La rapidez con la que se pretende aprobar la iniciativa alimenta la desconfianza hacia el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Foto: La Hora

La “prisa injustificada” con la que se está gestionando en el Congreso de la República la aprobación de la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones Públicas, “alimenta la desconfianza hacia el oficialismo” y agudiza el descontento ciudadano por los “escándalos de fraudes y corrupción” relacionados con las contrataciones del Estado, según un comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

A criterio del Icefi, por su volumen (139 artículos) y por ser las adquisiciones públicas “un área crítica y fundamental de la política fiscal”, de ser aprobada, reemplazaría la actual Ley de Contrataciones del Estado, por ello remarcó que esta iniciativa debe estudiarse a profundidad.

 

RAPIDEZ PARA SU APROBACIÓN

Sin embargo, “en un proceder contrario a estos principios”, la alianza oficialista ha mostrado rapidez para concretar su aprobación. El miércoles 21 de septiembre el Pleno la conoció y la trasladó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), para estudio y solo dos días hábiles después, la Comisión la dictaminó favorablemente con modificaciones, “un plazo a todas luces demasiado corto para discutir una propuesta de esta magnitud e importancia”, según la entidad.
Posteriormente, el miércoles 28 la alianza oficialista en el Congreso la aprobó en primera lectura, y hoy, 5 de octubre, figura como prioridad en la orden del día para su aprobación en segundo debate.

“SE ALIMENTA LA DESCONFIANZA AL OFICIALISMO”

Según el Icefi, la rapidez con la que se pretende aprobar dicha iniciativa “alimenta la desconfianza hacia el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y sus aliados oficialistas en el Congreso, quienes asegura ya poseen “antecedentes muy graves de tácticas parlamentarias ilegítimas y equivocadas”.

 

Para la entidad, un claro ejemplo del cuestionado historial del oficialismo fueron los incidentes ocurridos en noviembre de 2020 con la discusión del presupuesto para 2021, que generó protestas ciudadanas masivas y “una represión brutal y violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

La urgida aprobación de la 6141 y la negativa a discutirla puede agudizar el descontento ciudadano, de acuerdo con el Instituto, pues el descontento ya está quebrantado por los “escándalos de fraudes y corrupción demasiado frecuentes en las compras y las contrataciones que realizan las entidades públicas”.

ICEFI: NO ES UNA NUEVA LEY

El análisis de la iniciativa 6141 del Icefi determinó que la gran mayoría del texto contenido en la propuesta coincide con la Ley de Contrataciones del Estado actual, por lo que a su criterio no se trata de una ley nueva, sino de otra reforma.

“Además de reproducir mucho del texto hoy vigente, no propone una reforma estructural hacia un nuevo y mejor sistema de adquisiciones públicas (…) la cantidad de artículos o aspectos nuevos es mínima, algunos con una redacción igual o muy parecida”, detalla el documento.

LOS CAMBIOS DE FONDO

De acuerdo con el Icefi, en lo que respecta a los cambios de fondo de la iniciativa en comparación con la ley vigente, destacan los siguientes:

La atención de las demandas de algunos sectores para actualizar los montos a partir de los cuales son obligatorias ciertas modalidades de adquisición pública.

La creación de una nueva modalidad de adquisición pública, el convenio marco, con características similares al contrato abierto existente.

El reemplazo de las juntas de adjudicación por comisiones de evaluación.

Cambios en la definición de autoridades responsables de adjudicar negocios.

Nuevas reglas para el caso de proveedor único.

Normativa nueva para la enajenación de bienes del Estado.

Cambios a las normas para establecer precios de referencia.

Mecanismos para atender emergencias.

 

LOS PROPUESTAS CUESTIONABLES

Por otra parte, los “cuestionables o preocupaciones” detalles que el Icefi identificó en la iniciativa, por ser disposiciones “que podrían resultar muy vulnerables a la corrupción y el abuso”, son estas propuestas:

El caso de excepción específico para las municipalidades.

La supresión del certificado de disponibilidad presupuestaria como requisito para casos en los que se permite la omisión del contrato.

 

RECOMIENDAN DEVOLVER LA INICIATIVA A LA COMISIÓN

De esa cuenta, el Instituto manifestó que el Pleno del Congreso debe devolver a la (CFPM), la propuesta para discutirla y analizarla técnicamente con transparencia e inclusión.

“Sin un análisis técnico profundo y minucioso, acompañado de explicaciones por parte de las autoridades del Ejecutivo y los ponentes de la propuesta, la aprobación de esta iniciativa de ley es peligrosa, especialmente por las propuestas que se han identificado ya como preocupantes o cuestionables”, se lee.

Además, el Icefi destaca que, “una vez más” no se emprende un esfuerzo de reforma estructural, que tenga por objetivo lograr acciones integrales para un sistema nacional de adquisiciones públicas.

Por esta razón, recomienda incluir en la discusión a la sociedad civil organizada, centros de pensamiento, academia y sector privado empresarial, ya que la discusión de una ley tan importante “debe ser transparente, técnica, abierta e inclusiva”.

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