Mientras la comisión legislativa de Energía y Minas discute los últimos cambios a la iniciativa de ley con registro 6665, Infraestructura para el transporte de energía eléctrica, el diputado de Alta Verapaz, Fidencio Lima, presentó la propuesta denominada Defensa rural y comunitaria frente a la infraestructura de transporte de energía eléctrica.
La iniciativa 6665, impulsada por la bancada Cabal, busca establecer un régimen especial y ágil para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras destinadas a la expansión del servicio eléctrico, así como reducir las interrupciones en el suministro.
En el proyecto se define como infraestructura para el transporte de energía eléctrica al conjunto de obras del sistema de transmisión declaradas como tales conforme a la normativa, debido a su carácter prioritario para garantizar la seguridad operativa, confiabilidad y continuidad del servicio, además de mitigar la congestión y atender contingencias o riesgos sistémicos.
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Se entenderá como infraestructura para el transporte de energía las obras del sistema de transmisión incluidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica vigente, tanto del Sistema Principal de Transmisión como del Sistema Secundario de Transmisión, cualquiera sea su modalidad de ejecución conforme a la Ley General de Electricidad.
Además, los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y obras por ejecutar por iniciativa propia.
En dicha iniciativa se atiende la declaración de servidumbres, por lo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) han hecho observaciones para respetar lugares declarados bajo esa categoría, especialmente en el artículo 21 de la Ley de Áreas Protegidas.
PROMUEVE CONSENTIMIENTO Y CONSULTA PREVIA
El congresista Lima llegó al Congreso de la República con el partido Visión con Valores (Viva) y, debido a cambios internos, busca su reelección con el partido Valor.
Su propuesta de ley plantea garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada, la continuidad de las actividades agrícolas, agropecuarias, forestales, de explotación de recursos naturales y de cualquier otra actividad económica rural lícita. También contempla el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades campesinas ante proyectos de infraestructura de transporte de energía eléctrica.
Asimismo, establece que el consentimiento previo debe ser un requisito, ya que ninguna obra de transporte de energía eléctrica podrá iniciar el diseño, trazado, tendido, instalación, construcción, operación o mantenimiento de infraestructura de ningún tipo sobre bienes de propiedad privada.
“Cuando un proyecto de infraestructura de transporte de energía eléctrica pueda afectar directamente tierras, territorios o recursos naturales de pueblos indígenas o comunidades campesinas, el ejecutor de la obra y las autoridades competentes deberán garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 66 de la Constitución”, resalta el artículo 13 de la iniciativa de ley.
A la vez, se establece que la CNEE deberá contar con un registro público de los convenios de autorización suscritos entre ejecutores de obras y propietarios, con el objetivo de garantizar la transparencia y trazabilidad de las autorizaciones otorgadas voluntariamente.
Empresarios del sector eléctrico se han pronunciado sobre las dificultades para construir líneas de transmisión de energía, uno de los factores que inciden en que el área rural no cuente con el servicio eléctrico.
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