Se dictó una sentencia condenatoria por la vía de aceptación de cargos en contra de Mario Roberto Rojas Espino. Foto: La Hora / Prensa.gob

Las voces de protesta de sectores empresariales, ambientalistas, partidos políticos, organizaciones sociales, académicos y activistas se van sumando conforme pasan los días al rechazo al dictamen favorable a la Iniciativa 6054, que busca la creación de un “superministerio” que centralizaría varias entidades en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a cargo de Mario Rojas hermano del diputado Aníbal Rojas, quien respaldó la iniciativa en el Legislativo.

La propuesta fue aprobada por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y fue planteada a Dirección Legislativa el pasado 29 de agosto; ahora puede ser aprobada por el pleno del Congreso.

Las posturas en contra se han unificado, como pocas veces sucede entre los sectores sociales y empresariales, entre ellas la Cámara del Agro (Camagro), el Consejo Nacional Empresarial, Agexport y el empresario Emilio Méndez, por citar algunos ejemplos.

La Junta Directiva y Comisión de Ambiente del COFAQUI envían un comunicado para la no aprobación de la iniciativa 6054. Foto: La Hora / COFAQUI

También unificó a los ambientalistas reunidos en la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), Voces del Planeta, que reúne oenegés de Guatemala, Costa Rica y El Salvador (23 en total) que toma en cuenta a activistas como Sergio Izquierdo y Vida Amor de Paz.

En la línea académica se incluyen la Fundación Luis von Ahn y la Junta Directiva y Comisión de Ambiente del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala (COFAQUI).

A estas demandas se añaden los partidos políticos como Valor dirigido por Zury Ríos, pero que ha marcado distancia recientemente de la Alianza Oficialista tras aliarse en el Congreso, además de Cabal, de Edmond Mulet y Semilla, entre otros.

CAMAGRO, DE LAS PRIMERAS

Camagro fue de las primeras cámaras empresariales en pronunciarse. Solicitan la no aprobación de la iniciativa 6054 al considerarla un retroceso en materia de descentralización pública, contrario a la Constitución y la Ley General de Descentralización, con base en fundamentos técnicos y legales. Esta es una ampliación de sus principales argumentos en palabras de su directora ejecutiva, Carla Caballeros.

CABALLEROS: IRÍA EN CONTRA DE LA DESCENTRALIZACIÓN

La administración pública apunta hacia la descentralización como una medida para ser más eficiente al Estado, sostiene Caballeros. Por lo tanto, la iniciativa 6054 concibe al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como una cartera que centralizará todas las decisiones bajo criterios políticos, cuando técnicamente ya se manejan bien en las instituciones que pretende administrar, afirma.

Considera que tanto el MARN como el Conap son instituciones ineficientes, pero en la medida en que no se reforme la Ley de Servicio Civil, no vendrán las soluciones de fondo para que operen en forma autónoma e independiente.

Explica que la iniciativa 6054 altera seis leyes vigentes de instituciones que son independientes.

Al quedar fuera el Instituto Nacional de Bosques (Inab) debe enfocarse la atención especialmente en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), creado en 1989, el cual modifica funciones y su forma de regirse.

Esto debido a que la Junta Directiva de Conap está integrada por siete instituciones, de la cuales cuatro son gubernamentales (MARN, MAGA, Inguat e IDAEH) y tres autónomas (Centro de Estudios Conservacionistas Usac, ANAM y un delegado de oenegé ambientalista). Ello permite una gobernanza mixta, por tanto, un balance en las decisiones de este consejo.

De esa cuenta, al trasladarse esta institución bajo la rectoría del MARN, las decisiones de Conap quedarían bajo la decisión única del Ministro de Ambiente.

ANÁLISIS LEGAL

Un análisis jurídico de Agexport señala que uno de los sectores agrícolas afectados será el ornamental, por las guías de transporte, CITES (certificados de importación o exportación) y licencias de exportación.

Toma en cuenta cuatro aspectos:

Violenta la autonomía y descentralización (artículo 134 de la Constitución Política de la República).

Burocracia e impacto en sostenibilidad de servicios.

Elimina contrapesos técnicos, así como la participación coordinada y necesaria de sociedad civil y academia.

La competencia del MARN es contraria a las del Conap y Ocret.

Uno de los puntos analizados es que la cartera de ambiente no tiene funciones específicas para el control de las áreas de reserva territorial del Estado, así como de fomento del desarrollo económico, social, agrícola y turístico de las mismas, lo cual pone en riesgo la certeza jurídica de las personas poseedoras de los bienes inmuebles que se localizan en estos.

EXPONDRÁN CRITERIOS

En cuanto al repudio que ha generado esta ley en diferentes sectores, Caballeros expone que definen su postura con base en análisis técnicos, pero desconoce los criterios de otras organizaciones. “Esperaría que el criterio fuera similar y las coincidencias genuinas”, comenta.

En las demandas planteadas en el comunicado de Camagro expone que no fueron escuchadas sus solicitudes de audiencia en la Comisión de Ambiente, ahora han solicitado ser escuchados en la próxima reunión de la Comisión de Agricultura para exponer sus argumentos.

“Esperaría que el Congreso no la agende, que escuche las coincidencias de tantos sectores de todo tipo. Es evidente que técnicamente está mal planteada, por lo que pedimos se conforme una mesa técnica independiente para su revisión. Espero que no obtenga la mayoría de votos, sería muy dañino”, concluyó.

EN SÍNTESIS, QUÉ PLANTEA LA 6054

La iniciativa 6054 busca situar bajo la rectoría técnica, administrativa y financiera del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a cinco instituciones de competencia ambiental con una amplia trayectoria en el cuidado de los recursos naturales.

Estas incluyen a las autoridades de las cuencas de cuatro lagos: Amatitlán, Atitlán y la cuenca Río Dulce – lago de Izabal. Además, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret).

De la propuesta inicial, se descartó integrar al Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Ponentes de la ley: Aníbal Estuardo Rojas (VIVA), César Longo M. (FCN-Nación), Shirley Rivera (VAMOS), Carlos López (UNE), Marvin Alvarado (BIEN) y Efraín Menéndez (VALOR).

Consejo Nacional Empresarial rechaza la iniciativa 6054. Foto: La Hora / CNE
CRONOLOGÍA

Presentada en el Congreso el 22 de marzo de este año.
Conocida por el pleno el 23 de marzo, se traslada a la Comisión de Ambiente para su análisis y discusión.

La Comisión otorga dictamen favorable con modificaciones el 8 de agosto.

Artículo anteriorDiputado es parte de iniciativa que beneficiaría al ministerio que dirige su hermano
Artículo siguienteComunas y Codedes, claves en año electoral: Giammattei quiere darles más dinero