Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt
Asesores, secretarias y asistentes tendrán un contrato laboral desde el 3 de enero para todo el 2017 ya que, según el tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Rudy Castañeda, son alrededor de 450 contratos los que se otorgaron desde finales de diciembre.
Dicho personal es el que por derecho puede tener a su cargo cada diputado dentro del Legislativo, por lo que es a solicitud de cada parlamentario que ya fueron extendidos los contratos que inician su vigencia en el primer día hábil del otro año.
Respecto a los contratos de carácter administrativo bajo el renglón 022, Castañeda dijo que como parte de la gestión del presidente Mario Taracena y para “evitar malas interpretaciones se harán los contratos del 3 de enero hasta el 14 de enero para que sea la nueva Junta Directiva la que tome las decisiones”.
Se minimizó realmente para evitar malas especulaciones que generalmente se dieron en el periodo legislativo anterior pues hubo que anular unos contratos que se habían dado en el mes de septiembre con mucha celeridad y queremos hacer las cosas bien y si hay que renovar contratos, que la nueva Junta Directiva lo haga, dijo Castañeda.
El parlamentario explicó, además, que desde el 23 de diciembre en el palacio legislativo se puso en marcha una planificación para turnar la asistencia de algún personal en el área administrativa, de auditoria y en la Dirección Legislativa.
Castañeda añadió que estas medidas administrativas las atendieron para cerrar el ciclo pero, además, las hicieron de esa manera pues la nueva Junta Directiva, encabezada por el diputado Oscar Chinchilla puede revocar cualquier decisión que los directivos actuales tomen.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, está a cargo de los integrantes de la Junta Directiva tomar decisiones en materia administrativa, y, si así lo deciden, pueden asignar a puestos de coordinación o de direcciones al personal de su confianza.
“Como es fin de año realmente lo que se estaba tratando era de dejar todo bien, no entrar en un periodo legislativo en enero con algunas cosas pendientes y de hecho eso ha sido posible también porque desde el 30 de noviembre hubo mucho personal que se fue del Congreso por el tema del retiro voluntario” explicó.
RETIRO VOLUNTARIO
Este año por el tema del retiro voluntario, el Congreso destinó unos 75 millones de quetzales para liquidar a 274 trabajadores como parte de una norma que establece que los trabajadores que así lo prefieran pueden renunciar con la garantía de un pago de indemnización y un bono por el retiro equivalente a cinco salarios.
La normativa estuvo vigente por seis meses y fue hasta noviembre que los trabajadores pudieron optar a ella.
