Ahora que el Pleno del Congreso de la República aprobó en tercera lectura la iniciativa 5544, ley de tarjetas de crédito, he recibido una serie de quejas por parte de personas que sufren el acoso de empresas que han comprado carteras bancarias y que abusan en la manera de cobrar y sin orden judicial piden costas procesales a las personas que, por alguna u otra razón, han tenido atrasos en sus pagos contractuales.
Estos cobros, con las costas procesales, duplican un ciento por ciento, el dinero que recibieron las personas o que adeudan y se convierte en un “calvario” porque no pueden acceder a un empleo, porque los nombres los han colocado en un buró de insolvencia que por cierto es ilegal.
Según los magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-, en resolución 3552-2014, al ratificar sentencia indicó que Informes en Red, Sociedad Anónima (Informe); Digitación de Datos, Sociedad Anónima (Digitada); y TrasUnion Guatemala, Sociedad Anónima, vulneran derechos fundamentales y comercializar sin autorización datos sensibles de las personas, lo cual constituye un delito tanto para estas empresas como para quien las utiliza.
Recibí el caso de una persona que lo llaman diariamente hasta 10 veces, recibe llamadas telefónicas donde le dejan una grabación de la empresa Corpocredit, a nombre de un banco del sistema, le mandan mensajes de texto y le llaman al celular donde una operadora pregunta, dos o tres veces al día, por una persona que no es la persona que tiene la deuda con la mencionada entidad bancaria.
Tal pareciera que no es un cobro, es una burla porque el afectado durante más de cuatro meses ha indicado que no es el deudor y que efectivamente es un familiar, pero que no tiene comunicación con él y a pesar de ello lo siguen llamando de Corpocredit y le dicen que lo van a seguir “molestando” hasta que aparezca la persona deudora, lo cual demuestra la prepotencia de esta entidad de cobranza.
En la sentencia de la CC en el inciso C. resalta que este tipo de actos son una clara violación a los derechos a la intimidad, libertad de acción, autodeterminación informativa -como una manifestación del derecho a la intimidad-, derecho al trabajo, defensa y a una vida digna. Esta situación genera perjuicios laborales, económicos y financieros debido a que muchas veces los datos que se divulgan son inexactos.
Ante tal abuso, que han de ser miles de personas con la misma situación, se hace necesario que el Procurador de los Derechos Humanos -PDH- se apersone y vele por el respeto de los derechos fundamentales de millones de guatemaltecos, quienes sufren la vulneración del derecho a la intimidad, derecho al trabajo, defensa y a una vida digna por la divulgación de sus datos sensibles.
Es necesario también que el PDH, encamine acciones judiciales, ante los entes jurisdiccionales para que cesen estas prácticas que perjudican a las familias guatemaltecas, quienes viven acosados y coaccionados por empresas que no deberían tener en su poder datos sensibles, de una transacción entre un ente bancario y un cuentahabiente, porque son datos personales que no deben estar en manos de un tercero en discordia.
La reflexión que se debe hacer es si una persona tiene una deuda, pero le vedan derecho a acceder a un trabajo, como pretenden que cancele el monto que tiene atrasado, no es lógico eso y se tiene que cambiar la mentalidad en este sentido, porque al final toda esta “maraña” se trata de temas monetarios y no de índole penal, si la persona paga cumple con su obligación y allí termina todo el caso.
