En una semana el Congreso discutió, aprobó y cerró el capítulo del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Pero detrás de la reforma técnica hay una jugada política concreta, documentada por La Hora: «el pacto que lidera Sandra Torres con fines políticos en contra de Bernardo Arévalo y Neto Bran».
La jugada: El Decreto 18-2026, que fue aprobado el 29 de julio, eliminó de un plumazo el IUSI para viviendas y lo deja únicamente para comercios, industria y «otros usos», con una tarifa escalonada de hasta 9 por millar.
La pregunta es ¿por qué ahora?. El denominador común es 2027: el año en que Guatemala elige presidente y autoridades locales.
La mayoría de los diputados que votaron a favor representan a gobiernos locales con posibilidades reales de buscar la reelección.
Decreto 18-2026: esta es la versión final de los cambios al IUSI aprobados en el Congreso
Quitar un impuesto es, políticamente, una decisión de bajo costo, sin bases técnicas y alto rédito: se vende como alivio directo al bolsillo del votante, justo antes del arranque de la carrera electoral, opinión de varios analistas que en los últimos días han cuestionado la aprobación y quienes han dado sus opiniones a La Hora.
La reforma se usó como bandera: quitar un impuesto siempre da votos. Pero el costo es otro. Un informe citado por analistas advierte que “Eliminar el IUSI aumentará la influencia del crimen organizado”.
Pero el decreto 18-2026 trae consigo otras aprobaciones, tres en concreto, las cuales cada una mueve algo distinto.
Claves de los cambios al IUSI y la modificación de último momento de los diputados
Las municipalidades pasaran a recibir de manera directa los fondos del Impuesto de Timbres Fiscales por venta de inmuebles, sin pasar por el gobierno central. Esto, les da autonomía y trazabilidad, aunque el resultado dependerá de la capacidad de ejecución de cada comuna —algo que, incluso algunos alcaldes dicen, no es parejo en todo el país.
Al mismo tiempo, se exime del pago de ganancias de capital a personas individuales que vendan inmuebles, aunque no a empresas ni fideicomisos. Es un alivio para quien vende una propiedad a título personal, pero también una renuncia fiscal del Estado, y abre la pregunta de si incentiva estructurar ventas grandes a nombre de personas físicas antes que de figuras corporativas.
Y por último se prohíbe condicionar servicios básicos —como el agua— al pago del IUSI, cerrando una práctica que en el pasado afectó a miles de contribuyentes.
Reforma al IUSI en Guatemala: Instituto Lincoln advierte riesgo para 340 municipios
La protección al vecino es clara, pero también le quita a la municipalidad una de sus pocas herramientas para cobrar, justo cuando su base tributaria ya se redujo. Algo que el Instituto Lincoln advirtió esta misma semana: el riesgo de la reforma desfinanciará a las 340 municipalidades del país.
Vistas juntas, las tres medidas no van en una sola dirección: por un lado fortalecen a las municipalidades, a través de fondos directos y por otro las debilitan por que les eliminan las herramientas de cobro.
Para los analistas, es una combinación de descentralización, pero no bien planteada, un alivio al contribuyente y una menor capacidad de recaudación local; para expertos en el tema, esto se puede calificar como falta de criterios técnicos detrás del acuerdo.
¿En dónde poner el ojo?: Los diputados la vendieron como alivio, pero para el Gobierno, analistas y alcaldes, esto es un golpe directo a las finanzas locales y a la ruta del país hacia el grado de inversión.
La contradicción es mayor, cuando organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mismo día de la aprobación señaló que Guatemala necesita justo lo opuesto: fortalecer sus ingresos para sostener gasto social e infraestructura.
Analistas coinciden en que debe existir una forma de aliviar o redistribuir la carga. Tal es el caso para ciertos contribuyentes como quienes compran su primera vivienda, los adultos mayores que han dejado de ser económicamente activos, pero por el otro lado, están aquellos, quienes tienen más de una vivienda o poseen una que tiene características que les permite contribuir según sus posibilidades.
Para los alcaldes, la razón es simple: sin fondos, las municipalidades grandes que hoy pagan seguridad, cámaras y buses tendrán que recortar. Alcaldes como los de Santa Catarina Pinula y Villa Nueva ya dijeron que no irán “a agachar la cabeza al Congreso por fondos extraordinarios”.
Prefieren subir tasas municipales. Traducción: lo que hoy se ahorra en IUSI, mañana se pagará en tasas por agua, tren de aseo o transporte. De acá surge la pregunta ¿saldrá más cara la enfermedad que la medicina?.
Hay también una verdad incómoda que ninguno de los actores citados menciona: la ejecución del gasto municipal en el país tiene un historial irregular, y no toda alcaldía puede demostrar que lo recaudado llega a los vecinos en forma de servicios.
Esa opacidad ayuda a explicar por qué el cargo de alcalde se ha vuelto, en ciertas regiones, un puesto disputado más allá de lo que su presupuesto formal sugeriría: controla contratos, plazas y obra pública con relativamente poca fiscalización.
En los municipios donde el crimen organizado —incluido el narcotráfico— ya disputa el territorio, esa misma falta de control convierte a la comuna en un premio, no solo un cargo público.
¿QUIÉN PAGA LA CUENTA?
La reforma al IUSI deja 3 verdades incómodas:
La fiscal: El país necesita más ingresos, no menos. Ir contra el FMI y contra Finanzas debilita la credibilidad internacional.
La municipal: Se desfinancia a los ejecutores que sí han entregado obras en los últimos 4 años. El vacío lo llenarán tasas, deuda o, peor, el crimen organizado.
El político: ¿Fue una decisión de campaña?. Rápida, popular y sin sustento técnico. Como dicen los analistas: fue pensada para el proceso electoral, no para el país.
Mucha tela que cortar, pero los analistas tampoco hay que perder la perspectiva… aun falta la decisión más importante: la sanción o el veto presidencial
