Foto La Hora / Cristóbal Veliz

En el juzgado de extinción de dominio presidido por el juez Marco Antonio Villeda, continuó el martes recién pasado con el juicio para establecer si Q34 millones embargados al excontralor y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío Molina, pasan a favor del Estado.

Durante la audiencia se escuchó la declaración de un perito financiero, quien detalló que de los recursos pagados a proveedores a través de cuentas de la SAT, el 95 o 97 por ciento habría sido traslado a la cuenta de Junior Abadío Carrillo, hijo de Abadío Molina quien figura en el proceso.

Como prueba, en el juzgado autoridades presentaron 79 cheques pagados con recursos de la SAT de mayo de 2003 a enero de 2004, por un monto de más de Q40 millones.

 

AUDIENCIA

Con esto, el perito financiero explicó cómo funcionó el pago de las cuentas de la SAT a diversos proveedores, así como el destino y movimientos de los montos percibidos, los cuales supuestamente fueron trasladados a cuentas de Junior Abadío Carrillo.

Como ejemplo, el perito utilizó el caso de Elizabeth Frener López de Palencia, que los Q5 millones 341 mil percibidos, el 97 por ciento fue trasladado a la cuenta de Abadío Carrillo.

Eso mismo ocurrió en el caso de Ingrid Donis Morales, a quien se le pagaron Q2 millones 700 mil, de los cuales el 95 por ciento fueron a dar a la cuenta de Abadío Carrillo, detalló el perito financiero.

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EMBARGO

El embargo de los Q34 millones fue decidido por el Juzgado de Extinción de Dominio en octubre de 2018, no solo a Abadío, sino también a su hijo Junior Vinicio Abadío Carrillo.

Según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el monto referido proviene de transferencias que el exsuperintendente realizó desde cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a dos bancos, las cuales fueron consideras sospechosas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La argumentación del MP da cuenta de que el movimiento de dinero supuestamente empezó darse en el 2002 y 2004 hacia cuentas bancarias de una empresa de su propiedad.

 

SENTENCIA SUSPENDIDA

Abadío Molina fue condenado en 2007, por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, a 30 años y seis meses de prisión por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos por lo que se consideró «desfalco» millonario a la SAT.

Pero, en abril de 2018, recuperó su libertad, luego de que le fuera otorgada, por un juez de Ejecución Penal, una redención de la pena.

Cristobal Véliz
Periodista de vocación. Amante de las leyes y del Estado de derecho. Experiencia de más de 10 años en la cobertura de los procesos de postulación y nombramientos de funcionarios públicos.
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