Los diputados la defienden como un alivio fiscal. La aprobaron con apoyos internos y la presentan como un beneficio para el ciudadano, la mayoría de propietarios de vivienda parecen celebrar.
Sin embargo, analistas consultados por La Hora opinan algo distinto: la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) es una ley mal hecha, discriminatoria y con agujeros legales que dejan el beneficio muy lejos.
El objetivo real, refieren, fue otro: usarla en campaña preelectoral y electoral. No fue pensada para el país.
Para el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, la reforma al IUSI «es un mamarracho legislativo».
La aprobación, afirmó, cayó del lado del populismo fiscal y dejó de ser un esfuerzo de legislación cuidadoso.
El miércoles, Congreso aprobó las reformas a la Ley del IUSI, con las que se elimina el pago de ese tributo para las viviendas de uso habitacional y se mantiene una tasa escalonada de hasta 9 por millar para los inmuebles de uso comercial.
Esta tasa escalonada se incorporó de último minuto, después de que los diputados rechazaron una propuesta que fijaba una tasa única de 9 por millar para todos los inmuebles comerciales.
El dictamen favorable de la iniciativa 6709 planteaba, inicialmente, una tasa única de 3 por millar para todos los inmuebles, sin distinguir entre uso habitacional y comercial, además de crear beneficios para vivienda habitual, personas mayores de 60 años, contribuyentes con 20 años de cumplimiento tributario y propietarios que aún pagan su primera vivienda mediante financiamiento.
Sin embargo, todo eso quedó de lado en el texto final.
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¿QUIENES SON LOS BENEFICIADOS?
Un experto en catastro y administración del IUSI en municipalidades, consultado para esta nota, considera que la reforma favorecerá principalmente a quienes actualmente pagan más por este impuesto: propietarios de residencias de alto valor, mansiones, chalets y personas o empresas que poseen múltiples inmuebles destinados a vivienda.
A su juicio, la normativa también deja una interrogante fundamental: ¿cómo comprobarán las municipalidades que un inmueble realmente tiene uso habitacional? La ley establece el beneficio para las viviendas, pero no define un procedimiento para verificar esa condición.
«La autoridad tiene la obligación de comprobar que un inmueble efectivamente sea residencial para evitar una clasificación incorrecta. Ese mecanismo simplemente no está regulado», explicó.
LAS INCONSISTENCIAS DEL DECRETO 18-2026
El ICEFI, según Barrientos, identifica cuatro fallas que pasan por el concepto de la ley misma hasta su puesta en marcha, generando dudas sobre su efectividad.
La primera: la iniciativa no pasó por la Comisión de Finanzas. La conoció la Comisión de Seguridad Social.
«Una modificación a una de las piezas más importantes de la política tributaria sin pasar por Finanzas. Primera anomalía», señaló Barrientos.
La segunda: el texto confunde tasa cero con exención.
«Pone tasa 0% a viviendas. La obligación tributaria es nula, pero siguen las obligaciones formales. Los dueños siguen afectos al impuesto porque no están exentos».
La tercera: discrimina sectores.
«Deja 3 por millar para uso comercial. ¿Y qué pasa con los inmuebles industriales y agrícolas? ¿Y las fincas? Alguien chapuceó ‘y colocó otros usos’ a mano. Hay un tratamiento discriminatorio contra el agro y la industria».
La cuarta: el supuesto mecanismo compensatorio no tiene cómo operar.
La ley traslada a las municipalidades el timbre fiscal de la segunda venta de inmuebles, pero «¿dónde está el dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de Finanzas, de Catastro y del Colegio de Notarios? ¿Quién acredita, quién transfiere cada mes? No hay procedimiento», cuestionó Barrientos.
El especialista en catastro coincide en que la reforma deja vacíos operativos. Explica que los administradores del impuesto deberán verificar el uso real de los inmuebles para determinar si corresponde o no el beneficio, pero la ley no establece cómo hacerlo.
También advierte que podrían incrementarse las inspecciones y denuncias relacionadas con propiedades que cambien de uso residencial a comercial, obligando a las municipalidades a crear nuevos mecanismos de control.
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), coincide: «Pareciera que la decisión se toma con un trasfondo político para quedar bien con la población, no toma en cuenta el desarrollo local».
ENTRE INTENCIÓN POLÍTICA Y CRITERIOS TÉCNICOS
Detrás de la mala técnica, los alcaldes ven una intención política, mientras que el experto en administración del IUSI considera que la legislación sí podía modificarse, pero con criterios técnicos.
«El fin es político, no financiero», dijo el alcalde de Villa Nueva, Mynor Morales.
«Las municipalidades son las únicas que no han dejado de ejecutar en estos cuatro años. Hoy están afectando a los únicos que le han llevado respuestas a la población. Saben quiénes tienen la aceptación de los vecinos y van sobre ellos», añadió.
Sebastián Siero, presidente de la ANAM y alcalde de Santa Catarina Pinula, fue más directo durante una entrevista que concedió a una radio.
«Fue una decisión electoral. Como los diputados se subieron el salario, para limpiar la cara aprobaron esto. Lo que pasa es que vinieron a afectar a la única unidad ejecutora del país que estaba trabajando».
Siero explicó que ellos mismos propusieron bajar del 9 al 3 por millar para una sola vivienda por persona.
«Eso resolvía a quien paga cuotas excesivas y nos dejaba sobrevivir. Pero no. Prefirieron poner todo a cero para obligar a las 50 municipalidades más grandes a ir al Congreso a agachar la cabeza y pedir extraordinarios».
El día de la aprobación de las reformas, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que se tenían los consensos necesarios, en una clara postura de que los cambios se llevarían a cabo; sin embargo, según lo que expuso, la reforma quedaría en 3 por millar para viviendas, 9 por millar para comercios y que los adultos mayores quedaban exonerados.
Por su parte, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala explicó días previos a la aprobación que algunas de las modificaciones planteadas permitirán que las municipalidades pudieran realizar el cobro de timbres fiscales de compra-venta de inmuebles para la segunda venta y subsiguientes en cada municipio, esto, dijo sería como una medida de compensación por la reducción al IUSI; sin embargo, dejo claro que el visto bueno debía darlo en Ministerio de Finanzas.
Según la opinión del experto en administración de impuestos como el IUSI, una alternativa viable habría sido otorgar la exención únicamente a una vivienda por propietario o establecer beneficios para sectores específicos, como adultos mayores, evitando que el mayor beneficio alcanzara a quienes poseen varias propiedades.
Barrientos agregó que hay argumentos de peso para una modificación y catalogó como aceptables las medidas para eximir del pago a jubilados o nuevos propietarios y recalcó en la necesidad de hacer un análisis técnico de la reforma.
Para Prado, el concepto de aliviar las finanzas familiares es válido, pero se añadieron complejidades a la reforma que no la hacen viable o que terminarán generando confusión entre los contribuyentes.
PRIORIZAR GASTOS
Con el IUSI desaparecido para casas, se iría más de la mitad de los Q2 mil millones anuales que recaudaban los 340 municipios. Ese dinero financia escuelas, mantenimiento de calles, agua potable, alumbrado, parques, recolección de basura y otros servicios municipales.
El experto advierte que el impacto irá más allá de las finanzas municipales.
«La inversión en infraestructura será una de las primeras afectadas. Las municipalidades tendrán que concentrarse en mantener los servicios esenciales con menos recursos y dejarán de ejecutar nuevas obras», señaló.
Pero también anticipa un efecto menos visible: la pérdida de plusvalía de las propiedades.
Explica que el valor de una vivienda no depende únicamente de su construcción, sino también del entorno. Si disminuye el mantenimiento de calles, parques, alumbrado o limpieza, el precio de las propiedades también caerá.
«Muchas personas creen que únicamente dejarán de pagar el IUSI, pero podrían terminar asumiendo ese costo de otra manera: contratando servicios privados que antes prestaba la municipalidad o viendo cómo disminuye el valor de su patrimonio», advirtió.
Durante la entrevista, el alcalde Siero, adelanto que, en el caso de la municipalidad a su cargo, que el bus eléctrico gratuito se pagaba con IUSI y que ahora analizan si deberán poner una tasa.
El diputado Julio Héctor Estrada reconoció que la tarea del Congreso aún no termina y el Legislativo debe trabajar en alternativas técnicas para reestructurar las finanzas municipales.
Tanto Siero como Morales no descartaron tomar acciones legales una vez entre en vigor la medida.
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El especialista en catastro considera que también existirán argumentos jurídicos para cuestionar la reforma, pues los municipios adquirieron obligaciones y compromisos financieros con una estructura de ingresos distinta.
Además, recordó que la disminución de la recaudación del IUSI también impactaría el cálculo del situado constitucional que reciben las municipalidades.
Mientras tanto, la ley debe pasar a sanción presidencial.
El experto estima que todavía falta el proceso de revisión por parte del Ejecutivo y, posteriormente, su publicación. Solo entonces comenzará a correr el plazo establecido para su entrada en vigencia.
Barrientos por su parte espera que el presidente vete el decreto por su carácter antitécnico. A ello se suman los alcaldes. Pero advierten que ya empezaron la «reingeniería» para no depender del Gobierno Central.
Porque quitar impuestos es fácil. Sostener un municipio sin dinero, no.
