Marco Tulio Trejo

mttrejopaiz@gmail.com

Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda causa de las muertes en Guatemala, solamente detrás de los hechos con armas de fuego, lo cual debería de provocar preocupación en la X legislatura para “desempolvar” las iniciativas de ley que permanecen, incluso en algunos casos, más de 10 años durmiendo el “sueño de los justos”.

En un tema que esta de por medio, la vida humana, pero las autoridades viales como que no le ponen mucha atención, siendo un derecho fundamental que esta regulado en la Constitución Política de la República Guatemala -CPRG-, por ser un valor que debemos respetar en toda sociedad. Incluso tenemos que cuidar a cualquier ser vivo, para lograr vivir en armonía con la naturaleza.

La mencionada ley fue aprobada por medio del decreto 132-96, que tiene dos décadas y media de estar vigente, pero por el incremento del parque vehicular (5 millones 266 mil 843 automotores en circulación), las exigencias del transporte variaron, todo por la falta de un servicio efectivo colectivo urbano y extraurbano de pasajeros.

La tasa de mortalidad durante, el 2023 por percances viales, fue de que de cada 100 mil personas mueren 35 y 125 resultan lesionadas, cifras que le debería parar los pelos a cualquier gobernante y funcionario público que llega a puestos que tienen que ver con el tema del tránsito vehicular.

Lastimosamente estas autoridades, pareciera que no les interesa el tema o simplemente, los que llegan a estos puestos, carecen de calidades profesionales para frenar el incremento de estos números, que nos pone entre los países, con más muertes de latino américa, en tema de percance de automotores.

Ante esta situación, que se registra a nivel mundial, la OMS actúa como secretaría del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2021-2030), que tiene como objetivo reducir las muertes y las lesiones ocasionadas, en accidentes de tránsito, en al menos un 50 por ciento para el 2030.

Pero en nuestro caso, sería muy importante, que los diputados se preocuparan por modificar dicha norma jurídica y que se impongan multas severas para los pilotos irresponsables, quienes viajan bajo efectos de alguna bebida alcohólicas o drogas. Por cierto, casos muy recurrentes, pero como no pasa nada, se accidentan y al día siguiente vuelven a manejar sin restricción alguna.

Es importante mencionar que durante el 2023, unas dos mil 273 personas perdieron la vida y ocho mil 914 resultaron lesionadas. En total 12 mil 163 conductores se vieron involucrados en la siniestralidad vial, de los cuales el 59 por ciento de los hechos ocurrió en cascos urbanos y un 41 por ciento en carretera.

Otro punto importante, es que en la ciudad ocurren 14 percances viales por uso indebido de luces altas, por el daño que provocan en las retinas de los conductores, pero lamentablemente se ha adoptado una moda al instalar las denominadas “tiras Led” que son colocadas para afectar los ojos de los conductores que circulan en vía contraria.

Incluso los autobuses urbanos y extraurbanos de pasajeros, así como del transporte pesado ha instalado reflectores en los tráileres, enfocados hacia la parte trasera, con el objetivo de provocar problemas visuales para las personas que viajan en sus vehículos detrás de ellos. Todo esto ocurre por la falta de una normativa que regule el uso de estas lámparas que deberían servir para cuando se circula en situaciones climáticas adversas.

En febrero del 2016, en el Congreso de la República, una iniciativa de ley, obtuvo dictamen favorable, para que la Policía Nacional Civil o las PMT retiren las barras led de los vehículos y que al conductor se le multe con Q2 mil, pero que, si se niega a retirar los accesorios, se le decomisará el vehículo. Sin embargo, la misma no avanzó para su aprobación y se encuentra engavetada como ha sido la costumbre en los pasados 20 años.

Aunque el uso de las neblineras es un apoyo cuando existen problemas de visibilidad en las carreteras, podemos ver en horarios nocturnos y diurnos, circular vehículos con luces altas, sin que las Policías Municipales de Tránsito -PMT- hagan algo y por el contrario prefieren hacerse “los locos” para evitar la fatiga.

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