El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) advirtió que eliminar o reducir el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) sin un mecanismo que sustituya los recursos que dejarían de percibir las municipalidades podría enviar una señal negativa a las calificadoras de riesgo, en un momento en que Guatemala busca alcanzar el grado de inversión.
La cartera sostiene que el debate trasciende el alivio tributario para los propietarios de viviendas. Según el Minfin, la estabilidad de las fuentes de ingresos del Estado y de los gobiernos locales forma parte de la fortaleza institucional que evalúan las agencias calificadoras, por lo que una reducción del IUSI sin una estrategia de compensación podría debilitar la confianza que el país ha construido a partir de sus sólidos indicadores macroeconómicos.
El comunicado de la cartera del Tesoro se da en medio de la discusión que este miércoles pueden abrir un nuevo capítulo en la discusión fiscal con la discusión de la propuesta de eliminar o reducir el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para las viviendas.
La enmienda a la iniciativa 67-09 pretende dejar en 0 el cobro del IUSI a las viviendas mientras que el cobro de 9 por millar sería para el sector comercial.
UN DEBATE QUE TRASCIENDE AL CONTRIBUYENTE
La discusión plantea un debate que va más allá del alivio directo a los contribuyentes y pone sobre la mesa la capacidad del Estado y de los gobiernos locales para sostener sus fuentes de financiamiento.
Esto, entre otros indicadores, va cómo ven al país las calificadoras de riesgo en un momento en que Guatemala busca acercarse al grado de inversión.
El debate no es abstracto. En 2025, la recaudación del IUSI superó los Q1 mil 853.7 millones a nivel nacional, concentrados sobre todo en el departamento de Guatemala.
En este punto es donde el debate respecto del IUSI se conecta con algo más amplio que las finanzas municipales. Las agencias de riesgo no evalúan a Guatemala únicamente por su nivel de deuda o el desempeño macroeconómico: también miden la fortaleza institucional y la previsibilidad de la política fiscal, incluida la de los gobiernos locales.
La relación entre el IUSI y la calificación de riesgo pasa, por también por la descentralización.
Según la iniciativa 6709, que propone bajar la tasa de 9% a 3% por millar, las municipalidades del departamento de Guatemala dejarían de percibir más de Q1 mil millones al año; las municipalidades de Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Quetzaltenango perderían la mitad de su ingreso propio, y 179 municipios pequeños perderían casi la totalidad, sin que exista una propuesta de un mecanismo de compensación desde el gobierno central.
El impuesto nació como un mecanismo para fortalecer la independencia financiera de los gobiernos locales por lo que debilitar esa fuente sin un reemplazo claro no solo reduce ingresos: según ha advertido el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, elimina el incentivo de actualizar catastros y desnaturaliza el impuesto, convirtiéndolo en un gravamen sobre el comercio y el trabajo en lugar de sobre la propiedad.
MINFIN advierte que suspensiones, cambios y derogaciones de impuestos dificultarán que Guatemala alcance el grado de inversión @jmenkos @BArevalodeLeon @GuatemalaGob pic.twitter.com/bbaEKm6zG4
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 29, 2026
MÁS ALLA DEL MANEJO DE DEUDA
Para las calificadoras, que identifican la fragmentación política y la debilidad institucional como freno, más que la deuda o las reservas, para que Guatemala cruce el umbral del grado de inversión, una señal de que el Estado debe de dar es: mantener fuentes de ingreso estables por lo que eliminarlos sin una estrategia de sustitución no se fortalece a política fiscal.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, se ha manifestado en la misma línea: el gobierno no respalda eliminar el IUSI, y si el Congreso reforma la ley, plantea que debería avanzar hacia un impuesto «más progresivo y más justo», sin recortar de forma abrupta los recursos que hoy sostienen transporte, agua y seguridad municipal.
El contexto macroeconómico respalda al país, pero no todo es eso. Guatemala llega a esta discusión con indicadores que las tres agencias reconocen como una base sólida.
La deuda pública se ubica entre 26.8% y 27.9% del PIB, frente a un promedio regional de 54%; las reservas internacionales alcanzan cerca del 26% del PIB, y el país acumula una década de superávit en cuenta corriente.
Es precisamente ese colchón el que ha permitido las mejoras de nota de los últimos dos años. La agencia Fitch Raitings coloca al país en BB+ en octubre de 2025; la calificación de Standard & Poor´s (S&P) es BB+ emitida en 2025 y confirmada en mayo de 2026; por su parte la agencia Moody’s colocó al país en Ba1—.
Las tres calificaciones colocan al país a un grado de inversión; un peldaño como el mismo gobierno lo ha dicho.
En opinión de Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), la discusión del IUSI lo que frena es el ascenso que demuestran las cifras macroeconómicas.
S&P ha advertido que la baja recaudación tributaria restringe la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y servicios, y hace énfasis en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la eficiencia del gasto
Sin embargo, la propia lectura de las calificadoras y publicadas por La Hora, esa línea delgada entre lo macroeconómico y lo institucional es lo que define esa posición tan ansiada.
Por un lado, la solidez de las cuentas fiscales explica por qué Guatemala no ha bajado de nota; la debilidad de gobernanza, es el detalle por qué todavía no sube al grado de inversión.
En este último punto es el que Menkos ha subrayado en distintas entrevistas: la evaluación internacional no se limita a la estabilidad macroeconómica, los organismos también observan la capacidad institucional para administrar recursos públicos, la transparencia de los procesos y la posibilidad de transformar el gasto estatal en inversión productiva.
En el comunicado emitido este mediodía, el Minfin, hizo un llamado para que las iniciativas en discusión tengan un análisis técnico y cuidadoso respecto de sus implicaciones ya que pueden disminuir de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo.
En una entrevista reciente con La Hora, el ministro señaló que ha señalado que uno de los retos heredados es ordenar compromisos de infraestructura por más de Q13 mil millones, y que el desafío no es solo construir más obra pública, sino garantizar que los proyectos respondan a criterios técnicos, financieros y legales que reduzcan riesgos futuros.
«La sociedad quiere puentes, carreteras y caminos rurales», ha dicho, resumiendo la presión ciudadana por resultados visibles.
Por su parte, Rubén Morales, ex ministro de Economía, agregó que reducir los ingresos del Estado, se puede leer como una decisión populista.
«Quitar impuestos a la población puede parecer una medida favorable en el corto plazo, pero no contribuye a resolver los problemas de fondo y representa un retroceso para el país».
Para mantener la ruta hacia el grado de inversión, dijo que lo que se necesita es fortalecer la institucionalidad pública. No se trata de que el Estado crezca por sí mismo, sino de fortalecer sus capacidades, que es algo muy diferente. Por eso, esta sería una señal negativa.
Guatemala está cerca de cruzar la puerta del grado de inversión, pero la distancia que falta no se mide únicamente en indicadores económicos. Se mide en la capacidad de sus instituciones para sostener reglas claras, garantizar ingresos estables y convertir los recursos públicos en resultados.
El debate del IUSI ocurre precisamente en esa frontera: entre las fortalezas que han permitido al país mejorar su percepción internacional y las decisiones internas que podrían reforzar o debilitar la confianza construida. Para las calificadoras, el reto no es solo cuánto debe Guatemala, sino qué tan capaz es de administrar lo que tiene.
