El 30 de noviembre finalizó el segundo periodo ordinario en el Congreso de la República y aunque el oficialismo junto a sus aliados aprobó varias iniciativas de ley a favor del Ejecutivo, alcaldes, entre otros, algunas no corrieron la misma suerte porque encendieron las alarmas y por ahora no prosperaron.
Durante los cuatro meses de trabajo legislativo al menos seis iniciativas no avanzaron o no obtuvieron los votos necesarios para su aprobación.
Por ello, esta Redacción efectuó un recuento de las propuestas que generaron reacciones y buscó la opinión de analistas al respecto.
Autoridades de los 48 cantones rechazan la iniciativa 6155, "Ley para el uso racional y legítimo de la fuerza", ya que argumentan que es una versión actualizada de la 6076 que autoriza a la PNC y Ejército el uso de la fuerza. pic.twitter.com/7dqyyyXYO6
— Diario La Hora (@lahoragt) October 26, 2022
LEY ANTIMANIFESTACIONES
La iniciativa 6076, “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, fue una de las primeras discutida al inicio del segundo periodo ordinario, la cual disponía que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones.
Aunque logró avanzar hasta el segundo debate, la sociedad civil, organizaciones y las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán se pronunciaron en contra, por lo que los integrantes de la Junta Directiva del Congreso se comprometieron a no volver a agendarla en las próximas sesiones y a engavetarla.
LEY DE CIBERDELINCUENCIA
Los diputados del Congreso de la República aprobaron la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, que tenía como objeto crear normas penales para prevenir los delitos de ciberdelincuentes y categorizaba con penas de cárcel a quien cometiera una falta en el ámbito digital. La misma creó controversia en la población, ya que señalaron que podría vulnerar la libertad de expresión.
Sin embargo, fueron presentadas objeciones y observaciones que recibieron la mayoría de los votos por parte de los legisladores presentes en el pleno del Congreso, por lo que la normativa quedó archivada.
Da inicio la cuadragésima primera sesión ordinaria en el Congreso, en el cual se conocerá las objeciones y observaciones de la ley de Ciberdelincuencia. pic.twitter.com/ZO6IsMl0jP
— Diario La Hora (@lahoragt) August 24, 2022
LEY QUE DEJABA FUERA LA FISCALIZACIÓN DE CHN POR FONDOS DE COVID-19
La iniciativa 6120 “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID” buscaba que la Superintendencia de Bancos fuera el ente fiscalizador de los programas por Q11 mil millones aprobados para atender la emergencia por el COVID-19 y dejar fuera a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El 24 de agosto, a pesar de las opiniones en contra de diputados de oposición, la iniciativa avanzó en primer debate.
En ese sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó su preocupación en su momento por el avance acelerado en el proceso de aprobación de la iniciativa de ley y advirtió que la misma dejaría fuera de la fiscalización al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
LEY DE SUPERMINISTERIO
La iniciativa 6054, que pretende convertir al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como el ente rector y con control del presupuesto de cinco instituciones de competencia ambiental logró tener el dictamen favorable por parte de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, aunque fue propuesta en la agenda para ser conocida por el pleno en las discusiones fue retirada.
La normativa fue planteada el 22 de marzo por la mayoría de los que conforman la Junta Directiva, encabezada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, junto con los diputados Aníbal Rojas, Carlos Enrique López, Julio César Longo, Efraín Menéndez Anguiano y Marvin Alvarado, todos de la alianza oficialista.
El proyecto fue promovido por el diputado Aníbal Rojas Espino y de aprobarse daría el control de varias instituciones a la cartera que dirige su hermano, Mario Rojas Espino.
#AHORA: el Pleno del Congreso conoce en primer debate la #Iniciativa6065, que propone reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Aquí más información sobre las reformas propuestas.👇
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LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO
La iniciativa 6141, “Ley de Adquisiciones del Estado” que tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen diferentes instituciones de Estado, así como elevar los montos en algunos tipos de compra fue presentada el 20 de septiembre por el Organismo Ejecutivo.
Posteriormente fue conocida por el pleno y trasladada a la Comisión de Finanzas el 21 de septiembre, dicha sala legislativa la dictaminó a favor el 26 de septiembre, hasta el momento logró avanzar al segundo debate.
Según la iniciativa, los Organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, así como todas las que pueden recibir un aporte económico por parte del Estado deberán regularse con dicha ley.
REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACIONES
El 16 de noviembre, avanzó en primera lectura la iniciativa 6065, la cual dispone reformar la Ley de Contrataciones del Estado para ampliar los techos de compras directas a las municipalidades hasta por Q2 millones en modalidad de cotización en pleno año electoral.
La misma fue presentada a la Dirección Legislativa el 25 de abril pasado por los diputados del partido oficial y sus aliados, entre ellos Shirley Rivera, Manuel Conde, Carlos Nájera, Maynor Mejía, Juan Francisco Mérida, Aníbal Rojas y Patricia Sandoval, entre otros.
De acuerdo con el dictamen recién aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de Congreso, se reformaría el artículo 38 que menciona el monto de la compra o contratación de los bienes, obras, suministros o remuneración de los servicios podrán hacerse por el sistema de cotización de la siguiente manera:
Para las municipalidades y sus empresas municipales, cuando exceda de Q200 mil y que no supere los Q2 millones.
El plazo máximo para pagar el préstamo será de 40 años. Aquí más detalles 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/xXrrJ3My48
— Diario La Hora (@lahoragt) December 6, 2022
Para el Estado y otras entidades cuando exceda de los Q90 mil y que no supere los Q900 mil. La propuesta de ley provocó reacciones adversas de ICEFI, CACIF, así como otras entidades académicas y empresariales; fue retirada de la agenda por los diputados tras esas reacciones.
ORTIZ: EJECUTIVO NO HA TENIDO RESPALDO EN AGENDA PROPIA
Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo expresó que el oficialismo solo contó con el apoyo en los Decretos que tenían respaldo popular, pero para las leyes que son de beneficio el oficialismo no ha tenido la misma fuerza.
“Yo lo que veo es que se habla mucho del poder que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso, si uno se da cuenta este Congreso aprobó en este periodo 55 Decretos y varios son ratificaciones estados de sitio, estados de calamidad, modificaciones al presupuesto, subsidio al gas propano, energía eléctrica y al diésel la mayoría de decretos que tiene un respaldo popular”, indicó Ortiz.
Por lo anterior, aseguró: “Cuando el Ejecutivo ha querido pasar leyes que solo interesan al Gobierno no ha tenido la misma fuerza dentro del Congreso, la lección interesante de esto es que el Ejecutivo quizás ha tenido eficiencia de mover agenda legislativa de interés común pero no ha tenido el respaldo suficiente para mover agenda que es propia”.
ROSAL: OFICIALISMO CUENTA CON APOYO TEMPORAL
Renzo Rosal, analista político independiente expresó que el oficialismo está rodeado de apoyo, pero que es temporal y que debe de alimentarse periódicamente con incentivos económicos o elementos de carácter material para que se pueda traducir en votos en el pleno.
“Un factor que ha influido es que la supuesta fuerza del oficialismo a veces no lo es tal, el llamado oficialismo es un producto de una especie de pacto que debe de alimentarse periódicamente, no es un pacto de larga duración y que denomino de corta duración que sirven para dar uno o dos pasos, pero para el tercero o cuarto tienen que volver a incentivar ese pacto y los incentivos tiene que ver con carácter económico”, señaló Rosal.
Además, indicó que este año en el Congreso se ha desarrollado una agenda coyuntural de momentos, “como no es una agenda legislativa como tal sino son iniciativas sueltas, demasiadas plagadas de irregularidades y que corren el riesgo de tener inconstitucionalidades que tiene un objetivo en común que es el enriquecimiento y lo han hecho de forma tan evidente que se han pasado la factura”, añadió.
“Ellos han sentido al principio que tenían como todo el acelerador metido y que tenían todas las fuerzas habidas y por haber y ahora en la práctica han comenzado a ver que no todas las fuerzas que creen tener son en realidad y eso tiene que ver en una medida con la cercanía electoral porque estar cerca del oficialismo a veces no ayuda”, aseguró.
LAS LEYES PRIVILEGIADAS POR EL CONGRESO
A pesar de esto, hay muestras de los acuerdos que el gobierno logro alcanzar en el legislativo, por medio de pactos con otras bancadas, como se dio a conocer en la nota: “Préstamo de US$500 millones: se aprueba y Torres se afirma como alidada del oficialismo” en la que los 33 diputados de Sandra Torres se habrían alineado por aprobar un préstamo millonario de US$500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a favor del gobierno.
El apoyo de los legisladores de Torres también se concretó horas antes, durante la aprobación con 108 votos a favor, de la iniciativa 6078, para ampliar por dos meses más el subsidio a los combustibles, así como incrementar el monto, con lo cual quedó en Q7 para el galón de diésel y de Q5 para la gasolina regular y súper.
Además de la aprobación de los subsidios al diésel, la energía eléctrica y al gas propano, así como la ratificación de estados de calamidad y de sitio, en las que el oficialismo sí logró los acuerdos los diputados aprobaron otras leyes como:
1. Ley de Incentivos para Movilidad Eléctrica, la cual propone “facilitar” y promover la importación, compraventa y uso de vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno y sistema de transportación eléctrica dentro del territorio nacional.
2. Ley Temporal de Desarrollo Integral, la cual dispone beneficiar a los veteranos militares para que reciban un pago de Q36 mil cada uno, con la justificación de cumplir con un programa de reforestación.
3. El Congreso eligió al candidato del oficialismo Frank Helmuth Bode Fuentes como nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el período 2022-2026. Bode asume ante la CGC en año electoral.
4. Diputados del Congreso aprobaron el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, uno de los presupuestos más altos de la historia del país, en año electoral, el cual quedó en Q115 mil 443.7 millones, es decir Q1 mil 512 millones más que el presupuesto dictaminado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.
5. Elección de Junta Directiva 2023-2024, presidida por la diputada, Shirley Rivera.
Respecto a los últimos tres temas, varias fuentes explicaron que el oficialismo recibió el apoyo de la UNE a cambio de la inscripción de Sandra Torres como candidata a la presidencia en 2023.
EL FUTURO DE LAS LEYES PENDIENTES
El año 2023 probará nuevamente si las leyes pendientes lograrán pasar en un nuevo año legislativo y conforme a los acuerdos que alcance el Ejecutivo con sus posibles aliados de cara a unas elecciones generales.
