Fernando Mollinedo C.
El desvío de recursos públicos es histórico; ningún gobierno en ningún momento puede levantar bandera blanca, la diferencia está en la forma de castigar a quienes los cometen, en algunos países los fusilan, después de rápidos procesos judiciales. En Guatemala, durante el “primer gobierno de los empresarios” los legisladores determinaron el inicio de la “renovación moral de la sociedad” al institucionalizar la corrupción y abrogar del Código Penal el artículo del enriquecimiento ilícito.
Lo anterior abrió la puerta para que la mayoría de funcionarios y empleados estatales junto con sus colaboradores más cercanos que incurrieron en la comisión de delitos en contra del patrimonio del Estado, tales como robo, hurto, coacción, cohecho pasivo y activo, desviación de recursos financieros, apropiación indebida y otros, fueran “castigados” por el sistema judicial con penas y/o condenas “tan severas” como arresto domiciliario, libertad bajo caución económica, libertad vigilada y otras formas para atenuarles la verdadera responsabilidad por los ilícitos cometidos.
La ignorancia del derecho administrativo, la leyes constitucionales y ordinarias por parte de la mayoría de personas que se desempeñan como funcionarios y empleados en las áreas administrativas del Gobierno, los hace tomar decisiones y determinaciones con su lógica común, lo cual no está acorde a las circunstancias que merecen la aplicación de las leyes y reglamentos atingentes.
Al estar capturados y presos, alegan en sus declaraciones ante los jueces y la prensa, con una desfachatez digna de Ripley, que “LA CORRUPCIÓN ES NORMAL”, que en otras instituciones y dependencias del Estado “se roba más”, que eso se “ha venido haciendo desde hace muchos años atrás”, que eso “está reglamentado” exigen que se les “respete con todo y su botín” y mil obscenidades más con tal de eludir la responsabilidad penal que no puede ser protegida por el poder que ostenta en la institución o dependencia afectada por su conducta delictiva.
El problema de la corrupción institucionalizada son los gobiernos ocurrentes e ignorantes; de futbolistas analfabetas, comerciantes y empresarios iletrados, profesionales vergonzantes, ejecutores de venganzas disfrazadas de justicia, y con un buen espacio para la permanencia de los poderes fácticos entre los que destaca el dinero del narcotráfico, pues se les ocurre cada “mulada”, que da “espanto” y que, los pinta tal cual son: ¡PATACHO!
La ausencia del poder ciudadano generó la complicidad de los “tres poderes” del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en contra de la población que reiteradamente exige EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER por medio de las actuaciones honestas y apegadas a la ley.
Una sociedad que no fue educada con valores éticos porque el mismo Estado le niega el derecho a educarse, es permeada por la propaganda y publicidad que los induce a aceptar la idea que la exigencia del cumplimiento de la ley es sinónimo de terrorismo, vandalismo y chantaje hacia los “pobres empresarios, banqueros, agroexportadores, industriales, ganaderos, comerciantes inescrupulosos” y sobre todo, contra el “gobierno de turno”.
