De un estudio que aún no se realiza dependerá que el Estado de Guatemala decida si declara lesiva o no la adjudicación de una de las frecuencias de telecomunicaciones más importantes del país, un proceso que en 2023 permitió recaudar más de Q1 mil millones mediante la asignación de derechos de uso a dos empresas privadas (Tigo y Claro) y que ahora enfrenta cuestionamientos sobre si el monto pagado correspondía a su verdadero valor.
La revisión se centra en la banda de 700 megahertz (MHz), una porción del espectro radioeléctrico que funciona como una carretera invisible por donde viajan las comunicaciones móviles. Aunque suele asociarse con las redes 4G y con la expansión del 5G, la banda no es una tecnología en sí misma, sino el espacio que estas necesitan para funcionar.
Por sus características técnicas, la banda de 700 MHz permite que las señales lleguen más lejos y atraviesen mejor obstáculos como edificios o montañas, por lo que es considerada estratégica para ampliar la cobertura de internet móvil.
Ahora, mediante una consultoría externa, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) busca establecer si el precio base y la adjudicación de la citada banda estuvieron acordes con estándares internacionales. Así lo anunció el presidente Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa.
«La SIT, de Telecomunicaciones, efectivamente está en un proceso de revisión; ya se sacó una convocatoria para que una compañía experta haga un análisis específico. Es una cosa sumamente técnica, de las condiciones de precio que existían en su momento y que fueron utilizadas como punto de partida», dijo.
El mandatario calificó el caso como una herencia del gobierno anterior, y fue explícito sobre lo que vendría después. «Dependiendo de los hallazgos de esta consultoría, se tomará la decisión si impugnar o no los contratos por lesividad», afirmó.
El proceso ocurre después de que diputados del bloque Cabal expusieran presuntas irregularidades en la valoración del espectro y plantearan una denuncia penal contra el exsuperintendente que dirigió la subasta. Todo ocurre cuando faltan poco más de dos meses para que venza el plazo que tiene disponible el Estado para declarar lesiva la adjudicación.
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UN PROCESO QUE HA FALLADO DOS VECES
La fecha fatal es el próximo 12 de septiembre, cuando se cumplirían exactamente tres años de aquella subasta. El tiempo corre y la SIT todavía no ha contratado a ninguna firma para hacer este análisis.
Lo que existe, por ahora, es una convocatoria pública que el pasado 26 de junio se subió al sistema de adquisiciones del Estado, Guatecompras, bajo el número de operación (NOG) 31060692, en la modalidad de compra directa con oferta electrónica. Sin embargo, no ha logrado adjudicarse.
Según el portal, las ofertas se recibirían inicialmente el pasado 2 de julio, pero ninguna firma se interesó en el contrato. De esa cuenta, se autorizó una prórroga para este 9 de julio, y, de nuevo, no hubo oferentes.
De acuerdo con las bases publicadas en Guatecompras, una vez se adjudique el evento y se firme el contrato, la empresa ganadora tendrá 21 días calendario para entregar el análisis completo de aquella subasta.
Este tendría que incluir el cálculo del valor económico de la banda de 700 MHz, comparativa del proceso guatemalteco con subastas similares en América Latina y la conclusión de si el monto pagado en 2023 reflejó el valor real del recurso.
Tomando como base las declaraciones de Arévalo, sería después de conocerse ese estudio que se tomarían decisiones sobre el espectro otorgado a Tigo y Claro, pero el tiempo sigue su curso y no hay una consultora definida para realizar el trabajo. Tampoco se ha oficializado si habrá una ampliación del plazo para presentar ofertas.
Con este escenario, si el contrato se firmara, por ejemplo, a finales de julio, la empresa asignada podría entregar su análisis en los últimos días de agosto, lo cual dejaría a la Superintendencia con poco tiempo antes de la fecha límite para decidir sobre la lesividad de la subasta.
MAS DE Q1 MIL MILLONES Y DOS GANADORES
El proceso que ahora es objeto de revisiones ocurrió el 12 de septiembre de 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. En esa fecha, la SIT realizó la subasta SPF02-2023 para asignar seis bloques de frecuencia de la banda de 700 MHz, conocida como «Dividendo Digital», un espectro utilizado para servicios móviles de alta capacidad.
En total se subastaron 60 MHz distribuidos en seis segmentos de 10 MHz cada uno. Los ganadores fueron Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Claro), que obtuvo 40 MHz, y Comunicaciones Celulares, S.A. (Tigo), que obtuvo 20 MHz —que se sumaron a 30 que ya tenía—. Según se informó en aquel entonces, la operación permitió recaudar al Estado Q1,006.2 millones
De acuerdo con la normativa aprobada por el Congreso por entonces, el 75% de esos recursos debía destinarse al Plan Nacional de Conectividad Digital, con prioridad para centros educativos públicos, centros de salud y estaciones de la Policía Nacional Civil. El 25% restante ingresaría al fondo común. El entonces superintendente, Marco Antonio Baten Ruiz, presentó el proceso como uno de los logros más importantes de la institución 5gen 15 años.
Sin embargo, casi tres años después de concretarse las adjudicaciones, ha surgido la pregunta de si ese monto representó realmente el valor que podía y/o debía obtener Guatemala.
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EL ESTUDIO QUE NO APARECE
Uno de los puntos que detonó los cuestionamientos sobre este proceso fue la falta de documentos que expliquen cómo se estableció el precio base de la subasta.
Durante una citación en el Congreso efectuada el mes pasado, el actual superintendente de Telecomunicaciones, Herberth Rubio, admitió que la institución todavía buscaba los estudios técnicos relacionados con la valoración utilizada para definir las condiciones económicas del proceso, y esta semana confirmó que se presentó una denuncia penal por ese tema.
Esa ausencia de información es, precisamente, uno de los vacíos que la nueva consultoría deberá cubrir. Los términos de referencia publicados en Guatecompras establecen que la firma contratada deberá trabajar con «evidencia verificable» y que sus conclusiones no deben responder a «conclusiones predeterminadas».
Además, obligarían al consultor a advertir por escrito cualquier inconsistencia técnica, metodológica o económica que encuentre durante el análisis.
SIT denuncia falta de documentación de adjudicación de frecuencia radioeléctrica de 700 megahertz
El tema se discutió en el Legislativo por solicitud de la bancada Cabal, después de financiar un estudio propio sobre el procedimiento, el cual habría arrojado posibles anomalías. El debate ocurrió a mediados de junio y producto de ello se planteó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra Marco Antonio Baten Ruiz, quien dirigió la SIT durante el gobierno anterior y estuvo al frente del proceso de subasta.
El expediente señala posibles delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, y quedó bajo conocimiento de la Fiscalía contra la Corrupción, según los diputados que accionaron. Ellos sostienen que no existían estudios suficientes que respaldaran el precio establecido y argumentan que el valor del espectro pudo haber sido mucho mayor.
Julio Héctor Estrada, miembro de ese grupo parlamentario, afirmó que, de acuerdo con los análisis que ha revisado, el valor de la banda podría haber sido hasta tres veces superior al monto que finalmente recibió el Estado.
SEÑALAN FALTA DE COMPETENCIA REAL
Estrada también cuestionó que la subasta no incluyera obligaciones adicionales para los operadores —como compromisos de cobertura o de servicios de conectividad—, una práctica que sí se aplica en otras naciones al momento de asignar espectro estratégico, afirmó.
Otro de los puntos señalados por los legisladores fue el nivel de competencia registrado, pues la subasta tuvo como participantes únicamente a dos operadores, Tigo y Claro.
Investigaciones periodísticas previas —entre ellas la serie «Economía Capturada» del medio Plaza Pública— también han planteado la hipótesis de que la distribución final del espectro no respondió a una competencia real, sino a un reparto ya acordado entre ambas empresas.
Sin embargo, no se conocen averiguaciones a nivel estatal o penal sobre el asunto, a excepción de las que desarrolle el MP, tras las acciones promovidas recientemente por los diputados y la actual administración de la SIT.
#LHInvestigación I Un diputado dijo que se busca declarar lesivas al Estado las subastas 5G de septiembre de 2023 y que se analice la nulidad de una resolución de la SIT de 2020. ¿Qué implica esto? Entérate. https://t.co/5ZyXv0AGkS pic.twitter.com/QpPzRDmmKW
— Diario La Hora (@lahoragt) June 20, 2026
UNA DISPUTA CON ANTECEDENTES DESDE 2020
La historia de la frecuencia subastada comenzó años antes. En diciembre de 2020, José Fernando Monterrosa, entonces jefe de la SIT, fue destituido de su cargo —el 23 de diciembre— luego de negarse, según su propio relato, a firmar una resolución que entregaría parte de la banda 700 MHz a una empresa de telefonía sin subasta. Monterrosa denunció públicamente haber recibido amenazas por mantener su postura.
Seis días después, el 29 de diciembre de 2020, Marco Antonio Baten Ruiz asumió la jefatura de la Superintendencia y al día siguiente —30 de diciembre— firmó la resolución SIT-DSI-664-2020, reconociendo derechos de usufructo sobre parte de esa banda a Tigo. Eran 30 MHz que, según información de la época, había comprado a Albavisión previamente.
La SIT calificó entonces el proceso como un «reordenamiento de títulos» y negó que se tratara de una subasta encubierta, tras una serie de señalamientos que se hicieron públicos.
El entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, intervino en el caso y pidió a la Contraloría General de Cuentas y al MP que investigaran administrativa y penalmente ese proceso. Hasta donde se sabe, no hubo resultados de tales averiguaciones, y Baten Ruiz permaneció al frente de la institución hasta enero de 2024.
Con ese antecedente y con el plazo de lesividad corriendo, la Superintendencia intenta ahora determinar si las decisiones tomadas sobre la banda 700 MHz hace casi tres años permitieron al Estado obtener el valor adecuado por un recurso considerado estratégico para la conectividad del país.
#ComunicadoPDH | El @PDHgt @JordanRodas, recomienda a la @Contraloria_gt y al @MPguatemala investigaciones administrativas y penales en torno a los procesos de licitación y adjudicación de bandas de 600Mhz y 700Mhz pic.twitter.com/eLDj9Qy3wH
— PDH Guatemala (@PDHgt) December 30, 2020
CLARO Y TIGO SIN PRONUNCIARSE
La Hora buscó la postura de las empresas de telefonía Claro y Tigo, que obtuvieron el espectro subastado en 2023, y aunque los respectivos equipos de Relaciones Públicas atendieron la comunicación, no han compartido ningún pronunciamiento sobre el tema.
