El presidente de elPeriódico, José Rúben Zamora será visitado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Foto La Hora/Johan Ordoñéz/AFP

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento dando a conocer los recientes casos contra periodistas guatemaltecos, con lo cual pidió al Estado de Guatemala redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos de expresión y de prensa en el país.

La entidad recordó que el sistema interamericano de derechos humanos protege de manera reforzada los discursos de interés general y sobre conductas de funcionarios públicos, ya que resultan indispensables en una sociedad plural para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración.

Indicó que lo anterior implica, según la Corte Interamericana, la respuesta del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente en estos casos, además, afirmó que da seguimiento a los procesos judiciales contra periodistas por hechos que tienen relación con su labor y aquellos que investigan violencias contra la prensa.

Agregó que la CIDH y la referida corte enfatizaron en que la prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integra el sistema democrático y el Estado de Derecho.

“Sobre este punto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder y recursos del Estado con el objetivo de presionar y/o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta directamente contra la libertad de expresión”, expresa el comunicado de la Relatoría.

PIDE REDOBLAR ESFUERZOS

Asimismo, la Relatoría Especial llamó al Estado guatemalteco a que redoble esfuerzos para garantizar de forma plena y efectiva los derechos de libertad y prensa.

 

Aseguró que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno libre y seguro; y para que la sociedad en su conjunto pueda estar informada y recibir la mayor cantidad y diversidad posible de ideas y opiniones.

Añadió que estima crucial que el Estado maximice sus esfuerzos para asegurar que cualquier restricción a las libertades fundamentales de periodistas y comunicadores, los cuales involucren al poder público o terceros, cumplan con estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

RELATORÍA VISITARÁ A ZAMORA

Dentro del documento la RELE detalla que recibió información sobre José Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente, quienes señala han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP).

Sostiene que las autoridades estatales han señalado que es un proceso penal no relacionado a su labor periodística, y que las diligencias judiciales se realizan en estricto apego al marco legal y de derechos humanos; sin embargo, expresan que representantes de sociedad civil han señalado que el caso contra ambos se relaciona a su labor periodística.

Expuso que informó al Estado del seguimiento del proceso y que manifestó que la libertad de prensa comprende no únicamente actividades editoriales, sino relativas a la sostenibilidad de los medios.

“El periodista José Rubén Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003, cuando la Comisión entendió que existía un riesgo inminente a su vida e integridad personal con motivo de una serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión, y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala”, recalcó.

 

Con lo cual, enfatizó que conforme a las facultades que otorga el mecanismo de medidas cautelares, la CIDH y la Relatoría solicitaron al Estado una visita de trabajo para constatar la situación de Zamora.

RELATORÍA DICE QUE ESTADO HA MENCIONADO QUE NO HAY PERSECUCIÓN

Asimismo, mencionó el caso de Juan Luis Font, director de ConCriterio, quien salió del país, denunció hostigamiento y represalias vinculadas a su labor que le disuaden de continuar ejerciendo el periodismo desde Guatemala, según detalló la RELE.

Sin embargo, el Estado sostiene que el caso se encuentra bajo reserva legal y que el MP continúa las investigaciones, mientras que enfatizaron además que la denuncia fue interpuesta por tercero y no por el ente investigador, por lo cual no se persigue por su labor periodística.

Resaltó también el caso de la Agencia Ocote, por el podcast realizado a Virginia Laparra, con el cual el MP inició una investigación, así como las acciones penales contra Sonny Figueroa y Marvin del Cid, por parte de funcionarios y exfuncionarios del gobierno, luego de publicar investigaciones que los involucra.

“El Estado señaló que «no hay una persecución particular ni por su labor periodística ni existe acoso profesional contra ambos periodistas». Además, agregó que «el proceso penal iniciado contra los agentes de la Policía Nacional Civil por las agresiones denunciadas por ambos periodistas es prueba del compromiso estatal por llevar justicia a todos», destaca la RELE.

Agrega que se ha informado sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, las cuales difunden información de carácter reservado o anuncian actos que son ejecutados por parte del Estado.

 

Sobre este punto, el Estado ha informado que «dichas publicaciones en ningún momento han sido ventiladas por cuentas oficiales del Estado de Guatemala, así como tampoco por sus funcionarios públicos, por lo que no es atribuible al Estado», expresa en el comunicado la entidad.

MUJERES PERIODISTAS HAN SEÑALADO DETERIORO DE GARANTÍAS

Asimismo, menciona que son preocupantes los casos de Anastasia Mejía y Michelle Mendoza, entre otras mujeres periodistas y comunicadoras que investigan asuntos vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala que también han reportado sobre el deterioro de las garantías a su libertad de expresión, según mencionó la RELE.

“La información documentada indica que las amenazas a través de redes sociales, como también los procesos judiciales que enfrentan las mujeres periodistas integran elementos de violencia de género que el Estado debe considerar”, concretó sobre el tema.

Periodista Anastasia Mejía es investigada por asuntos vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala. Foto La Hora
SEÑALA QUE SIGUE CASOS CONTRA PERIODISTAS COMUNITARIOS

A su vez, aseveró que documentó el asesinato del periodista Orlando Villanueva en Puerto Barrios, Izabal, así como otros hechos de violencia que incluyen alegadas agresiones y destrucción de equipos.

“Sobre el crimen del periodista, el Estado reafirmó su compromiso en la realización de una investigación que esclarezca los hechos y resulte en las sanciones correspondientes”, aseguró la RELE.

Enfatizó que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha realizado diversas acciones y establecido una línea de investigación sobre los casos.

La Relatoría mencionó a su vez que se ha pronunciado previamente sobre las vulneraciones de derechos y los obstáculos específicos que enfrentan las y los comunicadores comunitarios en Guatemala.

 

“La Oficina ha dado particular seguimiento a los casos de los periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, quienes han denunciado públicamente procesos judiciales en su contra y operativos policiales en sus residencias luego de que dieran cobertura a una serie de manifestaciones de la población maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el uso de la fuerza pública para dispersarla, en octubre de 2021”, explicó.

Sin embargo, la Oficina dijo que pese a ser informado que existían dos procesos penales contra Choc, el Estado aseguró que no habían denuncias interpuestas en su contra y que no existen acciones estatales para impedir su actividad periodística.

RELE “SALUDA” ARCHIVO DE LEY CONTRA CIBERDELINCUENCIA

Finalizó indicando que tomó de conocimiento el archivo de la denominada Ley contra la Ciberdelincuencia por parte del Congreso. Por lo cual, saludó la decisión de desestimar la normativa la cual indicó: “Contenía disposiciones que por su vaguedad otorgaban amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación y que corrían el riesgo de ser utilizadas en detrimento del derecho a la libertad de expresión”.

MP SE PRONUNCIA

El Ministerio Público (MP) por medio de un comunicado detalló que la entidad es autónoma e independiente, que mediante su labor investigativa garantiza el estricto cumplimiento de las leyes.

El ente investigador, exhorta a todo los sectores nacionales e internacionales a “ser respetuosos del ordenamiento jurídico y de la legislación guatemalteca pues ninguna persona es superior a la ley”.

Asimismo, que, de conformidad con su mandato legal y constitucional, el MP tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presente, sin excepción alguna, “sin que esto implique coartar, limitar o impedir la libertad de expresión”, puntualizó en un comunicado.

El ente investigador afirma que se realiza de “forma imparcial, objetiva, con apego al principio de legalidad y alejada de cualquier presión externa, para que, con base en las pruebas aportadas, sea el juez competente quien resuelva en cuanto a la posible comisión de un hecho constitutivo de delito.

El MP señala que, ante cualquier inconformidad, las partes involucradas en el proceso pueden hacer uso de los medios de impugnación que estimen convenientes.

Engelberth Blanco
Engelberth Blanco
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