Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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La Ley de probidad decreto del congreso 89-2002, estipula en el artículo 16, inciso e, los impedimentos para optar cargos y empleos públicos, las autoridades que retomaron la dirigencia del Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, han regresado al cargo sin el finiquito provisional respectivo, lo cual podría convertirse en un delito, porque carecen de “honradez” para el manejo de fondos públicos.

Aunque este retorno provocó que el Comité Olímpico Internacional -COI-, levantara la suspensión del deporte olímpico nacional, para que nuestra delegación, de 10 deportistas, participe con bandera guatemalteca en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Situación que fue apoyada por el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

Lo que hay que sopesar es que, a cambio de portar la bandera nacional, el COG volvió a caer en manos de Gerardo Aguirre, un personaje controversial dentro del deporte, quien ha estado por más de tres décadas en diferentes cargos deportivos y sus logros han sido mínimos, tanto en resultados como en obras de infraestructura.

Durante los últimos 14 años, el deporte ha recibido del aporte constitucional de más de Q16 mil millones, dinero que debe ser auditado por la Contraloría, pero que las autoridades deportivas se niegan a entregar cuentas amparados en una supuesta autonomía, situación que no es cierta porque en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- hay asignado fondos del Presupuesto General de la Nación.

El deporte federado y olímpico no solamente maneja el aporte constitucional que es de Q400 millones, sino también los US$100 millones adicionales que llegan anualmente desde el Comité Olímpico Internacional (COI).

Esta situación provoca que muchas personas, especialmente deportistas, se hagan la pregunta: ¿cómo es posible que retorne Aguirre Oestmann?, sin ni siquiera tener una instalación deportiva que mejore el desarrollo del deporte federado y olímpico, sino que por el contrario los únicos beneficiados han sido los que lo rodean y los federativos que lo apoyan en la Asamblea del Deporte.

Pero no solamente Aguirre se ha beneficiado en estos años de gestión, este para mantenerse en el puesto, le ha dado poder al recién nombrado gerente del COG, Gerardo Estrada Mayorga, quien tampoco cuenta con un finiquito, porque tiene más de 13 reparos, dos procesos abiertos, dos sanciones pendientes de resolver y ha sido cuentadante deportivo, según consta en los archivos de la Contraloría General de Cuentas.

¿Pero que es un cuentadante?, “son las personas responsables o encargados de recibir, administrar, invertir, custodiar o manejar fondos públicos o de colectas públicas. Además, son quienes, por imperativo legal, deben rendir cuentas sobre la ubicación de los fondos públicos, quedando sujetos a la acción fiscalizadora de la Contraloría “.

El finiquito no es más que una constancia temporal, que tiene vigencia por seis meses, que demuestra si el cuentadante tiene una denuncia o proceso abierto por la Contraloría General de Cuentas, y que sí presenta una denuncia en su contra la persona queda inhabilitada mientras no aclare su situación.

Según la Oficina de Acceso a la Información Pública de la contraloría, en la Ventanilla de Atención al Ciudadano, a los señores Aguirre y Estrada, en los últimos meses, no le han extendido finiquito provisional alguno, que es nada más y nada menos, una constancia temporal que demuestra si una persona puede ocupar un puesto público para poder manejar fondos del Estado.

Entonces esta situación no le permite a Estrada Mayorga poder ser cuentadante y desde que regresó al cargo, que ocupó un poco más de dos años, ha despedido a 56 trabajadores de la administración de Jorge Rodas. Incluso tiene otro impedimento legal, porque la Ley de Deporte, señala que para ocupar nuevamente un mismo cargo debe pasar un tiempo similar al ocupado.

Esto hace necesario que la Contraloría General de Cuentas tome su papel de fiscalizador y verifique como retomaron los cargos en el COG, debido a que el mismo ente contralor es querellante adhesivo en un proceso que se sigue y donde la dirigencia deportiva tiene cuentas embargadas, por una supuesta falsificación de documentos.

También es de suma importancia que el mandatario guatemalteco abra bien los ojos y se dé cuenta a quien apoya, porque en el caso del deporte federado y deportivo es peor la medicina que la enfermedad.

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