Víctor Ferrigno F.
A la memoria de Refugio, mi querida madre.
Han pasado cuarenta y dos años de la masacre en la Embajada de España, y la demanda sigue viva: exigimos que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por este crimen de Estado ya hubo verdad y justicia, pero no existió reparación ni garantías de no repetición. Eso permitió que, décadas después, durante el gobierno de Jimmy Morales, 41 niñas fueran abrasadas vivas en el estatal “Hogar Inseguro Virgen de la Asunción”, crimen por el que el comediante debe responder.
Por eso, quienes nos oprimen pretenden ocultar o tergiversar nuestra memoria colectiva, para enajenarnos y dominarnos con mayor facilidad. Esclarecer hechos como la masacre de la Embajada de España es sano, permite desentrañar la verdad histórica y demandar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hacerlo bien es la única salvaguardia para evitar que vuelvan a suceder hechos tan dolorosos, para impedir que el Estado sea instrumento de muerte, en lugar de ser garante de vida, de paz y de desarrollo.
Este año, honramos la memoria de nuestros héroes y mártires en un clima de incertidumbre y obscuridad, pues el crimen organizado ha cooptado la institucionalidad estatal y manipula al aparato de justicia. Sin embargo, gracias al valor y perseverancia de las 36 mujeres achí violadas y esclavizadas hace cuarenta años, en la aldea Xococ, de Rabinal, Baja Verapaz, lograron que sus victimarios fueran condenados, después de diez años de litigio. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) registró, en Rabinal, ocho masacres de 1981 a 1982, y dio cuenta que fueron desaparecidas y/o asesinadas unas 10 mil personas. Los crímenes se atribuyen a comisionados militares, Ejército y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una estructura paramilitar sindicada de actos violentos, como abuso sexual en contra de mujeres maya achí.
En este esfuerzo colectivo jugaron un papel de primer orden las tres abogadas mayas que asesoraron a las mujeres vejadas: Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul, quienes escribieron un nuevo capítulo en la historia del país. Remontando la discriminación, el racismo y el machismo tribunalicio, lograron que las mujeres achí, que denunciaron violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno, presentaran su testimonio con pertinencia étnica, jurídica y de género, lo que contribuyó a que éste fuera creído por el tribunal. «Las violaciones sexuales representan ignominia contra las mujeres. Las autoridades, en lugar de protegerlas, las convirtieron en objetivo de guerra», señaló el tribunal colegiado en la sentencia.
En este proceso paradigmático también jugó un rol relevante la asistencia psicosocial brindada a las querellantes, quienes han sido revictimizadas en los tribunales y en su comunidad. Fue conmovedor observar cómo la psicóloga Melissa González sostuvo la mano de Pedriza López de Paz, mientras relataba el infierno que vivió, cuando ella tenía doce años, y fue violada múltiples veces por los efectivos castrenses. “Me quedé sangrando un mes», declaró compungida de dolor, pero asistida por la sororidad de la mano que supo darle apoyo y ternura.
Para que hubiera justicia fue determinante el rigor legal y la amplitud de miras del Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por el togado Gervi Sical Guerra, y las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante. En su sentencia reconocieron la violencia sexual como arma de guerra, por lo que ordenaron que el Ministerio de la Defensa organice un acto público para pedir perdón a las querellantes, en la aldea Xococ, lugar de origen de varias de las sobrevivientes y de los expatrulleros de Autodefensa Civil que fueron condenados, además de formar a sus efectivos en materia de DD. HH. En total, suman doce las medidas decretadas para que haya reparación digna y garantías de no repetición.
Por todo lo anterior, los memoriosos seguiremos recordando a las víctimas y demandando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. «Nada se nos ha olvidado, nadie se nos ha olvidado, las víctimas del genocidio claman justicia», reza la placa que se develó, en 2001, en la vieja sede de la legación española, compromiso que habremos de honrar.
