Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

post author

Por: Adrián Zapata

El proceso de definición del nuevo Fiscal General ya está en marcha. En el marco del respeto a la institucionalidad, a pesar de haber sido violada hasta la grosería por las redes político criminales, la elección de este alto cargo es trascendental. El MP es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

De acuerdo al Índice de Percepción sobre la Corrupción en el año 2021, recientemente publicado, nuestro país está ubicado en el lugar 150 de 180 países considerados. Su calificación es de 25 sobre 100. A Guatemala se le considera entre los países que han sufrido una caída significativa en los últimos años.

La CICIG, durante la administración de don Iván Velásquez, produjo un terremoto que cimbró los cimientos de la corrupción y la impunidad. Pero a este terremoto siguió un tsunami en sentido contrario, que no sólo barrió con los significativos pero insuficientes avances logrados, sino que ha producido una regresión a condiciones aún peores que las preexistentes. Se aglutinaron los afectados por ese intento de combatir la corrupción y la impunidad, decidiendo que “nunca más” ocurriría tal atrevimiento. El resultado exitoso de esa decisión es la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de las redes político criminales y sus aliados, implícitos o explícitos.

En este lamentable contexto, Consuelo Porras ha sido señalada como la adalid más visible del llamado Pacto de Corruptos. La verdad es que únicamente es la punta de un iceberg.

Tiene el “mérito” de haberse convertido en la nave insignia de la flota que navega en el mar de la impunidad prevaleciente. Nadie puede señalarla de “incoherente”, menos de “desleal” con quienes la apoyan.

Se ha batido sin ambages frente a todos aquellos que, a nivel nacional e internacional, presionan porque el Ministerio Público juegue el papel que le corresponde en una república democrática.

Quienes gobiernan, liderados por el presidente Giammattei, han hecho de la defensa de la cooptación del Estado que han logrado, una bandera demagógica de reivindicación de soberanía. Y en esta cruzada se han enfrentado, como nunca antes se había visto, a la potencia hegemónica, a los Estado Unidos. Esta conducta pareciera tener su fundamento de necesidad, porque podrían no sobrevivir impunes si la justicia funcionara.

Es en este contexto que hay que considerar la justa lucha que muchos actores están librando para evitar que la actual Fiscal pueda continuar en el cargo.

Seguramente consideran que es de tal magnitud de cooptación de la institucionalidad estatal que las redes político criminales han logrado, que desmontarla requiere gradualidad y, en esta estrategia, recuperar al MP podría ser un primer paso notable.

En todo caso, lo que no puede ignorarse es que la lamentable realidad que actualmente vivimos tiene la profundidad acá referida. Consuelo Porras no actúa, de manera alguna, en aislado. El iceberg tiene la magnitud mencionada. Los poderes que subyacen seguramente tendrán otras, tal vez muchas, cartas para sustituirla y seguir jugando el mismo juego.

Sin embargo, lograr que no continúe puede servirnos de consuelo, en el sentido de pensar que se habría dado un avance importante. Si no se logra y ella continúa el desconsuelo se profundizará.

Artículo anteriorVerdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
Artículo siguienteLos pendientes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso