Los diferentes presidentes de Guatemala hablan de que es un compromiso de Estado encontrar la paz, bajo el argumento que los mandatarios son los líderes de la unidad nacional, pero esto solamente ha quedado en palabras, porque algunos de ellos, en los últimos tres gobiernos, se han enfrascado en la lucha ideológica de derechas e izquierdas, lo cual provoca un enfrentamiento social, que no deja nada bueno para la Nación.
El presidente Álvaro Arzú Irigoyen, en 1996, logró poner fin a 36 años del enfrentamiento armado con la firma de los Acuerdos de Paz, un acto histórico que ninguno de los sectores sociales, estatales y empresariales, han aprovechado para promover la armonía y desarrollo social, lo cual permitiría buscar la paz colectiva, en una sociedad que está afectada por la corrupción, lo cual nos pone como el sexto país más corrompido de Latinoamérica.
El nivel de corrupción ha llegado a límites nunca imaginados y erradicar este flagelo es uno de los retos que tiene el gobernante Bernardo Arévalo de León, quien en su discurso manifiesta, que su compromiso con el país, es recuperar la institucionalidad del Estado y que va a hacer todo lo que está a su alcance para corregir el destino de la nación.
El descalabro que han provocado los “politiqueros”, quienes perdieron la brújula y se volvieron descarados, nos han llevado a vivir hechos que solamente no permite ver, que cada cuatro años, veamos nuevos ricos que antes de ser funcionarios públicos no poseían casas lujosas, carros del año y que ahora gozan de viajes por todo el mundo.
Tal pareciera que Guatemala retrocedió en el tiempo y regresó a los siglos XVII y XVIII, la época dorada de los piratas, palabra griega y que los romanos la usaron para aplicarla a los ladrones del mal. Todo esto por allá cuando la piratería alcanzó su “época de oro”.
Pero en Guatemala, con el paso de los años han renacido los “piratas modernos”, quienes se han dedicado a saquear las arcas del Estado, no tienen límites y arrasan con todo lo que encuentran a su paso, sin respetar nada y creen que pueden hacer, lo que se les antoja con los impuestos del pueblo, dinero que debe ser invertido en educación, salud e infraestructura.
La Firma de la Paz ha sido una “cantaleta” de Estado, en donde el Gobierno, sociedad, empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales no han logrado ponerse de acuerdo para unificar esfuerzos y proyectos sociales que han quedado en letra muerta y los únicos beneficiados, de todo el dinero que ingresó de la comunidad internacional, fue una parte de los comandantes guerrilleros. Esto debe cambiar y dar un giro de 360 grados.
La paz ha sido un eje transversal utilizado en la implantación de las políticas públicas, enfocados en los 12 acuerdos firmados en 1996, los cuales han sido incumplidos en todo su esplendor por los “politiqueros” de toda la vida, quienes con su anómalo actuar han obstaculizado la armonía y desarrollo del país.
Por eso es que es de suma importancia, que los diferentes sectores, que conformamos la sociedad guatemalteca, no desaprovechemos, como sucedió en 2015, la oportunidad de darle un mejor futuro a nuestras nuevas generaciones, para que tengan en Guatemala, un lugar digno para desarrollarse como personas y profesionales.
