Luego de que el presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros, declarara Estado de Calamidad Pública en ocho departamentos del país, según el Acuerdo Gubernativo 3-2022, que el Congreso amplió este miércoles a todo el país, dos Cámaras Empresariales evalúan el impacto económico por los daños en la infraestructura y sugieren revisar las restricciones que implica esta medida, al limitar derechos básicos como libre locomoción o manifestación pacífica.
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), resalta dos situaciones: primero, la emergencia por las primeras lluvias es un hecho y segundo, la saturación de suelos es alta.
Sin embargo, también destaca que prevalecen deficiencias de origen en cuanto a la infraestructura vial en todo el país que dan como resultado un sistema de contratación colapsado, asociado a la corrupción y favores políticos.
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Mientras que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) destaca las cifras del retraso nacional en indicadores de competitividad mundial, en donde Guatemala ocupa la posición 200 con 1.05 metros de infraestructura vial por cada mil habitantes.
Consideran que es una realidad en la cual persiste la brecha para alcanzar los niveles óptimos cercanos a los 3.1 metros por cada mil habitantes, según parámetros internacionales.
CA-9 SUR, RUTA DE CARGA AL PUERTO Y MÉXICO
De acuerdo con el Cacif, la ruta CA-9 Sur con destino a Puerto Quetzal es de suma importancia para el comercio del país porque por ahí transitan un promedio de 894 contenedores diarios para la exportación e importación de productos.
De acuerdo con sus estimaciones, de este total, un 55% de las exportaciones van con destino a Estados Unidos.
Además, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) esa ruta es utilizada por el transporte de productos hacia México, con cerca de 338 furgones diarios.
Por su parte, Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport, considera que esta situación no es nueva para resolver en medio de la crisis, pues es un hecho anunciado que Guatemala es un país altamente vulnerable ante los fenómenos climáticos.
Expone que el movimiento diario de contenedores es de 2,210 a nivel nacional. Cuando se paraliza la actividad económica tiene un impacto de US$27 millones diarios en exportaciones; mientras que en importaciones se estima en US$54 millones.
“Es una situación que demanda una transformación estructural en la forma de invertir en infraestructura, debe resolverse de fondo, no con la coyuntura, pues el impacto económico es tremendo”, asevera De Estrada.
PRECARIEDAD Y ABANDONO EN INFRAESTRUCTURA
Muestra de esta precariedad y abandono resultan ser los daños en la infraestructura en donde se destruyen con más rapidez los puentes y carreteras recién construidos, que las obras de más larga data, como el caso del Puente Los Esclavos, comenta Caballeros.
Profundiza que estos problemas devienen de varios frentes: Primero, de la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas hacia la cartera de Comunicaciones, orientados para el Fondo de Conservación Vial (Covial).
Como segundo aspecto menciona los trámites en los procesos internos de diferentes dependencias de gobierno, y como tercer punto, una Ley de Contrataciones que genera obstáculos para atender emergencias y que además “no necesariamente garantiza control”.
También destaca que las catástrofes muestran la falta de planificación ante emergencias, de prepararse con antelación y agilidad cada año para asignar recursos y presupuesto específico disponible.
Con 104 votos aprueban el traslado de Q1 mil millones para que sean utilizados para Fondos de Emergencia. Q600 millones serán del Fondo de compras de vacunas y Q400 millones de la Ley de Infraestructura. pic.twitter.com/AmgHVz33zz
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Además, cuestiona que muchos de esos recursos asignados ya están comprometidos, como la asignación del Minfin al Ministerio de Comunicaciones para Covial, por un monto de Q1,296 millones, de los cuales alrededor de Q900 millones correspondían a gastos del año anterior por las tormentas “Eta” e “Iota”.
Según Caballeros, esto ha provocado que a lo largo del año, Covial prácticamente no avance con nuevos contratos para mantenimiento de infraestructura vial.
“El Estado de Calamidad puede ser razonable, pero se hace necesario porque no se planificó con suficiente antelación”, agregó.
Por otro lado, considera necesario exigir que a pesar de la emergencia, los fondos se manejen con transparencia. También demandó que las acciones no vinculen contratos con empresas de diputados, sino que estas correspondan con las calidades profesionales.
AGRO REPORTA POCAS PÉRDIDAS
De acuerdo con el monitoreo de diferentes sectores agrícolas, no se tienen mayor impacto económico directo, con excepción del hule por el exceso de lluvias, con pérdidas de mil toneladas, valoradas en alrededor de Q15 millones.
De momento, productos como azúcar, banano y café no reportaron mayores daños debido al fin de la temporada de cosecha.
Los mayores impactos se dieron en comunidades de zona occidente y central con pequeños productores de vegetales y hortalizas.
¡URGENTE!
Planificación oportuna, transparencia y controles son necesarios para garantizar infraestructura resiliente pic.twitter.com/ar4887NTnQ
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REVISIÓN DE FONDO
Fanny de Estrada resalta que estas situaciones se vienen repitiendo en los últimos 30 años. “El país pide a gritos un cambio, cuando la actividad económica ha crecido 15 veces, pero la mecánica de tomar decisiones en el Legislativo se mantiene igual”, lamenta.
Asimismo, sostiene que esto solo puede modificarse con cambios de fondo en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Servicio Civil.
Además, que se retome con urgencia la aprobación de la ley de infraestructura vial que tiene cuatro años de estar engavetada en el Congreso.
RESPETAR LOS DERECHOS
Según Caballeros, también se debe revisar los derechos que se están restringiendo, pues pudieran exceder la Ley de Orden Público, como la restricción del derecho a portación de armas.
También se puede estar excediendo por esta situación algunas otras libertades restringidas como la de libre locomoción o derecho a manifestación pacífica.
Diario La Hora buscó la postura de representantes de las Cámara de Comercio y de Industria, pero los directos se excusaron de emitir opinión.
