Vamos y Unidad Nacional Esperanza (UNE) están negociando la aprobación de la normativa como parte de un paquete que incluye el presupuesto 2023. Foto La Hora

La iniciativa 6141 de “Ley de Adquisiciones del Estado” cobra menos adeptos entre integrantes de la sociedad civil y de organizaciones respaldadas por Cámaras empresariales que ven con alarma su avance en el Congreso de la República y algunos diputados que se han manifestado en contra.

En ese contexto, se conoció que las bancadas Vamos y Unidad Nacional Esperanza (UNE) están negociando la aprobación de la normativa como parte de un paquete que incluye el presupuesto 2023 y la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial.

 

A pocos pasos de aprobarse la Ley de Adquisiciones, una fuente con conocimiento del tema mencionó que los votos de la UNE, siendo la agrupación mayoritaria en el Legislativo, son clave para respaldar la propuesta de normativa y por ende se desarrollan negociaciones con el partido oficialista.

Sandra Torres ha competido en dos segundas vueltas electorales, frente a Jimmy Morales en 2015 y Alejandro Giammattei en 2019; en ambas perdió el balotaje.

Los votos de la UNE son clave para el pacto oficialista que busca aprobar esta normativa con la que se podrán ejecutar los recursos sin mayor control en pleno año electoral.

El partido VAMOS ha trazado una estrategia para repetir en el poder.

PROPUESTA SUPERA SEGUNDO DEBATE

La propuesta superó el segundo debate durante la sesión ordinaria de este 5 de octubre y algunos diputados de distintas bancadas han expresado cuestionamientos sobre su contenido. Hasta ahora el partido oficial Vamos y la bancada mayoritaria UNE, no han emitido comentarios al respecto.

El objetivo de la ley es “liberar” las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen diferentes instituciones de Estado, así como elevar los montos máximos para adquisiciones sin recurrir a procesos de licitación.

La normativa se aplicaría a entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, así como todas las que pueden recibir un aporte económico del Estado.

 

AVANCE APRESURADO

La iniciativa fue presentada el 20 de septiembre por el Organismo Ejecutivo y fue conocida por el pleno y trasladada a la Comisión de Finanzas el 21 de septiembre, dicha sala legislativa en una sola reunión la dictaminó a favor el pasado 26 de septiembre.

El primer debate se discutió el 28 de septiembre y el segundo debate el 5 de octubre, por lo que queda solamente el tercer debate y redacción final para que la iniciativa sea una Ley.

La Hora consultó con distintos legisladores sobre el avance de la iniciativa tan apresurada y si la apoyarán al momento de ser votada por el pleno, pero únicamente tres diputados respondieron.

 

ICEFI SEÑALA UNA PRISA INJUSTIFICADA

En contraste, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), mencionó que la “prisa injustificada” con la que se está gestionando en el Congreso de la República la aprobación de la iniciativa 6141, “alimenta la desconfianza hacia el oficialismo” y agudiza el descontento ciudadano por los “escándalos de fraudes y corrupción” relacionados con las contrataciones del Estado.

Por su volumen de 139 artículos y por ser las adquisiciones públicas “un área crítica y fundamental de la política fiscal”, de ser aprobada, reemplazaría la actual Ley de Contrataciones del Estado, por ello el ICEFI remarcó que esta iniciativa debe estudiarse a profundidad.

No obstante, “en un proceder contrario a estos principios”, la alianza oficialista ha mostrado rapidez para concretar su aprobación. El miércoles 21 de septiembre el Pleno la conoció y la trasladó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), para estudio y solo dos días hábiles después, la Comisión la dictaminó favorablemente con modificaciones, “un plazo a todas luces demasiado corto para discutir una propuesta de esta magnitud e importancia”, según la entidad.

 

ATAL: CONTIENE ALGUNAS “AMENAZAS A LA TRANSPARENCIA”

Por otro lado, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), conformada con varias cámaras empresariales, considera que, si bien la iniciativa 6141, contiene varias reformas que “apuntan a mejorar la agilidad de las contrataciones públicas”, también contiene algunas “amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público”.

La alianza explica que la aprobación “exprés” del dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas “resulta particularmente preocupante”, ya que asegura que un buen proceso legislativo se nutre a través de la discusión y el debate de los diferentes actores en la sociedad.

ATAL está conformada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Fundación 2020.

CASTILLO DE VIVA: LA LEY ADOLECE DE MUCHAS DEBILIDADES

El diputado Armando Castillo del partido Viva expresó: “Nosotros estamos sumamente conscientes que la ley adolece muchas debilidades, lo que se pretendía hacer un valladar en cuanto a la corrupción todos somos testigos que eso no ha sucedido”.

Por lo anterior, explicó: “consideramos que si es necesario una buena reforma o crear una buena ley, actualmente se ha presentado esta nueva iniciativa que nosotros estamos analizando, hay cosas que consideramos que son favorables, pero hay alguna que no como por ejemplo que se establece la posibilidad que los contratistas puedan cobrar intereses por atraso algún pago”.

Respecto a los pagos a los contratistas, aseguró: “Puede ser un instrumento que sirva para que algunos contratistas puedan cobrar intereses atrasados o que de aquí en adelante algunos contratistas se atrasen por cuestión propia y justificar el atraso después cobrar intereses, cosas como esas no estamos de acuerdo, pero como bancada estamos en análisis algunos aspectos técnicos de esta iniciativa”.

 

GUTIÉRREZ DE WINAQ: LEY NO ES TÉCNICAMENTE VIABLE

La jefe de bloque del partido Winaq, Sonia Gutiérrez, expresó que votará en contra debido a que la nueva ley es una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado y lo quieren «disfrazar”.

“La bancada Winaq va a votar en contra de la iniciativa de ley, consideramos que no es viable técnicamente esta propuesta puesto que se deja en discrecionalidad a las autoridades y son algunas de las reformas nada más de la Ley de Contrataciones del Estado, pero no es una buena ley como nos la están queriendo disfrazar, sino que más bien son un par de reformas que no trastocan el trasfondo que necesitamos atender”, señaló Gutiérrez.

Además, aseguró: “Sí es importante que se aborde, pero de manera seria, responsable con los análisis técnicos de las otras entidades porque esta es expresa, técnicamente no es viable y la forma es muy ligera que determinó la parte de la comisión, por estas razones no estamos a favor de la iniciativa de ley”.

GPO: LA INICIATIVA TIENE DEFECTOS DE FORMA

El diputado Orlando Blanco integrante del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), bancada que surgió de diputados que no son afines a Sandra Torres, expresó que la Ley de Adquisición del Estado es muy importante para Guatemala, pero la iniciativa planteada tiene defectos de forma y un propósito político.

“La Ley de Adquisición del Estado es la que determina las formas en las que se hacen todas las contrataciones y tomas las adquisiciones por todas las entidades del Estado, sin embargo, nosotros lo que vemos en esta iniciativa que presentó el Ejecutivo no solamente tiene defectos de forma, de técnica legislativa, sino que además tiene un propósito político de cara al próximo proceso electoral”, indicó.

 

En ese sentido, enfatizó: “Es una iniciativa nueva y que fueron conocidos por la Comisión de Finanzas en una sesión y dictaminados en esa misma sesión, cuando la reunión únicamente duró 2 horas desde ahí la llama la atención el grado de responsabilidad y seriedad de los diputados que conforman la comisión”.

Además, Blanco mencionó algunos temas que identificaron dentro de la iniciativa, los cuales son:

1. Se incrementan los montos de las compras directas de bajas cuantías y las adquisiciones por cotización.

Blanco argumentó: “Esto le dará al alcalde al ministro la facilidad de que las compras directas, de baja cuantía o tema de adjudicación poder hacer adquisiciones millonarias en el año electoral”.

“2. Da discrecionalidad a la autoridad competente a que empresa o proveedor le adjudica un contrato”.

 

Blanco señaló: “Creemos que básicamente es facilitar los mecanismos de corrupción para el año electoral”.

CHINCHILLA DE CREO: ESTAMOS EN ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El jefe de bloque de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Oscar Chichilla expresó que están realizando las consultas necesarias con las autoridades competentes para conocer los temas que consideran importantes dentro de la iniciativa como es la discrecionalidad en los pagos.

“Nos reunimos con la Viceministra de Finanzas para hacer un análisis de la ley y ver qué medidas se pueden poner en algunos temas que consideramos que son importantes de la discrecionalidad en los pagos en las contrataciones del Estado y poder ver si podemos colocar algunas normas de transparencia y medidas de los Estados de Calamidad, creemos que podemos hacer algunos aportes positivos y ojalá se puedan apoyar”, indicó Chinchilla.

“Nosotros podamos tener la oportunidad de poner algunas enmiendas y que no cambien la Comisión de Finanzas más los montos de la menor cuantía que creemos que hay compra directa y que se pueda dar muchos malos manejos”, añadió.

BANCADA OFICIAL Y MAYORITARIA SIN RESPONDER

La Hora buscó la postura del diputado, Juan Francisco Mérida del partido oficial, Vamos y con Estuardo Vargas jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, la agrupación más numerosa dentro del Congreso de la República, pero ninguno de los dos respondió a los requerimientos de postura.

 

INICIATIVA ENCIENDE ALARMAS

La Hora publicó la nota “Pese a alarmas, avanza en segundo debate Ley de Adquisiciones del Estado”, donde se dio a conocer los riesgos de aprobarse la referida iniciativa, según explicaron analistas consultados por esta Redacción.

Eddie Cux, de Acción Ciudadana (AC), expresó que con la aprobación de la iniciativa 6141 la alianza oficialista tendrá mucho mayor poder.

“La alianza oficialista va a tener mucho más poder no solamente en la adquisición de bienes y servicios sino también poder político porque esto va incluido, definitivamente en la forma que se va a desarrollar el proceso electoral”, indicó.

Luis Mack, analista independiente, señaló que las adquisiciones estatales son rígidas por su complejidad, sin embargo, con la normativa que impulsa el oficialismo se despiertan varias dudas.

“El tema de adquisiciones o de compras siempre ha sido por un lado demasiado rígido de operar, pero por otro lado tiene ciertas trampas que hacen que a pesar de que sea muy rígido haya posibilidad de saltarse la ley y hacer trampa”, explicó.

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