Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt
En repetidas ocasiones, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera e incluso el vocero presidencial Heinz Hiemann han señalado al Congreso de realizar “excesivas” citaciones a funcionarios del Estado que, según ellos, ha afectado directamente a su desempeño.
La Hora realizó una investigación para corroborar las declaraciones del Ejecutivo sobre el tema y de acuerdo a los números manejados desde el 14 de enero hasta noviembre, a través de las comisiones o de las bancadas, menos de 600 citaciones se realizaron durante 2016.
Destacan las 82 citaciones que realizó la Comisión de Vivienda, pero de estas, únicamente hubo 17 asistencias de “altos funcionarios”, en las que no se incluyó en ninguna ocasión a un miembro del Gabinete.
Las citaciones, de acuerdo al Ejecutivo, también fueron la principal razón por la que en agosto, el entonces ministro de Salud, Alfonso Cabrera, renunció al cargo. El día en que asumió la ministra Lucrecia Hernández Mack, dijo que esperaba que el Congreso la dejara trabajar.
DECLARACIONES EXAGERADAS
El presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Legislativo, Luis Hernández Azmitia, aseguró que el Ejecutivo incluso declaró que se realizaron al menos 160 citaciones al entonces ministro Cabrera, algo que califica de “absurdo” pues en ese momento no se cumplían los mismos días de actividad parlamentaria.
“Yo creo que esas declaraciones son exageradas viniendo de un gobierno que deja mucho que desear, nosotros como comisión debemos darle acompañamiento y fiscalizar a los funcionarios y quisimos llegar a consensos por la peor crisis en salud que atravesó el país en la historia durante este año”, indicó el diputado.
ALGUNOS DIPUTADOS DESVIRTÚAN FISCALIZACIÓN
Por su parte, la jefa del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro aseguró que las declaraciones del ejecutivo tienen cierto grado de razón debido a que algunos malos parlamentarios “han desvirtuado” la labor fiscalizadora.
Asegura que es a través de este derecho constitucional que los congresistas han realizado “una suerte de extorsión a manos abiertas para conseguir favores políticos, obras y poder”.
Pero Montenegro analiza que es poco solvente que un gobierno exprese esto cuando “la ineficacia, la ineficiencia no se la quita nadie a esta gestión pues vemos que tienen una pésima ejecución presupuestaria y una incapacidad de formular políticas públicas”.
