no le interesa pelearse con los boticarios”, por lo cual me permito indicarle que más que una pelea, se trata del fiel cumplimiento del mandato institucional del funcionario y/o funcionaria a cargo de la institución”. En mi artículo hago mención de lo que se indica en la nota, pero mi texto lo que pretendía era utilizar, un vocabulario coloquial, que sea entendido por todo tipo de lector y creo que lo que realmente le gustaría saber a la gente es que si van a poder adquirir medicinas a un precio justo y no como sucede hasta hoy, donde se demuestra si el funcionario y/o funcionaria ha cumplido con su mandato de proteger al consumidor.Respetuosamente quiero manifestarle a la licenciada Soto, que mi única intención es dar a conocer los abusos que cometen personas inescrupulosas, que lucran con una situación como la que vivimos, una pandemia. He recibido muchos mensajes, donde los guatemaltecos me manifiestan que hace algunos meses compraban medicamentos a un precio y que ahora el mismo medicamento, tiene un sobreprecio que no tiene justificación alguna de ser.Entonces eso es lo que le gustaría saber a las personas, que se hace para proteger al consumidor de este tipo de aprovechamientos y no que se tome el tiempo, la licenciada Soto, para elaborar notas, que en ninguna línea, me demuestra categóricamente que ha emprendido acciones para que se proteja al consumidor para que se vendan medicinas a un precio justo, así como de la canasta básica familiar. Para poder comprobar esto que digo es muy simple de hacerlo, basta con ir a comprar medicinas, a cualesquiera de las cadenas de farmacias o bien ir a los diferentes mercados y supermercados para encontrar la respuesta.Es importante señalar que más de 574 mil 713 personas infectadas (oficialmente) en el país, y que han tenido que medicarse con productos que antes costaban menos y que ahora, por arte de magia, cuestan Q50 u Q80 más del valor habitual. Entonces el tema no es nuevo en el país, incluso en la campaña electoral, se habló de que un medicamento que en México, El Salvador o Nicaragua cuesta mucho menos, aquí su valor sufre incrementos de un día para otro, sin que nadie tenga la más mínima intención de defender a “Juan Pueblo”. Segundo llamado al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas.En el cuarto párrafo de la nota recibida de la DIACO, se manifiesta que: “de acuerdo al Decreto número 11-2021 Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicada el 21 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual entro en vigencia al día siguiente de su publicación (22 de septiembre de 2021), y el Acuerdo Gubernativo 197-2021 Reglamento de la Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicado el 30 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual fue publicado al día siguiente de su publicación (01 de octubre de 2021), se establecen funciones específicas al Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, mismas que se encuentran en plena fase de planificación y ejecución”. ¿Qué planificación y que ejecución? Ya transcurrieron ocho días de octubre y realmente no veo que se mueva un dedo para proteger al consumidor, no veo resultados y es más cuando uno llama a la DIACO nadie responde la llamada, pareciera que es un ente fantasma, como aquellos pueblos de las películas del oeste.En el siguiente párrafo (quinto) se me dice: “Asimismo, le informamos que no es competencia de la Diaco controlar precios de medicamentos, sino atender lo establecido en el Decreto Ley número 11-2021, referente a la publicación y monitoreo de precios. Así también, le informo que en casos especiales, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 006-2003) es supletoria, cuando existen leyes específicas en determinado tema como el de la telefonía y energía eléctrica”. En torno a este punto es muy importante conocer que se ha hecho referente a la publicación y monitoreo de precios durante la pandemia, porque con esos datos podríamos saber si realmente se cumple con el mandato para el cual fue designada licenciada Soto.En el siguiente texto se me escribió: “En tal sentido, solicitamos una aclaración dentro de su columna de opinión, donde se reconozca que no estamos incumpliendo la ley por no controlar precios, ni que existe algún interés de no cumplir con lo establecido en la Ley de Emergencia Nacional que se constituye en una prioridad para nuestra institución y sus autoridades, finaliza la misiva firmada por el Msc, Calos Vásquez, jefe de Comunicación Social, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía”.En ese sentido es importante señalar que en mi artículo (ParteI) nunca expresé que la DIACO incumple la ley por no controlar los precios y tampoco dije que existe algún interés de no cumplir la Ley de Emergencia Nacional, por el contrario manifesté que tenemos vigente, por tres meses, una ley que puede ser usada para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, pero para eso se necesita de funcionarios y/o funcionarias que se amarren los pantalones y cumplan la función que se les ha encomendado, en caso contrario solamente confirmaría lo expresado en mi anterior columna: “no se quieren pelear con los boticarios”.

Lo que necesita la gente son medicinas a un precio justo

Marco TrejoHa sido muy usual ver el aprovechamiento que han tenido varias empresas ligadas al ramo de salud durante esta pandemia que vivimos y que ha dejado más de 13 mil 564 muertes en el país, muchos por no tener los recursos económicos para comprar los medicamentos que les han recetado, porque las medicinas han sufrido incrementos injustificados, sin que nadie se meta a regular los precios de los mismos.Aunque el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2021 Ley de Emergencia Nacional, los distribuidores de medicamentos se aprovechan de la inoperancia del Estado, porque éste no ha podido controlar el alza injustificada de los medicamentos y dejan a los pobladores a su suerte, quienes se debaten en su lecho de enfermos.Esta actitud poco sensible de los distribuidores de medicamentos hacia la población, ha causado malestar y el clamor popular exige que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), actúe de una manera inmediata, pero al parecer a la nueva directora Mayra Yanette Soto, no le interesa pelearse con los boticarios que siguen aprovechándose de la situación crítica sanitaria que se vive.Situación que también debería de interesarle al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien tampoco vemos por ningún lado que tenga las más mínimas intenciones de defender a “Juan Pueblo”, que sigue pisoteado por empresarios que hacen lo que les viene en gana con la salud de los “chapines”.Una economía de mercado como la guatemalteca se rige por la ley de la oferta y la demanda. Al inicio de la pandemia en 2019 pudimos observar que las mascarillas tuvieron un valor muy alto en el mercado, pero conforme todos nos acostumbramos a usarlas, el precio bajó ostensiblemente, incluso ahora podemos comprar una en Q5.00, cuando llegó a costar Q150 la misma mascarilla, lo cual demuestra el aprovechamiento que se dio en ese momento.Ahora el aprovechamiento es de otros productos, por ejemplo los boticarios venden en Q80 un blíster de 10 pastillas que, hace cinco meses, vendían en Q20, porque los médicos ahora recetan dicho producto, para salvarle la vida a una persona que se ha contaminado con el virus del Covid-19. Los distribuidores argumentan que el aumento del precio, se da porque las farmacéuticas han incrementado el valor de los lotes de medicamentos que les entregan y que ellos no tienen márgenes de ganancias altos, por lo que el incremento no lo determinan en la farmacia.Aunque no estoy de acuerdo con la regulación de precios, en Guatemala se hace necesario que se dé mientras dure la emergencia sanitaria del coronavirus, porque los empresarios de la salud no son empáticos (“Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona”), por lo que se necesita la intervención del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos.En El Salvador, Argentina, Perú, Brasil y Nicaragua los gobiernos han intervenido para evitar los abusos de los “mercaderes de la salud”, han puesto precios máximos para más de 2 mil productos médicos y de la canasta básica familiar, lo cual ha mantenido la tranquilidad de estas sociedades, que en medio de una crisis económica, han tenido que resistir a una escalada de precios injustificados y que ahora son regulados para evitar el aprovechamiento.En Guatemala tenemos vigente, por tres meses, una Ley de Emergencia Nacional (Decreto 11-2021), pero no se usa para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, por lo que necesitamos que el gobierno se amarre los pantalones y que su Ministerio de Economía vele por el bienestar del consumidor y que actúe contra estos empresarios que se quieren enriquecer a costillas de una enfermedad que ha dejado luto y dolor en los últimos 17 meses en el país.

¡Los precios de las medicinas y el Covid-19: empatía o regulación!

Marco TrejoLa mayoría de universidades y muchos de los Colegios de Profesionales los han convertido en entidades que sirven para fines personales y sobre todo para mantener un poder político porque llegan a ocupar puestos públicos importantes que permiten enriquecerse a los que los ocupan.Las universidades tienen por mandato constitucional un poder político en las diversas instituciones del Estado, algunas de ellas como la Universidad de San Carlos puede llegar a ocupar 53 representaciones, que han avivado la codicia de los que la dirigen, con tal de mantener control político y administrativo de los entes estatales. Pero a ese poder político, le sumamos que recibe el 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación (Q2 mil millones), la hace mucho más “apetecible” para los poderes paralelos que se enriquecen de los impuestos de los guatemaltecos.En las diferentes convocatorias para los nombramientos de profesionales se pide que deben acreditar capacidad, idoneidad y honradez, lo cual no se cumple y se nombra al “elegido”, al amigo del rector o al que lo apoyo para llegar a los puestos que ocupan. Además, se pide que debe poseer honorabilidad e independencia de criterio reconocidas, lo cual tampoco se cumple y sino veamos la reciente elección en el Colegio de Médicos y Cirujanos (COLMEDEGUA), de los representantes ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).Según las publicaciones del matutino elPeriódico de Guatemala los que encabezan las votaciones son dos personajes que no cuentan con el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas y para terminar de manipular la elección el Tribunal Electoral del mencionado colegio profesional pasó por alto dicho requisito aunque está estipulado en la Ley de Probidad, en su Artículo 16, Inciso b, que exige el documento para optar a cargos o empleos públicos.En años anteriores hemos visto como otros colegios hacen las mismas “marufias” para sentar a sus “piezas de ajedrez” y luego tomar el control de la Rectoría estatal, a las que se han sumado otras universidades donde también se “cuecen habas”, como decimos en el vocabulario popular.Las facultades que también manejan poder son las de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la de Ciencias Económicas, pero todo va caer en las Comisiones de Postulación para elegir a los administradores de justicia del país, la Corte de Constitucionalidad, los Consejos de Desarrollo, la Junta Monetaria y por si eso fuera poco los tentáculos llegan hasta los entes deportivos que manejan el deporte federado en el país.Esta cuota de poder se pone de manifiesto con la gran cantidad de rectores que hacen fila en los diferentes tribunales de justicia, donde son señalados de cometer diferentes actos de corrupción, lo cual deja mucho que desear de un ente estatal que se sobreprotege en la autonomía universitaria, que al final de cuentas es el manto de la impunidad.Es necesario que los entes electorales que llevan al poder a los rectores no se dejen sorprender otra vez, que se impongan y no permitan que los politiqueros que tienen tomada la universidad estatal, vuelvan hacer de las suyas y que dejen de coaccionar a los electores a cambio del voto, les amenazan con quitarle las plazas que les dan por horas y no por oposición como debe ser, para no poder incidir en ese voto que da una cuota de poder muy grande en 53 instituciones del Estado.En las campañas universitarias vemos a diestra y siniestra como se despilfarran cantidades grandes de dinero en invitaciones a comer, presentación de edecanes y en fiestas que únicamente se convierten en el “espejito” que dan a los supuestos pensantes de nuestra sociedad. Es necesario que estos procesos cambien y encaminemos el rumbo de una de las entidades que manejan cuotas de poder que permiten mantener un control del Estado, con el único fin de mantener un status quo de politiqueros que viven mamando de los impuestos que pagan los guatemaltecos.

¡Hasta cuándo vamos a permitir que siga la corrupción!

Marco TrejoLas estadísticas de accidentes de tránsito se han disparado, en este semestre del 2021, en comparación con el año pasado en un 18 por ciento, ahora mueren más personas en hechos viales, que personas asesinadas con armas de fuego. Diariamente se registran siete decesos que si los sumamos nos dejan 217 muertos mensualmente.Las autoridades tienen los datos, manejan las estadísticas pero son indiferentes a lo que sucede en las calles y avenidas de las ciudades y en las carreteras que intercomunican los 21 departamentos. Las personas mueren diariamente en el asfalto y las causas son variadas: irresponsabilidad al manejar, conducir bajo efectos de licor o drogas y no respetar los límites de velocidad, entre otros hechos.Hasta el 8 de septiembre de 2021, según el Departamento de Tránsito, han ocurrido 5 mil 326 accidentes viales, donde murieron 1 mil 448 personas y 931 han quedado heridas. Mientras tanto, los datos a la misma fecha, solo que en el 2020 fue de 4 mil 504 percances, los cuales dejaron 931 muertos y 4 mil 328 lesionados.Estos datos si los analizamos solamente en los primeros 8 días de septiembre, nos da que han ocurrido 122 percances vehiculares, en los cuales 51 personas murieron y 126 han tenido que ser trasladadas a un centro asistencial para su recuperación.Aunque las autoridades viales realicen las pruebas de alcoholemia, en todos los días siempre hay alguien que maneja bajo efectos de licor, pero qué sucede cuando es sorprendido, simplemente es trasladado a un reparo policial, recibe una multa y el Reglamento de Tránsito no estipula mayor sanción y vuelve al volante, hay personas que han sido aprehendidas en más de una ocasión por la misma infracción.Un total de 16 accidentes se producen diariamente, es el pan de cada día y hay de diferentes gustos y diferentes formas, lo que no cambia es la irresponsabilidad detrás del volante y las muertes cotidianas que dejan a decenas de familias con dolor y luto.Hasta la fecha se han realizado 407 pruebas de alcoholemia, de las cuales 362 fueron negativas y 45 positivas, por lo que la PMT local impuso la sanción y ejecutó las acciones correspondientes al respecto. Lo cual no es coercitivo y en pocas horas tenemos nuevamente manejando un automotor al infractor.A pesar de tener estas estadísticas, vemos cómo ayer un grupo de transportistas, quienes salen a amenazar con la realización de bloqueos, sino es derogado el acuerdo 17-2020, porque según ellos es lesivo para la economía del país. El vocero de éste gremio, Abner Flores asegura que si la Corte de Constitucionalidad (CC), no falla a su favor van a bloquear las carreteras para provocar un caos vial.Lo que no se ponen analizar estos “señores” es que del total de accidentes viales que han ocurrido hasta la fecha (8 septiembre 2021), un 23 por ciento es responsabilidad del transporte pesado y transporte de pasajeros, los cuales han dejado luto y dolor a la sociedad que ellos ahora quieren defender con la derogación del seguro vial.Sería importante que los “camioneros” y “camioneteros” se pongan la mano en la conciencia y que piensen que, por irresponsabilidad de sus agremiados, a cuantas personas han matado en el asfalto y que el “Reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga”, lo que busca es resarcir a las víctimas de las irresponsabilidades detrás de un volante.El Gobierno no puede permitir que un gremio amenace de esta manera la “libre locomoción” de todos los guatemaltecos y que de una manera, prepotente y fuera de toda lógica, salgan a “extorsionar” con una situación como la planteada, es necesario que se ponga, un alto a este tipo de hechos, que van en detrimento del Estado de Derecho y que nos hace ver mal ante el mundo entero, todo por gente que solamente piensa en sus intereses y no plantean una solución que permita que cesen los muertos en las carreteras.

¡Los accidentes viales se han incrementado un 18 por ciento!

Marco TrejoSe merecerán los políticos indemnizaciones de por vida, cuando nuestro sistema se encuentra colapsado y solamente podemos sentirnos “orgullosos” de ser un país desnutrido, con altos índices de analfabetismo, problemas de carencia en salud, carreteras en mal estado e índices de desarrollo que dan vergüenza por cualquier lado que se les vea.Pero los que sí se merecen esas indemnizaciones económicas, que les puede permitir vivir dignamente, son personas que trascienden en medio de los señalamientos de corrupción que vivimos. Estas personas pueden ser encontradas muy fácilmente entre los bomberos, atletas destacados, artistas y personas que hayan puesto, en alto el nombre de nuestra querida patria, pero no una partida de politiqueros que durante su paso por la cosa pública, únicamente llegaron a enriquecerse con los impuestos del Estado.En nuestra sociedad destacan el marchista Erick Barrondo, el badmintonista Kevin Cordón, el levantador de pesas Rolando de León, la bibliotecaria Brenda Lemus Gordillo, de Alta Verapaz, la actriz María Mercedes Coroy, la bombera Miriam Elizabeth Conde, el atleta Willie Franco, el maestro Joaquín Orellana, entre otros que merecen la asistencia del Estado por el legado que han dejado para las futuras generaciones.Este tipo de personas deberían de ser las que tendrían que tener un apoyo económico para vivir dignamente y no morir abandonados u olvidados por una sociedad que se benefició de ese esfuerzo, trabajo y dedicación de guatemaltecos que han dado lo mejor de su vida para servir a Guatemala.Ahorita me viene a la mente un 26 marzo de 1995, cuando fuimos alertados de un incendio que se originó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en ese momento fue movilizada una unidad de la estación que funciona en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, por lo que los efectivos llegaron casi inmediatamente.En esa unidad iba la galonista Miriam Elizabeth Conde, quien junto a su compañero Juan Francisco Ramírez, quien falleció del impacto de la onda expansiva, recibieron la fuerza de la explosión del polvorín que allí era almacenado, lo cual era totalmente prohibido por las cercanías a las instalaciones del aeropuerto.La oficial bomberil del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB), pasó dos años postrada en una cama del Hospital Militar, sufrió muchas fracturas de ese impacto del 26 de marzo, pero lo lamentable es que ninguna autoridad se hizo responsable de la rehabilitación y ella ha tenido que salir sola de esa pesadilla que le toco sobrevivir. Ahora que ya está estable, aunque sigue sufriendo secuelas de la explosión, ahora vive con problemas económicos, porque su salario no le alcanza para cubrir los gastos de medicinas y tratamientos que necesita para sobrellevar la vida.Y como si todo su caso hubiera sido fácil, las actuales autoridades del nosocomio militar le quieren cobrar Q800 para entregarle su expediente médico, el cual tiene que utilizar para pedir una jubilación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).Por eso sería importante que este tipo de iniciativas queden normadas en Ley, que sea impulsado por el Congreso de la República, para apoyar personas valiosas que necesitan de un Estado que les permita vivir en paz, en el ocaso de la vida y que este beneficio, no solo sea para exfuncionarios, quienes no le han dejado mayor beneficio para la población, pero quedan con una jubilación de por vida, incluso hasta seguridad de los entes de seguridad estatal para ellos y sus familias.

¡Se merecerán los políticos indemnizaciones de por vida!

Marco TrejoLos accidentes de motoristas se han incrementado este año en un 23 por ciento, con relación a los datos del año pasado. Manejar en Guatemala es peligroso, porque los pilotos de vehículos de dos ruedas, no respetan la Ley de Tránsito y ahora circulan más de 1 millón 800 mil motocicletas, según datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).Este incumplimiento de la ley de tránsito ha provocado que en seis meses, mueran más motociclistas, que personas asesinadas con arma de fuego, todo porque los señores que viajan en motocicletas hacen lo que les viene en gana en el asfalto y hasta le tiran la moto a uno y tocan la bocina porque van a pasar entre dos carros en circulación.Esta situación la podemos verificar al manejar en las diferentes calles y avenidas de las diferentes ciudades y sobre todo en las distintas carreteras que interconectan los municipios. En cada kilómetro podemos ver como se desplazan estos conductores, quienes ponen en peligro su vida y la de los demás.En cualquier otro país del mundo esto no sería permitido, porque se tiene respeto a la vida de las personas y se vela por el respeto de la Ley de Tránsito.Los conductores salimos a las calles con un ojo en un lado y otro en otro, porque no sabemos de dónde salen los motoristas, quienes viajan, con un total irrespeto a las normas de tránsito, aunque la ley señala que se puede hacer y que no, pero nadie las hace cumplir porque las Policías Municipales de Tránsito se portan indiferentes o bien también desconocen del tema.La pandemia ha proliferado la aparición de empresas que se dedican hacer entregas en motocicleta, las cuales irrespetan los preceptos del Reglamento de Tránsito, lo cual ha agravado la situación porque no solamente tienen que hacer entregas en corto tiempo, sino que ahora son más motos en las calles.Ahora podemos ver motociclistas con hieleras en la parte trasera de la moto, las cuales portan logos de empresas que se dedican a la venta de comida rápida, las que no se hacen responsables de lo que hacen estos motoristas en las calles, porque no son trabajadores de ellos, sino que han sido contratados para hacer el servicio requerido.Lo que preocupa es que si un conductor de un vehículo de cuatro ruedas impacta con un motorista, aunque se conduzca con precaución y en su vía, debe pagar todos los gastos médicos, aunque no tenga la culpa. Hay personas que al contarme su experiencia, exponen que nunca vieron de donde salió el motorista que impactaron, ellos viajan en zigzag, se suben a las aceras, circulan contra la vía, no respetan el alto de los semáforos, viajan a excesiva velocidad, circulan por el carril izquierdo, rebasan por el lado derecho y entre dos vehículos en movimiento.Entonces con todas estas infracciones de tránsito la pregunta del millón es: ¿En dónde están las PMT?, que hacen estos entes para evitar que muchos guatemaltecos seamos afectados por el irrespeto de otros, muchas personas están ligadas a un proceso judicial sin tener la culpa del accidente y los motoristas se aprovechan de eso para cobrar algo que no les corresponde.Sería importante que la autoridad vial pusiera atención a este tema, en donde se ven afectadas muchas personas, quienes tienen que ver como salen de un problema que surge por la irresponsabilidad de unos y por la indiferencia de los que deben velar por el cumplimiento de la normativa vial.

¡Mueren más motociclistas que personas asesinadas con arma de fuego!

Marco TrejoKarla no se imaginó que ir a visitar a su señora madre, sería padecer un calvario porque iba a ser multada, injustificadamente, en un operativo de alcoholemia instalado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales. La operación policial más parecía, un puesto de asalto, que una acción policial que pretende bajar los índices de accidentalidad, que se han incrementado, en un 43 por ciento en los primeros seis meses del año en comparación al 2019.Era el final de la tarde del sábado 7 de agosto (17:00 horas), y Karla viajaba en su vehículo con sus dos hijos, uno de 10 y la mayor de 22 años, cuando en el kilómetro 29.8 de la ruta que conduce hacia Santa Elena Barillas para bajar a Villa Canales, le marcaron el alto, unos agentes de la PMT, quienes tenían montado un operativo de control de alcoholemia.Aunque el jefe de la PMT, Julio César Méndez Lorenti asegura: “estos operativos los han intensificado, para bajar los índices de accidentalidad, en esa ruta, donde solamente este año han muerto más de 20 personas, no sabe, a ciencia cierta, que paso en este caso y hará una investigación interna para determinar qué fue lo que sucedió con los agentes denunciados”.Por su parte Karla me dice: “No puede ser que a uno le impongan una multa de esta manera, no ingiero licor y viajaba con mis dos hijos, sería irresponsable que manejara en estado de ebriedad”. “Nunca me han multado y ahora tengo dos multas que son injustas y todo porque una agente se inventó que manejaba bajo efectos de licor”.El agente que me marco el alto, me solicitó los documentos de identificación y la papelería del vehículo, se los entregue, pero cuando me solicitó que soplara en el alcoholímetro, no lo hice porque se veía sucio y no iba a exponerme a contraer alguna enfermedad y más, en estos tiempos de pandemia, cuando he pasado cuidándome más de año y medio para no contraer el covid-19.En eso se acerca una mujer policía, pero lo hace de una manera prepotente y abusiva, me sentí acosada, hostigada y violentada por la forma como actúo. Ella quería que soplara la boquilla, pero me negué porque no se veía higiénica, entonces empezó a decirme de todo y más pareciera que me quería coaccionar para que les diera dinero y eso no lo he hecho y no lo voy hacer porque no quiero ser parte de la corrupción que hay en el Estado guatemalteco.Posteriormente, el agente rocía alcohol con un dispensador para desinfectar el alcoholímetro y me pide nuevamente que sople la boquilla y lo hago contra mi voluntad aunque sabía que la prueba iba a salir por encima del nivel permitido (0.38), pero fue porque le echaron alcohol puro y eso alteró el resultado. La mujer policía seguía insistiendo que manejaba alcoholizada y me amenazaba llamar a la Policía Nacional Civil (PNC), para que me consignaran junto a mi vehículo, entonces me dio dos multas por el resultado de la prueba y otra por no firmar la boleta, en total más de Q5 mil, sin tomar en cuenta los honorarios del abogado, el pago de una prueba particular, que por cierto salió con un rango de 0.13 muy por debajo de lo permitido (0.25-0.30).La mujer multada (Karla), al final de cuentas fue doblemente multada y tuvo que asesorarse de una abogada, quien le apoya para impugnar las remisiones con el Juez de Asuntos Municipales, ha perdido tiempo y dinero, pero lo más preocupante del caso es que ha sido víctima de la prepotencia de una agente que al tener autoridad cree que se puede sobrepasar con los ciudadanos, quienes al final de cuentas con los impuestos pagan la plaza que ostenta.Es necesario que los alcaldes, especialmente los de los municipios, pongan las barbas en remojo y no permitan que sus Policías Municipales de Tránsito afecten a la población con multas inexistentes, tal como podemos observar en las redes sociales, donde los usuarios denuncian, a cada rato, abusos por parte de los agentes de tránsito. Incluso se menciona que dicho actuar deviene de órdenes superiores, que les permite agenciarse de dinero proveniente de multas, para mejorar la recaudación municipal, lo cual es totalmente inapropiado y falto de ética.

¡Operativos policiales o puestos de asalto!

Marco TrejoEl gobierno de Estados Unidos perdió la credibilidad en el trabajo que realiza el Ministerio Público (MP), para combatir la corrupción que se presenta en los tres organismos del Estado, mientras que el país es visto como uno de los más corruptos en América Latina, los cual nos pone en el ojo de la comunidad internacional. Guatemala se ha mantenido en el puesto 145 de 180 países que son evaluados año con año por la entidad Transparencia Internacional (TI), lo cual nos pone en un lugar incómodo, más ahora que las decisiones de la fiscal general, Consuelo Porras son cuestionadas porque ha destituido a uno de los fiscales mejor catalogados dentro del ente investigador, por el trabajo que ha realizado durante más de 10 años.Ni el nombramiento del fiscal Rafael Curruchiche ha mejorado la imagen de la institución, al contrario ha sufrido más deterioro, porque el funcionario no tiene el mejor de los currículos para convertirse en el sucesor idóneo de Juan Francisco Sandoval, que ahora se encuentra en el exilio, para resguardar su integridad personal. Esperemos entonces que el nuevo jefe de la FECI, Rafael Curruchiche nos demuestre lo contrario y trabaje en beneficio de la sociedad que paga su salario con sus impuestos.La falta de confianza y credibilidad de la Fiscalía General de la República no solo ha motivado el descontento de los países amigos de Guatemala, sino que también a nivel interno ha provocado una serie de manifestaciones que han culminado con manifestaciones que piden la renuncia tanto del presidente Alejandro Giammattei como de la fiscal general, Consuelo Porras, acusándolos de promover la impunidad. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price ha escrito en sus redes sociales que los movimientos realizados dentro del ente investigador guatemalteco, no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción que se dilucidan en los tribunales de justicia del país.Estas declaraciones ponen en tela de duda la labor de este gobierno, para combatir el flagelo de la corrupción, la cual afecta directamente los índices de desarrollo humano en temas de salud, educación, seguridad alimentaria, empleo e infraestructura, porque los políticos, quienes se encuentran en los puestos de gobierno, se han dedicado a saquear las arcas del Estado a diestra y siniestra.Si nos vemos entre los países centroamericanos estamos mal, pero nos supera en corrupción Nicaragua y El Salvador, aunque este último se ha visto mejorar porque existe la voluntad política de su presidente Nayib Bukele, quien ha luchado para cambiar los destinos del país vecino, mientras que Costa Rica, Honduras y Panamá están mejor vistos, lo cual es muy preocupante porque el presidente hondureño tiene serios señalamientos de estar involucrado en actos ilícitos, pero que deberán ser comprobados en los entes jurisdiccionales.Incluso la semana pasada el gobierno del presidente norteamericano, Joe Biden anuncio la suspensión temporal de la cooperación para con la Fiscalía General de Consuelo Porras, quien es señalada de favorecer la impunidad y socavar el Estado de Derecho en Guatemala.La administración estadounidense ha mencionado varias veces que la lucha contra la corrupción, es clave en su plan estratégico, para frenar la migración masiva centroamericana que se vive diariamente hacia el país del norte, que ve como un factor importante, para detener la misma, porque se ha convertido en un problema político-social en Estados Unidos.Por eso es que se hace necesario, que se den varias reformas legales, para combatir la corrupción de una manera eficiente y sistemática, pero con esta falta de confianza en el trabajo que realiza el Ministerio Público no se vislumbra por donde puedan venir, nuevos aires para el pueblo de Guatemala, que está necesitado de una justicia pronta y efectiva.Lamentablemente somos un país, donde los políticos, llegan al poder para servirse de los impuestos y no para lo que fueron electos. En esta sociedad ser funcionario público, es sinónimo de corrupción, nadie cree en sus autoridades y mucho menos en sus instituciones, lo cual provoca un desgaste innecesario para los que se encuentran en el poder.Esto hace que la ciudadanía se encuentre indignada y lo podemos comprobar en la forma de expresarse en las Redes Sociales, que se han convertido en un termómetro para conocer que se piensa de la forma de hacer gobierno, lo cual nos demuestra que el guatemalteco se encuentra harto de la impunidad que impera en Guatemala y el único afectado al final es el Estado de Derecho.

Estados Unidos perdió la confianza en el trabajo que realiza el...

Marco TrejoCon todo este embrollo que se ha creado en la última semana con la destitución del jefe de Fiscalía en Contra de la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el único gran perdedor es el Estado de Derecho, que pierde credibilidad institucional en una de las entidades importantes que garantiza un sistema democrático sólido. Más bien cómo se desarrolla la situación, más parece como que le hubiera dado coronavirus. El Ministerio Público (MP), como ente encargado de la investigación criminal, tiene una reputación muy golpeada y los guatemaltecos han empezado a manifestar falta de credibilidad en el trabajo que realizan sus funcionarios, situación que también se ha producido en el extranjero, incluso el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha paralizado “temporalmente” la ayuda económica que aportaba al ente investigador.El MP ha recibido apoyo técnico y financiero para fortalecer las diferentes fiscalías que funcionan en el país, en lo referente a equipo táctico, tecnológico, electrónico y mobiliario, así como capacitación en metodologías de investigación y una asignación de fondos económicos de valiosa cuantía, que ha mejorado la operatividad de la entidad, lo cual se ha perdido en un abrir y cerrar de ojos por las decisiones emprendidas por la cabeza del ente estatal.La jefa del Ministerio Público ha sido muy mal vista en los últimos días y ha sido calificada de ser complaciente con la corrupción, por lo que ahora le tocará demostrar que los motivos que tuvo para la destitución de Sandoval, eran valederos y que su gestión al frente del MP va encaminada a lo que ha promulgado: una justicia pronta y cumplida. Ahora el MP tiene que demostrar que Carla Isidra Valenzuela Elías, quien sustituye al fiscal destituido, no es todo lo que se dice y se menciona de ella, lo cual lo vemos cuesta arriba por el trabajo realizado hasta la semana pasada por Juan Francisco Sandoval.Tanto los guatemaltecos como la comunidad internacional se han empezado a manifestar y coinciden al indicar que se ven muchas acciones que tienden a debilitar la independencia judicial y por ende el Estado de Derecho en nuestra incipiente democracia. No podemos permitir que se pierda la credibilidad en la administración de justicia, lo cual podría degenerar en manifestaciones masivas que busquen, la salida de las cabezas institucionales, tal como sucedió en el 2015.La nación necesita una administración de justicia robusta, que una esfuerzos en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente contra los grupos de corruptos que se han enraizado en los diferentes organismos del Estado y que se han aprovechado de los impuestos del pueblo, para convertirse en los nuevos ricos de este país, quitándole la oportunidad de desarrollo y bienestar a millones de personas que no tienen una oportunidad de vida para salir adelante junto a sus familias. Se ha mencionado que la fiscal “a puro tubo”, como se dice corrientemente, ha puesto fiscales alfiles en puestos clave, en casos que tienen que ver con investigaciones contra funcionarios y personajes que tienen señalamientos de corrupción de esta administración y especialmente en la de Jimmy Morales. Aunque Consuelo Porras ha negado todo lo que se le indilga, no ha tenido la contundencia que necesita para demostrar lo contrario y tiene más sombras que luces.Ahora veremos, en casos emblemáticos, que tiene a su cargo la FECI qué va a pasar con ellos, se habla de investigaciones avanzadas donde han surgido nombres de altos funcionarios y exfuncionarios que tienen serios señalamientos de corrupción y que los fiscales no están comprometidos para erradicar la impunidad que se vive en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos del país.Al fin y al cabo tenemos una nación que no es atractiva para la inversión económica, porque no existen garantías de que convivimos en un Estado de Derecho y por eso los capitales extranjeros y nacionales se han ido a radicar a los demás países de la región centroamericana, que si tienen una mejor imagen, tal es el caso de nuestro país vecino, y que su gobierno ha dado muestras de querer hacer un mejor trabajo en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

El Ministerio Público está como que le hubiera dado coronavirus