En contexto de las audiencias que se realizan por la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas (CGC) mantiene en desarrollo una auditoría de la que se conocieron y presentaron dos posibles hallazgos y por los que la institución electoral responde asegurando que actuaron de conformidad con el procedimiento para la contratación directa de bienes, servicios o suministros durante los períodos preelectoral y electoral.
De acuerdo con la información que señala Contraloría, desde la Dirección General de Informática del TSE al realizarse pruebas técnicas y de análisis de documentación sobre la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023, cuyo valor fue de más de Q148 millones, se estableció una posible falta de planificación eficiente y documentación de soporte.
En ese orden, enfatizaron que desde el año 2022, según Decreto Número 16-2021, fueron aprobados y asignados Q500 millones para ejecutar gastos exclusivos de preparación para el evento electoral 2023, según el acuerdo 488-2021 y que se asignó un presupuesto establecido para ello.
En contraste, la Contraloría refirió que la institución electoral optó por desarrollar internamente un software informático para el proceso electoral de 2023.
«A finales de 2022, el porcentaje de desarrollo no reflejaba avances significativos, lo que demuestra que tuvieron oportunidad de planificar y ejecutar, desde el año 2022, el desarrollo o adquisición de una solución informática para el proceso electoral 2023 con los recursos asignados; siendo hasta el año 2023 que se orientaron las acciones hacia la adquisición de una solución informática para el evento electoral 2023», subrayó la Contraloría.
En tanto, sostienen el posible hallazgo de la «falta de calidad del Gasto en la adquisición de un software o programa informático» y que aseguran exceden las necesidades reales del país, todo ello en detrimento de los intereses del Estado.
TSE: SE FACULTA PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES RESPECTIVAS DE 2023
Sobre lo anterior, la institución electoral respondió que se faculta al TSE para realizar las adquisiciones respectivas en el año 2023, bajo el procedimiento que establece el artículo 44 en su literal f que se refiere a la Ley de Contrataciones del Estado.
El decreto de mérito también establece las obligaciones propias de cada entidad ejecutora, tales como: la responsabilidad de especificar en el Código único de Registro el detalle de gasto que se esté ejecutando, externaron.
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En ese orden de ideas, el señalamiento que aparece en el apartado primero de la presente tabla, no es acertado ya que la ejecución se realizó en atención a la ejecución eficiente y a la gestión de resultados con incidencia social, ya que los egresos que se realizaron fueron en aras de garantizar la democracia, la eficiencia y la eficacia en la transmisión de resultados electorales preliminares y existió la debida planificación según el POA del Tribunal Supremo Electoral para el año 2022, respondieron.
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Asimismo, hacen referencia a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, establece que el TSE se conforma con cinco magistrados titulares e igual número de suplentes y que son quienes integran el pleno de magistrados y desarrollan sus funciones de forma permanente.
Hacen énfasis en que la elaboración y ejecución del presupuesto anual y su cumplimiento, no es competencia de los magistrados, porque eso le corresponde a la Dirección de Planificación, que es quien compila todos los requerimientos de las distintas dependencias, direcciones y unidades administrativas del instituto electoral para elaborar el POA de acuerdo a sus funciones y competencias.
A la vez, señalan que todo lo relacionado con el tema informático corresponde a la Dirección General de Informática responsable al respecto de la adquisición de bienes, servicios y suministros relacionados a equipo de cómputo y demás accesorios informáticos, así también del desarrollo o adquisición del software o programa informático para el evento electoral, lo que debe estar en la planificación.
Nuevamente, insistieron en que aunque el pleno aprobó los acuerdos 133-2010 y 256-2023, ambos son responsabilidad de los Directores y Jefes de la Institución, quienes deben velar por su correcto cumplimiento.
ACTUARON DE CONFORMIDAD A PROCEDIMIENTO
En ese orden, destacaron que el TSE actuó de conformidad con el procedimento para la contratación directa de bienes, servicios o suministros durante los períodos preelectoral y electoral y que esto quedó aprobado mediante el acuerdo número 631-2022 del TSE.
En relación con lo anterior, mencionan que en los dictámenes jurídico, técnico y presupuestario se puede constatar que son favorables y que esto al ser un tema informático es la Dirección General de Informática la que tiene los conocimientos y experiencia respecto a la adquisición de bienes, servicios y suministros relacionados a equipo de cómputo y demás accesorios.
Sobre la adjudicación a la empresa, el TSE refirió que se procedió según la Junta Receptora de Ofertas, y que cumplió con los requerimientos generales y técnicos solicitados por la Dirección General de Informática.
Por eso afirman que el pleno de Magistrados actuó de manera conforme a los Manuales de Procedimientos aprobados y vigentes en el período auditado.
Destaca también que el Director de Informática le indicó al Pleno de Magistrados, que el programa empleado para las operaciones de digitalización, digitación, transmisión, verificación, validación, cómputo y publicación de resultados electorales preliminares, fue entregado en versiones por parte de la empresa DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con las actividades planificadas de las capacitaciones, pruebas internas, simulacros y el día de la elección.
Respecto al criterio del posible hallazgo, se conoció que el TSE mencionó que en el presente caso, no indica norma o política alguna incumplida, y que el ámbito de su aplicación y vigencia carece de fundamento necesario para señalar alguna deficiencia o desviación.
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EXPLICAN SOBRE EL SEGUNDO POSIBLE HALLAZGO
Un segundo posible hallazgo de la Contraloría hace mención que el 35.47% equivalente a 3,077 laptops adquiridas por medio del Contrato Administrativo 007-2023 no se utilizaron para procesos de digitalización, digitación o impresión de documentos del proceso electoral 2023, lo que significó un monto de Q26,077,575.
Sobre esto, el TSE refirió que el hallazgo que se planteó, no toma en cuenta la magnitud del evento que representó el proceso electoral 2023, toda vez que la compra del equipo de cómputo fue para atender la necesidad presentada por el Director General de Informática a requerimiento de las distintas Direcciones y Dependencias del Tribunal Supremo Electoral.
A la vez, remarcan que las necesidades de la institución electoral en cuanto a los aspectos técnicos a cubrir para el Evento Electoral 2023, fueron definidas en las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Dirección General de Informática, esto de conformidad a su competencia para la adquisición de equipo de computación.
En el caso de los equipos no asignados, estos fueron contemplados de conformidad con las buenas prácticas como medida de contingencia ante cualquier eventualidad, esto según lo recomendado por la Dirección General de Informática, que en la parte técnica desarrolla la finalidad de dicha adquisición.
ENVÍAN ESCRITO A PESQUISIDORA
En contraste, la Contraloría pidió a la Comisión Pesquisidora del Congreso que la audiencia programada para el viernes 24 de noviembre no se realizara, puesto que la auditoría que realizan está en desarrollo.
ACTORES ANTIDEMOCRÁTICOS CENTRAN ESPERANZAS EN CONTRALOR
En contraste a los posibles hallazgos de la Contraloría, la nota de La Hora titulada como «Actores antidemocráticos centran esperanzas en Contralor», menciona que actores antidemocráticos mantienen sus esperanzas en el informe que presente el Contralor Frank Bode Fuentes.
Asimismo, refirieron que estos operadores contra la democracia se encuentran presionando para que cualquier hallazgo del TREP implique la existencia de un supuesto «fraude».
