ATAL, considera que, si bien la iniciativa 6141 contiene algunas “amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público”. Foto: La Hora / Congreso

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), considera que, si bien la iniciativa 6141-Ley de Adquisiciones Públicas-, contiene varias reformas que “apuntan a mejorar la agilidad de las contrataciones públicas”, también contiene algunas “amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público”.

Según la alianza, la aprobación “exprés” del dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas “resulta particularmente preocupante”, ya que asegura que un buen proceso legislativo se nutre a través de la discusión y el debate de los diferentes actores en la sociedad.

ATAL está conformada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Fundación 2020.

De acuerdo con un comunicado emitido por la alianza este miércoles, la propuesta de ley incluye los refuerzos al Registro General de Adquisiciones del Estado; la inclusión de un proceso de enajenación de bienes; y, el ajuste de procesos, como el de la subasta electrónica inversa, aspectos que son “positivos y deseables”.

ATAL: AMENAZAS AL GASTO PÚBLICO

Sin embargo, destacó que la iniciativa también contiene amenazas a la calidad del gasto público como:

– El aumento injustificado de los montos de las modalidades de adquisición y la eliminación del arbitraje.

– La eliminación de los certificados de disponibilidad presupuestaria en el momento de la oferta en las adquisiciones.

– La posibilidad de que las municipalidades realicen la contratación de bienes y servicios de forma directa (compra simplificada) mediante la creación de una nueva excepción para “emergencias”.

 

INICIATIVA NO CORRIGE LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA

Para ATAL, dicha iniciativa “no corrige ninguna de las debilidades profundas del sistema de inversión pública.

Por esta razón, asegura que la propuesta no estará abordando mejoras a la construcción y mantenimiento de infraestructura básica, ni proveería mecanismos de supervisión de la obra pública, aspectos que debieron ser abordados en una discusión técnica y profunda que este tipo de reformas ameritan.

Además, agregan que en el país se ha planteado la necesidad de una nueva ley que separe la contratación de obra pública, de la compraventa de insumos y de la contratación de servicios. Sin embargo, esta nueva ley no resuelve este problema de diseño “sino más bien lo mantiene”.

RECOMIENDA UNA DISCUSIÓN TÉCNICA ANTES DE APROBARSE

Bajo ese contexto, la alianza recomienda que la aprobación en el Congreso de una nueva ley de adquisiciones tenga el respaldo técnico y la discusión necesarios para que se logre el debido equilibrio entre agilidad y transparencia en el gasto.

“El texto de la iniciativa podría verse sustancialmente mejorado si se permite a los expertos participar en la discusión. Esto es algo que debe darse en el Congreso de la República previo a la posible aprobación”, se lee.

SUGIEREN HACER PÚBLICO ESTUDIO

ATAL también sugiere que se haga público el estudio que se menciona en la exposición de motivos, mediante el cual se hizo el diagnóstico y se justifica la iniciativa 6141.

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