Se habilitaron ayudas sociales para otorgar créditos con intereses blandos a la población, los cuales fueron administrados por el CHN. Foto: La Hora / Redes Sociales

La iniciativa 6120 “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID”, propuesta por la alianza oficialista del Congreso, no solo dejaría exento al Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre los recursos COVID-19 para otorgar préstamos, sino que también le permitiría tener carta abierta para renegociar las obligaciones con aquellos que obtuvieron uno de los créditos.

Debido a la pandemia el presidente Alejandro Giammattei solicitó al Congreso la aprobación de préstamos para financiar programas sociales que promovió su gobierno, por tal razón algunos de estos, que representan deuda pública, fue avalado por medio del Decreto 13-2020 “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19” por un monto de Q11 mil millones.

Registro de la página web del Congreso de la República. Foto: La Hora / Congreso

De esos recursos financieros se habilitaron ayudas sociales para otorgar créditos con intereses blandos a la población afectada económicamente, especialmente a la más vulnerable. Los cuales fueron administrados por el CHN, siendo estos:

• Fondo para la Protección del Empleo, asignación presupuestaria de hasta Q2 mil millones.
• Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, monto de hasta Q3 mil millones.
• Fondo de Protección de Capitales, monto de Q250 millones.
• Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), monto Q400 millones.

De aprobarse la iniciativa de ley de la alianza oficialista, los últimos tres fondos en mención no serían fiscalizados por la CGC, en su lugar lo haría la Superintendencia de Bancos (SIB).

SIN CONOCERSE LOS BENEFICIARIOS, OFICIALISMO QUIERE RENEGOCIAR LAS OBLIGACIONES

Desde que entró en vigencia el decreto antes mencionado, el 9 de abril 2020, a la fecha se desconoce quiénes obtuvieron dichos préstamos, ya que el CHN no ha revelado esa información, excusándose que es secreto bancario.

Sin conocerse quiénes obtuvieron los créditos COVID-19, con la propuesta de la alianza oficialista, el CHN podrá renegociar con los beneficiarios las obligaciones adquiridas. Puesto que el artículo 2 de la referida iniciativa establece:

 

“Reestructuración y Novación de Obligaciones. Para lograr alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, a través de la ejecución de los recursos financieros extraordinarios constituidos por el ´Fondo de Protección de Capitales´, el ´Fondo de Protección al Ahorro´ y el ´Fondo de Crédito para Capital de Trabajo´, EI Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala podrá negociar, reestructurar e incluso novar las obligaciones originalmente adquiridas formalizando los instrumentos necesarios con las personas individuales o jurídicas que hayan adquirido créditos dentro de los fondos señalados” .

ICEFI: ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE DARLE UNA CAPACIDAD DISCRECIONAL AL CHN?

El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos indicó que la propuesta de ley está mal redactada, por lo que permite interpretaciones varias. Además, que el artículo 2 preocupa porque no queda bien claro a qué se refiere.

“Pareciera que el CHN gozaría de discrecionalidad para renegociar algunos de los beneficios que ha otorgado. Nos preocupa mucho que la redacción no coadyuve a una interpretación certera de la norma que se está proponiendo, y eso es muy peligroso”, afirmó Barrientos.

Con relación a “podrá negociar, reestructurar e incluso novar las obligaciones originalmente adquiridas formalizando los instrumentos necesarios”, que establece la iniciativa, el consultor explicó que es una capacidad discrecional.

Documento de la iniciativa de ley del oficialismo. Foto: La Hora / Congreso

Asimismo, detalló que lo grave de la propuesta es que los fondos COVID-CHN quedarían fuera de la fiscalización de la Contraloría. “En la exposición de motivos de la iniciativa de ley no alcanza a explicar con una claridad mínima cuál es el propósito de darle esa capacidad discrecional al CHN”, agregó.

“Es un manejo excesivamente laxo, opaco y muy expuesto a abuso y corrupción”, enfatizó Barrientos.

 

En cuanto a la información de los beneficiarios, explicó que esta deber ser pública y fiscalizable, ya que se trata de gasto público.

La recomendación de Icefi es que esta iniciativa no siga avanzando para su aprobación y regrese a la Comisión de Finanzas del Congreso para que se realice un examen cuidadoso.

INICIATIVA EXPRÉS

La propuesta de “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID” fue impulsada por diputados de la alianza oficialista del Congreso; su proceso de aprobación ha avanzado en un mes.

Asimismo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por Cándido Leal de VAMOS, le dio dictamen favorable.

Los ponentes de la iniciativa son:

1.- Shirley Joanna Rivera Zaldaña, presidenta del Congreso y diputada de VAMOS
2.- Carlos Roberto Calderón Gálvez, VAMOS
3.- Aníbal Estuardo Rojas Espino, alianza oficialista
4.- Karla Andrea Martínez Hernández, Unión del Cambio Nacional (UCN)
5.- Felipe Alejos Lorenzana, TODOS
6.- Juan Francisco Mérida Contreras, VAMOS
7.- Maynor Gabriel Mejía Popol, VAMOS
8.- Carolina Orellana Cruz, UCN
9.- Carlos Enrique López Maldonado, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
10.- Julio César Longo Maldonado, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)
11.- Carlos Santiago Nájera Sagastume, UNE
12.- Efraín Menéndez Anguiano, Valor

Proceso de probación:

• Ingresó a Dirección legislativa el 21 de julio 2022
• Se conoció en el Pleno el 2 de agosto 2022
• Se emitió dictamen favorable el 10 de agosto 2022
• Se dio trámite al primer debate el 24 de agosto 2022

CHN NO INFORMA QUIÉNES RECIBIERON LOS PRÉSTAMOS COVID-19

En octubre 2021 La Hora publicó “Préstamos por Covid: CHN no quiere revelar a quiénes dieron los Q2,300 millones”, en donde se dio a conocer que esta redacción solicitó por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) información sobre los beneficiados con el “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, pero se excusaron con el secreto bancario que regula la Ley de Bancos y Grupos Financieros para no proporcionar los datos.

Además, la diputada del bloque Bienestar Nacional (BIEN) Andrea Villagrán, solicitó una opinión técnica a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) sobre los alcances de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, luego que en dos ocasiones el CHN le negó el listado de beneficiarios del “Fondo de Protección de Capitales”, excusándose con el secreto bancario.

En esa ocasión la PDH resolvió que esa información no aplica el secreto bancario por tratarse de fondos públicos.

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