Walter Juárez Estrada.
Hasta ahora el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral mantienen en vilo a la población acepta para votar, al retrasar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos norma que regula los eventos electorales, pero hay dudas razonables de la imparcialidad de los magistrados en razón que el actual presidente Ranulfo Rafael Rojas Cetina uno de los suplentes tiene abierta una investigación en el Ministerio Público, cuando se denunció que los referidos togados en su hoja de vida que presentaron al Legislativo, era imprecisa y de dudosa credibilidad al asegurar que habían “obtenido un doctorado” en una Universidad privada que a la postre resulto que aún pendían cerrar el doctorado en derecho constitucional quedó evidenciado al destituirse al decano y a la Secretaria de la unidad académica por falsedad.
Queda demostrado una vez más que el ente investigador como es el Ministerio Público, actúa con imparcialidad, por lo que es aconsejable que antes que se oficialice para el 20 de Junio del 2023 las elecciones generales y un eventual balotaje para el 20 de agosto los jueces electorales resuelvan las imputaciones, pues de no hacerlo se duda de la imparcialidad en el próximo proceso electoral, donde más de 7 millones de ciudadanos están aptos para votar para elegir a los jefes del ejecutivo a los 160 diputados y a los alcaldes y su concejo en los 340 municipios que está formada la República.
También se duda la imparcialidad de los magistrados Mynor Franco, por tener afinidad con la dirigente de la UNE. Sandra Julieta Torres Casanova, de Blanca Alfaro, por haber sido frustrada candidata vicepresidencial con el ex alcalde de Villa Nueva Edwin Escobar que está sujeto a los tribunales por la compra ficticia de un inmueble en ese municipio y del ministro de Trabajo Gabriel Aguilera Bolaños.
La actual Ley Electoral y de Partidos Políticos está contenida en el Decreto 1-85, pero es imperativo reformas, las que están engavetadas en el Congreso, que ha habido presión de varios sectores que han pugnado por dichas reformas y lo más importante que no se permita el transfuguismo que ha sido en el correr de los años una vieja práctica de los diputados y políticos mañosos que se venden al que más dinero les da. La misma ley regula que, queda prohibido a a las organizaciones políticas recibir contribuciones de cualquier índole de los Estados y de personas individuales o jurídicas extranjeras, Pero desgraciadamente en la práctica esto no es como la norma lo indica, pues en todos los procesos electorales los aspirantes a cargos públicos y los dirigentes políticos reciben fueres sumas de dinero con la advertencia que el aporte es anónimo, lo que ha dado lugar que los beneficiados con esos fondos estén imputados por financiamiento ilícito no declarado. Prueba de ellos es el proceso incoado contra Torres Casanova, que según se sabe se postulara por tercera vez para a la presidencia, a sabiendas que, en los dos procesos anteriores, ha quedado relegada a un segundo lugar y sus aspiraciones se han visto frustradas como voto de castigo.
Lo importante es que el proceso electoral próximo, se desarrolle dentro del marco de la Constitución, su ley y su reglamento, pero insistimos, reformar dicha ley, para adecuarlas a los cambios que han habido y dar seguridad y certeza a los ciudadanos, de lo contrario, las próximas elecciones, serán un fracaso y el gran ganador podría ser el abstencionismo.
