Eduardo Villatoro
Conforme transcurren las semanas y los días, nuevas oscuras facetas se van descubriendo o develando por sí solas en el desarrollo del proceso encaminado a celebrar las elecciones, que en vez de despejar la incertidumbre acrecienta las dudas en torno a que de persistir la tendencia de no aplazar los comicios, no concederle valor vinculante al voto nulo, y que de aprobarse las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no cobrarían vigencia hasta dentro de cuatro años, para que caciques políticos continúen aprovechándose de la fragilidad del sistema dizque democrático, y la población quede atada por un periodo más a los intereses de los sectores oligárquicos dominantes.
Llama la atención que entre quienes defienden la celebración de las elecciones en la fecha prevista por el Tribunal Supremo Electoral y los que arguyen que anular el voto desperdiciarían la oportunidad de escoger entre los candidatos presidenciales al aspirante que podría levantar el clamor popular para terminar con la corrupción, el nepotismo, la violencia delincuencial y otros graves males que tienen postrada a la sociedad ante los ávidos financistas y sus instrumentos políticos, se incluye a estos mismos, a funcionarios que temen ser objeto de persecución penal, y, en fin, todos aquellos que apuestan por el inmovilismo, para que sus intereses personales, familiares o sectarios se antepongan sobre cualquier asomo de justicia social.
Quizá el principal argumento que esgrimen quienes se oponen al cambio de la fecha de las elecciones, ya sea de buena fe o por mantener inalterable el estatus quo en que se refugian, es que es imprescindible defender la estabilidad, gobernabilidad y el respeto a normas constitucionales que son pilares del modelo político, “para no quebrantar la democracia”, como si el gobierno del aún presidente Pérez y sus antecesores fueran el mejor ejemplo de este sistema que en Guatemala ha sido y es violado, atropellado y vulnerado constantemente por los que se apoderaron del poder político, coludido con viciosas cúpulas empresariales.
Esa resistencia a las enmiendas que deberían transformar pacíficamente las caducas e injustas estructuras en todos los ámbitos que prevalecen en el país, lo mismo la sustentan los políticos que se abrigan al amparo de la impunidad, empresarios que se cobijan con el manto de la corrupción y hasta dirigentes sindicales que, de repente, saltan a la plataforma mediática después de permanecer sospechosamente en silencio, como individuos de la talla de Luis Lara y Joel Acevedo, quienes se han apoderado de organizaciones sindicales desde hace lustros, y que deberían ser objeto de investigaciones para determinar si sus bienes y fortunas corresponden a los salarios que devengan, y, de esa cuenta, despejar los rumores acerca de que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública es propietario de farmacias y que diariamente percibe mil quetzales del Estado para financiar sus actividades sindicales, y las especulaciones sobre un presunto enriquecimiento ilícito del dirigente magisterial.
(Mientras tanto -masculla el precipitado Romualdo Tishudo-, las Mesas de Trabajo en el Congreso siguen el ritmo vertiginoso de los ágiles y hábiles diputados).
