Marco Tulio Trejo

Marco Trejo En las últimas semanas hemos visto como los funcionarios públicos de una manera descarada han utilizado fondos del Estado para llenarse los bolsillos y eso no debe ser permitido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que es el ente estatal que le corresponde fiscalizar como son utilizados los impuestos asignados al Presupuesto General de la Nación, aunque parece que al honorable señor contralor no le interesa ver este tipo de temas y se hace el desentendido porque pareciera que es la orden que recibió cuando fue nombrado. Es importante que tengamos bien clara esta frase: ¿Qué es un funcionario público?, pues es una persona nada más y nada menos nombrada mediante acto administrativo, para ocupar un cargo que vele por el buen funcionamiento de la entidad del Estado en el que presta sus servicios. Eso no quiere decir que sea dueño del dinero de los impuestos, que pagamos todos con el esfuerzo de nuestro trabajo, son cuentadantes que tienen que dar cuenta de su gestión. El funcionario público supuestamente debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta, lo cual no vemos en los funcionarios públicos guatemaltecos, quienes muchas veces son nombrados por compadrazgo y favores polítiqueros, ni los requisitos llenan tal se conoció en el Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh). Existe una ley amparada en el Decreto 89-2002 que promulga la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual crea normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones púbicas estatales, lo cual tampoco se cumple y por el contrario es una letra muerta que nadie quiere leer. En otra parte de la mencionada ley dice que este precepto evita el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado; otro aspecto que tampoco se cumple y todos vemos como normal que estos señores se conviertan en los nuevos “piratas” de la mal llamada democracia guatemalteca, la cual empezó su peregrinaje en tiempos de don Vinicio Cerezo. Recientemente se ha conocido que los señores magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ), vieron unos “dineritos” por allí mal parados y decidieron recetarse un bono de Q3 mil, por concepto de Covid-19, para evitar que se vayan al fondo común, el cual tendrá un desembolso de Q30 millones, cuando durante más de un año y medio los juzgados estuvieron cerrados al público para evitar los contagios y ni por asomo justifica el cheque recetado para todos los trabajadores del Organismo Judicial (OJ), sobre todo si vemos que su ardua labor nos tiene sumergidos en una mora judicial de millones de expedientes y que para sacar un vehículo accidentado, de los depósitos estatales, pasan hasta dos años para solventar la situación. Pero estos “recetarios” no quedan solamente en el OJ, en el Ministerio de Educación, la ministra Claudia Ruíz Casasola de Estrada, a puerta cerrada, se comprometió con el dirigente magisterial Joviel Acevedo a firmar un pacto colectivo que significará le erogación de millones de quetzales del presupuesto y que debería servir para buscar desarrollo y no para pagar salarios de la burocracia. Y no es que esté en contra de que los maestros, los policías y los bomberos tengan un salario justo y digno, sino que los pactos colectivos van totalmente en contra de los intereses del Estado, así como los jugosos sueldos que ahora reciben muchos alcaldes que devengan mensualmente más de Q100 mil y que si lo vemos, a largo plazo, se embolsan más de Q4 millones y medio por su “memorable” labor al frente de las comunas, donde se pide un 30 por ciento por obra adjudicada. Por eso es que vimos el jueves pasado una serie de personajes que se regocijaban y frotaban las manos, en la plenaria del Congreso de la República, donde fue aprobado el Decreto 16-2021, que asigna más de Q113 mil 992 millones, para el próximo ejercicio fiscal que ha sido calificado como un golpe bajo para la dignidad del pueblo de Guatemala. La pregunta en este caso es: ¿Cuánto de este dinero irá a parar a manos de nuestros funcionarios públicos?

¡Funcionarios públicos: los nuevos piratas de la democracia!

Marco Tulio Trejo En esta semana que termina han sido montado operativos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), para tratar de concientizar a los motoristas para que respeten la Ley de Tránsito y bajar así los altos índices de accidentes provocados por pilotos de motocicletas, los cuales han aumentado un 43 por ciento en comparación a los datos que se registraron el año pasado. En Guatemala mueren anualmente más 2 mil 800 motoristas y unos 10 mil sufren lesiones graves derivadas de este tipo de accidentes, los cuales representan que seamos, el quinto país en Latinoamérica, con más casos, solamente por debajo de Brasil, Colombia, Venezuela y México. Las estadísticas reflejan 27 personas traumatizadas diariamente. Estas estadísticas son preocupantes, pero las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento del Reglamento de Tránsito, no toman en serio los números y son incapaces de bajar los datos registrados, porque están más interesados en otros asuntos, menos en hacer cumplir las normas viales. A continuación les voy a contar la historia de Pablo, un joven de 18 años, quien siempre tuvo como sueño manejar una motocicleta, pero no tenía quién le enseñara a manejar la misma, la cual le regaló su padre, quien vive en Estados Unidos. Un amigo, quien había pagado para pasar los exámenes, lo llevo a uno de los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (CECOVE), donde se realizan las evaluaciones teóricas y prácticas para la obtención de la licencia de conducir. En el momento de llegar a preguntar al CECOVE, ubicado en Calzada La Paz, fue atendido por un representante, de una de las cinco escuelas de automovilismo, que realizan jornadas cada cierto tiempo, quién inmediatamente le ofreció que por Q1 mil 200 se le extenderían los certificados para que pudiera pasar a solicitar su documento de manejo. Pablo no tuvo que hacer los exámenes y en una hora tenía su licencia para cumplir su sueño. El joven nunca se imaginó, que su mala decisión, le iba a representar tener una de las peores experiencias de su vida: se accidentó y fue a parar a la emergencia de un hospital nacional, donde fue operado y paso en recuperación, más de ocho semanas, antes de ser dado de alta, para ir a su casa donde continuó con la rehabilitación durante más de seis meses. Este es uno de los miles de casos que se conocen en torno a la corrupción que existe para la extensión de certificados en los centros de evaluación, los cuales son manejados por personas inescrupulosas que ven este requisito como un “negocio redondo” y se dedican a poner en las calles a personas sin el más mínimo conocimiento de manejo y sobre todo sin conocimiento de la ley vigente de tránsito. Al hacer un recorrido por las instalaciones del CECOVE de Calzada la Paz, el cual es administrado, por empresas que supuestamente no tienen el Acuerdo Gubernativo aprobado, y que de las cinco academias solamente una lo ostenta y le cobra a las otras por prestarle el mismo, lo cual constituye un delito, porque no están facultadas para operar. Se habla que para obtener la aprobación del Departamento de Tránsito han tenido que “soltar fuertes sumas de dinero”, inversión que ahora debe ser recuperada, con la venta de certificados, sin que los portadores realicen los respectivos exámenes. Esta misma situación se vive en los CECOVE de Salamá, Baja Verapaz y Jalapa, donde también trabajan de esta misma manera. Esto es un reto para la nueva directora del Departamento de Tránsito, Sara Bolaños Peña, quien goza de mucha credibilidad y reputación dentro del Ministerio de Gobernación, porque se ha caracterizado, como directora del departamento jurídico, como una funcionaria que no se deja corromper. Sería interesante que la nueva funcionaria hiciera una revisión del trabajo y la papelería que sirvió para la implementación de estos centros de evaluación de conductores, con el fin de corroborar la función que realizan y evitar así que sean puestos en las calles y avenida, personas que no están preparadas para manejar un automotor y que corrija el mal trabajo realizado por sus antecesores.

Accidentes de motocicletas: Guatemala tiene una de las estadísticas más altas...

Marco Trejo El fiasco en el que se vio involucrado recientemente el alcalde de San Antonio Ilotenango, Quiché, Domingo Ajeataz, es un claro ejemplo de la “calidad de politiqueros” que tienen los partidos políticos en este país, no cuentan con valores morales, tampoco convicción y mucho menos educación, cualquiera puede llegar a un puesto público, con el simple hecho de tener el dinero, que le permite comprar la candidatura. No es posible que se permita que la máxima autoridad en un municipio haga tan semejante papel ante sus pobladores y más que ahora, con las redes sociales, ha sido observado por millones de personas, quienes han criticado la actitud del jefe edilicio, quien no ha tenido más remedio que salir a pedir una disculpa pública, por el “honorable comportamiento”, que tuvo en una fiesta donde se pasó de tragos. Los políticos tienen que estar claros de que son los encargados de dar el ejemplo en sus comunidades, tienen que ser personas probas y honestas, pero al parecer esto es lo que más les falta a los s guatemaltecos, no tienen la más mínima idea de lo que significan para un país, que está en una decadencia social por falta de líderes y de personas que hagan respetar la autoridad. Lamentablemente una gran porción de la población, ha perdido ese respeto que tanto se necesita, para poder gobernar. Las próximas elecciones generales de 2023 estarán marcadas por un cambio en la intención de voto, donde el ciudadano va apostar más por los candidatos que por los partidos políticos, las personas buscarán más la integridad personal que las ideologías, la sociedad guatemalteca reclama todo lo opuesto a lo que se ha vivido en los últimos seis años y que muchos hasta piden de rodillas, que termine este calvario, para encontrar a la persona ideal que tome la batuta de nuestra nación. El futuro político requiere un candidato con nuevas competencias y habilidades emocionales, que permitan cambiar la desconfianza que afrontamos, de los discursos populistas, que tenemos cada cuatro años, donde se ofrece el cielo y las estrellas con el fin de obtener el voto, pero sin ponerse a pensar de que la tecnología ha cambiado la manera de informarnos y que no pueden seguir engañando al electorado, tal como lo han hecho hasta este momento. Los sociedad guatemalteca ha empezado abrir los ojos y la mente, ahora no nos van a endulzar los oídos los buenos oradores y los artistas de las bonitas palabras, hay que rechazar a los que traigan ofrecimientos que no podrán cumplir, como ha ocurrido en los últimos años, porque ya estamos cansados de tanta mentira y de tanta demagogia, que nos tienen hartos, de la clase política. La política necesita verdaderos líderes, personas que influyan en las personas positivamente y que logren persuadir de una manera eficaz y no sólo que utilicen discursos floridos y que al final de cuentas desencantan en los primeros 100 días de gobierno, pero ya es tarde porque están sentados en el Palacio Nacional. El próximo candidato debe ser un político que inspire y demuestre ser el ideal para mantener la unidad nacional y en este momento no veo algún candidato o candidata que llene esos requisitos, pero espero que por el bien de todos surja, en estos dos años que faltan para volver a las urnas, una mejor opción, porque los que se mencionan ahora no gozan de credibilidad ante la ciudadanía y eso pone cuesta arriba poder llevar los destinos de una nación llena de conflictividad social. Nuestros próximos gobernantes tienen que tener la sabiduría para encontrar puntos de convergencia, entre los intereses de su partido, su política y la política que necesita la nación, tiene que saber encontrar y tener la capacidad de negociar, ser ese personaje que conlleve la unidad nacional y eso solamente se puede lograr con el diálogo y los consensos. Tiene que ser ejemplo de que los problemas se pueden arreglar dialogando y no sacando a luz emociones irracionales, que lo hacen ver como un ser sin criterio político. Los políticos deben saber trabajar y manejar sus emociones, deben reconocer cuando tienen que dar marcha atrás a sus malas decisiones y cuando tomar acciones que no afecten a la sociedad que los eligió y sobre todo demostrar que su trabajo ha sido encaminado al servicio de la sociedad, porque son las que esperan un líder que llene las expectativas que sembró durante la campaña electoral. Pero lo que realmente anhela la ciudadanía, es un gobernante honesto e íntegro, que no pueda ser tachado de corrupto y eso solamente se va lograr si los políticos cambian el chip que ahora los tiene sumidos entre el odio, la falta de credibilidad y reputación y que se conviertan en ese personaje que demuestre que tiene voluntad política para cambiar el destino de su sociedad y sea ese líder que nos saque de la orilla del abismo social que nos encontramos.

¿No nos merecemos los políticos que tenemos?

Marco Trejo En una reunión virtual se discutió sí realmente los periodistas hemos cumplido con nuestra función de informar, educar y orientar en un momento de crisis sanitario como el que vivimos, pero lamentablemente se concluyó que no se ha cumplido al ciento por ciento y que esa función se ha dejado, en manos de las redes sociales, que lo único que han provocado es una epidemia informativa colectiva: “la infodemia”. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), habla en sus enunciados de la “infodemia”, la cual es catalogada como la sobreabundancia informativa falsa y de rápida propagación entre las personas, la cual por ser datos, sin verificar y no corroborados, lo que ha provocado es que mucha gente tenga miedo, temor, incluso pánico, sobre una enfermedad que ha dejado más de 4 millones de muertes en todo el mundo. Quién de los que se han vacunado, antes de hacerlo, no hemos sentido miedo de inocularnos (vacunarse), por todo lo que lee en las redes sociales, sin temor a equivocarme, creo que muy pocas personas, se han acercado a los puestos de vacunación sin ponerse a pensar: ¿Me provocará algo la vacuna?, en fin por nuestra mente ha pasado esa y muchas otras interrogantes, pero todo se debe a la desinformación que existe y que no es verificada. Esta situación ha provocado que mucha gente no acuda a vacunarse (60 por ciento de los guatemaltecos) y que no se pueda contrarrestar, con mayor rapidez y efectividad, el virus que conocemos como Covid-19, el cual sigue afectando a millones de personas (475 millones de contagios en el mundo). La gente sigue sin conocer cómo surgió realmente el virus, como se propago, otros incluso no creen que exista, lo cual ha creado muchos mitos en torno de la vacunación. No solamente en Guatemala hay personas que se han declarado antivacuna, existen grupos formales que se dedican a compartir “bulos” (información falsa que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien), que al final de cuentas se convierten en “verdad”. Lo que si es cierto es que en la historia de la humanidad, hemos sido vacunados, para erradicar enfermedades, incluso algunas siguen propagándose, pero con la diferencia que no son tan virulentas (no se transmiten rápidamente), como el Covid-19. En la historia se han declarado diez pandemias, unas más conocidas y otras menos, porque antes teníamos una información vertical, pero ahora con la ayuda de la tecnología la misma es horizontal, basta con poner, en el famoso buscador de “Google”, la palabra coronavirus y nos aparecerá información basta del tema. Lo cual es relativamente positivo, pero a la vez negativo, porque encontramos información errónea, que la gente sube solamente por subir, con solo poseer un celular inteligente (smarthphone), y no hace un análisis crítico de la misma para enviarla, y los que la reciben siguen la misma reacción y le dan compartir sin analizar lo que comparte. Entre las pandemias están: la Peste Negra o Peste Bubónica (1347), la nueva Peste Negra (1885), la Gripe Española (1918), la Gripe Asiática (1957), el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (1970), el Ébola (1976), el Sars (2002), la Gripe H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y en la actualidad Covid-19 (2019). Las enfermedades siempre han existido y está comprobado científicamente, que en el cuerpo humano, viven unos 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y varios miles de millones de hongos, los cuales te ayudan a mantenerte vivo y esa es la diferencia con este otro tipo de virus que si provocan daños al cuerpo humano. Los organismos internacionales de salud han montado equipos de trabajo y verificación de “infodemias”, con el fin de detectarles y poder trasladar información veraz a las diferentes audiencias en el mundo, incluso han hecho alianzas estratégicas con buscadores digitales para que colaboren con el trabajo de aclaración de las mismas. La información que se maneja pone a prueba la capacidad y el trabajo del periodista y los medios de comunicación formales, necesitamos que se haga un trabajo profesional, para que todos salgamos, del momento crítico en el que nos encontramos, necesitamos en el corto plazo, una inmunización colectiva, que nos permita volver a la normalidad, no tenemos que permitir que se deteriore más la economía mundial, la cual tiene problemas de inversión, falta de puestos de trabajo, cierre de empresas y estados con altos índices de inflación. Pero lo más importante en este momento y lo más efectivo es que la gente ponga a funcionar su lógica y use su criterio positivamente, para que no se deje engañar con información falsa, no verificada y mal intencionada, que lo único que busca es crear zozobra y caos social. No podemos creer en alguien que no da la cara, que no pone su nombre y que a final de cuentas se convierte en un fantasma digital.

¿Los periodistas hemos cumplido o no la función que corresponde en...

Marco Trejo El Estado de Derecho es definido por la Organización Naciones Unidas (ONU), como: “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. En este tema Guatemala es considerada en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), en una mala posición con respecto a los demás países centroamericanos, lo cual provoca que nadie quiera invertir en un país donde no se respetan las leyes y mucho menos que no se hacen cumplir las mismas. Sí a esto le aunamos que para registrar una empresa hay que hacer más de 250 trámites, esto ahuyenta a cualquiera. Según el reporte publicado en el 2020 por la entidad internacional, en 2019 Guatemala obtuvo una puntuación de 0.45 sobre 1 (la puntuación más alta), lo que nos coloca a nivel mundial en la posición 101 de 126 países evaluados. En comparación a la evaluación anterior, el país empeoró en 0.1 puntos y bajó 5 puestos en el ranking global. El WJP en el Rule of Law Index 2020 presenta un retrato del Estado de Derecho en 128 países y jurisdicciones calificando ocho factores: Restricciones sobre los Poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Aplicación de las Regulaciones, Justicia Civil y Justicia Penal. Aspectos en los que tenemos serios problemas y afrontamos grandes retos que nos colocan en la posición anteriormente mencionada. Los datos que nos colocan en esa mala posición es el puntaje sobre la administración de justicia, la cual no es efectiva y mantiene una mora judicial muy alta, hablamos de millones de casos sin resolver, por razones injustificadas (0.13/1), la investigación penal es deficiente (0.23/1), el Sistema Penitenciario no provoca una reinserción social (0.09/1), los gobernantes utilizan el Organismo Legislativo para su interés personal (0.08/1) y el gobierno no publica información pertinente y actualizada y esta tampoco es de fácil acceso (0.3/1). Esto es muy fácil de constatar, una persona procesada pasa 2 años y medio sin que se resuelva su caso, cuando deberían de ser 5 meses, incluso muchos cumplen encarcelados la pena máxima del delito sindicado, sin ser sentenciados por tribunal competente, lo cual es totalmente absurdo y deja muy mal visto al país, porque se viola la presunción de inocencia y eso hace que tengamos una muy mala calificación. Regionalmente, Guatemala se encuentra en el puesto 14 de 19 países latinoamericanos. El promedio de ellos es 0.53/1, situando a Guatemala por debajo del mismo (0.45/1). El primer lugar es para Estados Unidos (0.72/1), seguido de Uruguay (0.71/1) y Costa Rica (0.68/1). Los peores puntajes los tienen Venezuela (0.27/1), Bolivia (0.38/1) y Nicaragua (0.39/1). Aunque los números son fríos tenemos que analizar estadísticas y en ese aspecto las entidades que administran la justicia (Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Ministerio Público y Organismo Judicial), se encuentran en serios problemas, sus cabezas se dedican más a ver temas políticos, que trabajar para que en Guatemala se dé una justicia pronta y efectiva. Este es un problema que se ha dado desde hace algunos años y todo ha sido porque los políticos han metido sus manos en los entes que administran la justicia, incluso las campañas políticas han sido judicializadas y vemos cada vez más, una pugna de poder en las judicaturas, lo cual afecta nuestra imagen internacional, que aleja a los inversionistas, quienes prefieren irse a otros países donde el Estado de Derecho si ha sido fortalecido y es respetado. Tal es el caso de El Salvador que de seguro van a subir sus bonos con el trabajo que han realizado sus gobernantes. Guatemala si quiere salir del atolladero en el que nos encontramos, su población (empresarios, autoridades y sociedad civil), deben dar muestras de querer hacer mejor las cosas y todos juntos trabajar para forjar un mejor país, donde la gente, en vez de emigrar, tenga mejores oportunidades de vida para desarrollarse, en una tierra bendita, como lo es esta bella nación.

¿Por qué nadie quiere invertir en Guatemala?

Marco Trejo Los destrozos que fueron causados a los monumentos de Cristóbal Colón y la estatua del general José María Reyna Barrios, que están sobre la Avenida Las Américas y Avenida La Reforma respectivamente, han causado indignación en una parte de la población, mientras que otra se congratula por el hecho de que son personajes que representan, parte de la historia oscura, que dejó la venida de los españoles a tierras americanas. Los daños al patrimonio nacional se dieron en el marco de la conmemoración del Día de la Hispanidad –Día de la Raza-, que se celebra en varios países latinoamericanos, donde Guatemala no fue la excepción. Por este hecho se encuentra procesado Rudy Amílcar López Pablo, de 28 años, quien es acusado de ser uno de los presuntos responsables de causar los destrozos. El abogado de López Pablo, en la audiencia de primera declaración, de una manera muy astuta no dejó que su patrocinado diera declaraciones y le ordenó decir que, únicamente habla el idioma Mam, por lo que la misma fue suspendida porque no había un traductor para el efecto. Esto demuestra que este tipo de hechos tienen, una agenda ideológica definida, que al final y al cabo viene a causar temor y zozobra en la población. Pero hay que hacer una diferenciación entre los líderes comunitarios y los activistas que se benefician de la protesta para generar ingresos para sus intereses personales, tal como sucedió este martes 12 de octubre de 2021. Los que están a favor de este tipo de hechos argumentan, que el descubrimiento de América fue un hecho histórico, que después derivo en una conquista sangrienta, que solo dejo luto y dolor, entre la población indígena colonizada. Pero los que critican este tipo de acciones vandálicas, no están de acuerdo con los actos de vandalismo, que ocurrieron durante el trayecto de la manifestación, supuestamente pacífica, porque con ese tipo de acciones no se va cambiar el pasado y sugieren que lo que debemos hacer es enfocarnos en buscar un mejor futuro, para las nuevas generaciones, las cuales están inmersas en problemas de salud, inseguridad, falta de educación, desnutrición y otros males que nos aquejan como sociedad que es catalogada como tercermundista. Algunos sectores empezaron a sugerir, que se deben remover, estos monumentos y que deben ser colocados, en un museo, para que sean visitados por los que desean conocer la historia de nuestro país, pero que en su lugar, puedan ser instalados otro tipo de personajes que nos identifiquen como sociedad y que se termine esa guerra ideológica, que solamente viene a causar más odio y división entre los guatemaltecos. Mientras no podamos convivir como sociedad, con las ideas de unos y de otros, será imposible que nos pongamos de acuerdo para cambiar muchas cosas negativas que vivimos en este momento y sobre todo no podremos hacer los cambios sociales y jurídicos que nos permita, mejorar el nivel de vida, de la mayoría de personas, quienes tenemos problemas sociales que afectan nuestro desarrollo y la de nuestras familias. Este tipo de luchas solamente benefician a un grupo de “malas personas” que se han apropiado del Estado guatemalteco y que se han enriquecido a costilla de los impuestos, que paga el pueblo, ese es un mal que debemos cambiar, pero con este tipo de guerras ideológicas, nunca nos pondremos de acuerdo, para buscar mejoras para nuestros hijos y nietos. Tenemos que hacer conciencia y sobre todo evaluar qué es lo que más nos conviene como país, porque lo que vivimos en este momento, no nos deja nada positivo, para nadie y tenemos que evitar caer en un abismo, que será muy difícil de salir y que permita el bienestar de todos los que habitamos este hermoso y productivo país.

Monumentos históricos: ¡Un dilema de ideologías!

Marco Trejo La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), Mayra Yanette Soto me envió una nota para que le aclare varios puntos que salieron en mi artículo del viernes 1 de octubre de 2021, el cual titulé: ¡Los precios de las medicinas y el Covid-19: empatía o regulación! Aunque en su documento fechado 6 de octubre no tengo respuestas contundentes, pero con todo gusto y respeto voy a trasladar textualmente lo que me solicita en el mismo. En su misiva la funcionaria expresa: “A ella no le interesa pelearse con los boticarios”, por lo cual me permito indicarle que más que una pelea, se trata del fiel cumplimiento del mandato institucional del funcionario y/o funcionaria a cargo de la institución”. En mi artículo hago mención de lo que se indica en la nota, pero mi texto lo que pretendía era utilizar, un vocabulario coloquial, que sea entendido por todo tipo de lector y creo que lo que realmente le gustaría saber a la gente es que si van a poder adquirir medicinas a un precio justo y no como sucede hasta hoy, donde se demuestra si el funcionario y/o funcionaria ha cumplido con su mandato de proteger al consumidor. Respetuosamente quiero manifestarle a la licenciada Soto, que mi única intención es dar a conocer los abusos que cometen personas inescrupulosas, que lucran con una situación como la que vivimos, una pandemia. He recibido muchos mensajes, donde los guatemaltecos me manifiestan que hace algunos meses compraban medicamentos a un precio y que ahora el mismo medicamento, tiene un sobreprecio que no tiene justificación alguna de ser. Entonces eso es lo que le gustaría saber a las personas, que se hace para proteger al consumidor de este tipo de aprovechamientos y no que se tome el tiempo, la licenciada Soto, para elaborar notas, que en ninguna línea, me demuestra categóricamente que ha emprendido acciones para que se proteja al consumidor para que se vendan medicinas a un precio justo, así como de la canasta básica familiar. Para poder comprobar esto que digo es muy simple de hacerlo, basta con ir a comprar medicinas, a cualesquiera de las cadenas de farmacias o bien ir a los diferentes mercados y supermercados para encontrar la respuesta. Es importante señalar que más de 574 mil 713 personas infectadas (oficialmente) en el país, y que han tenido que medicarse con productos que antes costaban menos y que ahora, por arte de magia, cuestan Q50 u Q80 más del valor habitual. Entonces el tema no es nuevo en el país, incluso en la campaña electoral, se habló de que un medicamento que en México, El Salvador o Nicaragua cuesta mucho menos, aquí su valor sufre incrementos de un día para otro, sin que nadie tenga la más mínima intención de defender a “Juan Pueblo”. Segundo llamado al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. En el cuarto párrafo de la nota recibida de la DIACO, se manifiesta que: “de acuerdo al Decreto número 11-2021 Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicada el 21 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual entro en vigencia al día siguiente de su publicación (22 de septiembre de 2021), y el Acuerdo Gubernativo 197-2021 Reglamento de la Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicado el 30 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual fue publicado al día siguiente de su publicación (01 de octubre de 2021), se establecen funciones específicas al Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, mismas que se encuentran en plena fase de planificación y ejecución”. ¿Qué planificación y que ejecución? Ya transcurrieron ocho días de octubre y realmente no veo que se mueva un dedo para proteger al consumidor, no veo resultados y es más cuando uno llama a la DIACO nadie responde la llamada, pareciera que es un ente fantasma, como aquellos pueblos de las películas del oeste. En el siguiente párrafo (quinto) se me dice: “Asimismo, le informamos que no es competencia de la Diaco controlar precios de medicamentos, sino atender lo establecido en el Decreto Ley número 11-2021, referente a la publicación y monitoreo de precios. Así también, le informo que en casos especiales, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 006-2003) es supletoria, cuando existen leyes específicas en determinado tema como el de la telefonía y energía eléctrica”. En torno a este punto es muy importante conocer que se ha hecho referente a la publicación y monitoreo de precios durante la pandemia, porque con esos datos podríamos saber si realmente se cumple con el mandato para el cual fue designada licenciada Soto. En el siguiente texto se me escribió: “En tal sentido, solicitamos una aclaración dentro de su columna de opinión, donde se reconozca que no estamos incumpliendo la ley por no controlar precios, ni que existe algún interés de no cumplir con lo establecido en la Ley de Emergencia Nacional que se constituye en una prioridad para nuestra institución y sus autoridades, finaliza la misiva firmada por el Msc, Calos Vásquez, jefe de Comunicación Social, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía”. En ese sentido es importante señalar que en mi artículo (ParteI) nunca expresé que la DIACO incumple la ley por no controlar los precios y tampoco dije que existe algún interés de no cumplir la Ley de Emergencia Nacional, por el contrario manifesté que tenemos vigente, por tres meses, una ley que puede ser usada para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, pero para eso se necesita de funcionarios y/o funcionarias que se amarren los pantalones y cumplan la función que se les ha encomendado, en caso contrario solamente confirmaría lo expresado en mi anterior columna: “no se quieren pelear con los boticarios”.

Lo que necesita la gente son medicinas a un precio justo

Marco Trejo Ha sido muy usual ver el aprovechamiento que han tenido varias empresas ligadas al ramo de salud durante esta pandemia que vivimos y que ha dejado más de 13 mil 564 muertes en el país, muchos por no tener los recursos económicos para comprar los medicamentos que les han recetado, porque las medicinas han sufrido incrementos injustificados, sin que nadie se meta a regular los precios de los mismos. Aunque el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2021 Ley de Emergencia Nacional, los distribuidores de medicamentos se aprovechan de la inoperancia del Estado, porque éste no ha podido controlar el alza injustificada de los medicamentos y dejan a los pobladores a su suerte, quienes se debaten en su lecho de enfermos. Esta actitud poco sensible de los distribuidores de medicamentos hacia la población, ha causado malestar y el clamor popular exige que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), actúe de una manera inmediata, pero al parecer a la nueva directora Mayra Yanette Soto, no le interesa pelearse con los boticarios que siguen aprovechándose de la situación crítica sanitaria que se vive. Situación que también debería de interesarle al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien tampoco vemos por ningún lado que tenga las más mínimas intenciones de defender a “Juan Pueblo”, que sigue pisoteado por empresarios que hacen lo que les viene en gana con la salud de los “chapines”. Una economía de mercado como la guatemalteca se rige por la ley de la oferta y la demanda. Al inicio de la pandemia en 2019 pudimos observar que las mascarillas tuvieron un valor muy alto en el mercado, pero conforme todos nos acostumbramos a usarlas, el precio bajó ostensiblemente, incluso ahora podemos comprar una en Q5.00, cuando llegó a costar Q150 la misma mascarilla, lo cual demuestra el aprovechamiento que se dio en ese momento. Ahora el aprovechamiento es de otros productos, por ejemplo los boticarios venden en Q80 un blíster de 10 pastillas que, hace cinco meses, vendían en Q20, porque los médicos ahora recetan dicho producto, para salvarle la vida a una persona que se ha contaminado con el virus del Covid-19. Los distribuidores argumentan que el aumento del precio, se da porque las farmacéuticas han incrementado el valor de los lotes de medicamentos que les entregan y que ellos no tienen márgenes de ganancias altos, por lo que el incremento no lo determinan en la farmacia. Aunque no estoy de acuerdo con la regulación de precios, en Guatemala se hace necesario que se dé mientras dure la emergencia sanitaria del coronavirus, porque los empresarios de la salud no son empáticos (“Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona”), por lo que se necesita la intervención del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos. En El Salvador, Argentina, Perú, Brasil y Nicaragua los gobiernos han intervenido para evitar los abusos de los “mercaderes de la salud”, han puesto precios máximos para más de 2 mil productos médicos y de la canasta básica familiar, lo cual ha mantenido la tranquilidad de estas sociedades, que en medio de una crisis económica, han tenido que resistir a una escalada de precios injustificados y que ahora son regulados para evitar el aprovechamiento. En Guatemala tenemos vigente, por tres meses, una Ley de Emergencia Nacional (Decreto 11-2021), pero no se usa para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, por lo que necesitamos que el gobierno se amarre los pantalones y que su Ministerio de Economía vele por el bienestar del consumidor y que actúe contra estos empresarios que se quieren enriquecer a costillas de una enfermedad que ha dejado luto y dolor en los últimos 17 meses en el país.

¡Los precios de las medicinas y el Covid-19: empatía o regulación!

Marco Trejo La mayoría de universidades y muchos de los Colegios de Profesionales los han convertido en entidades que sirven para fines personales y sobre todo para mantener un poder político porque llegan a ocupar puestos públicos importantes que permiten enriquecerse a los que los ocupan. Las universidades tienen por mandato constitucional un poder político en las diversas instituciones del Estado, algunas de ellas como la Universidad de San Carlos puede llegar a ocupar 53 representaciones, que han avivado la codicia de los que la dirigen, con tal de mantener control político y administrativo de los entes estatales. Pero a ese poder político, le sumamos que recibe el 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación (Q2 mil millones), la hace mucho más “apetecible” para los poderes paralelos que se enriquecen de los impuestos de los guatemaltecos. En las diferentes convocatorias para los nombramientos de profesionales se pide que deben acreditar capacidad, idoneidad y honradez, lo cual no se cumple y se nombra al “elegido”, al amigo del rector o al que lo apoyo para llegar a los puestos que ocupan. Además, se pide que debe poseer honorabilidad e independencia de criterio reconocidas, lo cual tampoco se cumple y sino veamos la reciente elección en el Colegio de Médicos y Cirujanos (COLMEDEGUA), de los representantes ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según las publicaciones del matutino elPeriódico de Guatemala los que encabezan las votaciones son dos personajes que no cuentan con el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas y para terminar de manipular la elección el Tribunal Electoral del mencionado colegio profesional pasó por alto dicho requisito aunque está estipulado en la Ley de Probidad, en su Artículo 16, Inciso b, que exige el documento para optar a cargos o empleos públicos. En años anteriores hemos visto como otros colegios hacen las mismas “marufias” para sentar a sus “piezas de ajedrez” y luego tomar el control de la Rectoría estatal, a las que se han sumado otras universidades donde también se “cuecen habas”, como decimos en el vocabulario popular. Las facultades que también manejan poder son las de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la de Ciencias Económicas, pero todo va caer en las Comisiones de Postulación para elegir a los administradores de justicia del país, la Corte de Constitucionalidad, los Consejos de Desarrollo, la Junta Monetaria y por si eso fuera poco los tentáculos llegan hasta los entes deportivos que manejan el deporte federado en el país. Esta cuota de poder se pone de manifiesto con la gran cantidad de rectores que hacen fila en los diferentes tribunales de justicia, donde son señalados de cometer diferentes actos de corrupción, lo cual deja mucho que desear de un ente estatal que se sobreprotege en la autonomía universitaria, que al final de cuentas es el manto de la impunidad. Es necesario que los entes electorales que llevan al poder a los rectores no se dejen sorprender otra vez, que se impongan y no permitan que los politiqueros que tienen tomada la universidad estatal, vuelvan hacer de las suyas y que dejen de coaccionar a los electores a cambio del voto, les amenazan con quitarle las plazas que les dan por horas y no por oposición como debe ser, para no poder incidir en ese voto que da una cuota de poder muy grande en 53 instituciones del Estado. En las campañas universitarias vemos a diestra y siniestra como se despilfarran cantidades grandes de dinero en invitaciones a comer, presentación de edecanes y en fiestas que únicamente se convierten en el “espejito” que dan a los supuestos pensantes de nuestra sociedad. Es necesario que estos procesos cambien y encaminemos el rumbo de una de las entidades que manejan cuotas de poder que permiten mantener un control del Estado, con el único fin de mantener un status quo de politiqueros que viven mamando de los impuestos que pagan los guatemaltecos.

¡Hasta cuándo vamos a permitir que siga la corrupción!

Marco Trejo Las estadísticas de accidentes de tránsito se han disparado, en este semestre del 2021, en comparación con el año pasado en un 18 por ciento, ahora mueren más personas en hechos viales, que personas asesinadas con armas de fuego. Diariamente se registran siete decesos que si los sumamos nos dejan 217 muertos mensualmente. Las autoridades tienen los datos, manejan las estadísticas pero son indiferentes a lo que sucede en las calles y avenidas de las ciudades y en las carreteras que intercomunican los 21 departamentos. Las personas mueren diariamente en el asfalto y las causas son variadas: irresponsabilidad al manejar, conducir bajo efectos de licor o drogas y no respetar los límites de velocidad, entre otros hechos. Hasta el 8 de septiembre de 2021, según el Departamento de Tránsito, han ocurrido 5 mil 326 accidentes viales, donde murieron 1 mil 448 personas y 931 han quedado heridas. Mientras tanto, los datos a la misma fecha, solo que en el 2020 fue de 4 mil 504 percances, los cuales dejaron 931 muertos y 4 mil 328 lesionados. Estos datos si los analizamos solamente en los primeros 8 días de septiembre, nos da que han ocurrido 122 percances vehiculares, en los cuales 51 personas murieron y 126 han tenido que ser trasladadas a un centro asistencial para su recuperación. Aunque las autoridades viales realicen las pruebas de alcoholemia, en todos los días siempre hay alguien que maneja bajo efectos de licor, pero qué sucede cuando es sorprendido, simplemente es trasladado a un reparo policial, recibe una multa y el Reglamento de Tránsito no estipula mayor sanción y vuelve al volante, hay personas que han sido aprehendidas en más de una ocasión por la misma infracción. Un total de 16 accidentes se producen diariamente, es el pan de cada día y hay de diferentes gustos y diferentes formas, lo que no cambia es la irresponsabilidad detrás del volante y las muertes cotidianas que dejan a decenas de familias con dolor y luto. Hasta la fecha se han realizado 407 pruebas de alcoholemia, de las cuales 362 fueron negativas y 45 positivas, por lo que la PMT local impuso la sanción y ejecutó las acciones correspondientes al respecto. Lo cual no es coercitivo y en pocas horas tenemos nuevamente manejando un automotor al infractor. A pesar de tener estas estadísticas, vemos cómo ayer un grupo de transportistas, quienes salen a amenazar con la realización de bloqueos, sino es derogado el acuerdo 17-2020, porque según ellos es lesivo para la economía del país. El vocero de éste gremio, Abner Flores asegura que si la Corte de Constitucionalidad (CC), no falla a su favor van a bloquear las carreteras para provocar un caos vial. Lo que no se ponen analizar estos “señores” es que del total de accidentes viales que han ocurrido hasta la fecha (8 septiembre 2021), un 23 por ciento es responsabilidad del transporte pesado y transporte de pasajeros, los cuales han dejado luto y dolor a la sociedad que ellos ahora quieren defender con la derogación del seguro vial. Sería importante que los “camioneros” y “camioneteros” se pongan la mano en la conciencia y que piensen que, por irresponsabilidad de sus agremiados, a cuantas personas han matado en el asfalto y que el “Reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga”, lo que busca es resarcir a las víctimas de las irresponsabilidades detrás de un volante. El Gobierno no puede permitir que un gremio amenace de esta manera la “libre locomoción” de todos los guatemaltecos y que de una manera, prepotente y fuera de toda lógica, salgan a “extorsionar” con una situación como la planteada, es necesario que se ponga, un alto a este tipo de hechos, que van en detrimento del Estado de Derecho y que nos hace ver mal ante el mundo entero, todo por gente que solamente piensa en sus intereses y no plantean una solución que permita que cesen los muertos en las carreteras.

¡Los accidentes viales se han incrementado un 18 por ciento!