El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el miércoles pasado las conclusiones de la Consulta del Artículo IV realizada a Guatemala, el examen periódico que el organismo aplica a sus países miembros para evaluar el estado de su economía.
El documento, disponible en el sitio oficial del FMI, se emitió sin necesidad de una reunión del Directorio, un procedimiento habitual reservado para economías consideradas estables y sin temas que ameriten mayor debate.
El diagnóstico confirma lo que las cifras ya venían mostrando: la economía guatemalteca es sólida y resiliente. Pero el FMI también fue claro en señalar la tarea pendiente: acelerar la inversión en infraestructura, fortalecer la recaudación tributaria, avanzar en integridad financiera, reformas estructurales, y mejorar la gobernanza, si el país quiere elevar su potencial de crecimiento.
RIESGOS EQUILIBRADOS, PERO CON DOS FRENTES A VIGILAR
Según la Consulta, los riesgos para la economía guatemalteca se mantienen equilibrados gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. Sin embargo, el organismo identifica dos frentes que requieren atención.
En el plano externo, el FMI señala los altos precios de la energía, las políticas migratorias y comerciales restrictivas, y el riesgo que representaría un fenómeno de El Niño severo.
En sentido contrario, un descenso acelerado de los precios internacionales del petróleo o avances en el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos podrían jugar a favor del desempeño económico.
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En esa línea, el Fondo recomienda que Guatemala continúe impulsando la diversificación geográfica y de productos de sus exportaciones mediante nuevos acuerdos comerciales, y que redoble los esfuerzos para reducir la informalidad, un factor clave para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible.
El informe pone la lupa sobre las remesas familiares como lo ha mencionado en otras ocasiones: aunque siguen siendo un motor esencial del consumo interno, su peso creciente dificulta la conducción de la política monetaria y erosiona la competitividad del país.
En el plano interno, el Directorio advierte que las presiones políticas propias del período preelectoral podrían retrasar la implementación de reformas económicas. A esto se suman dos desafíos ya conocidos, la débil ejecución en infraestructura y las brechas en materia de gobernanza.
GOBERNANZA, SUBSIDIOS, INFRAESTRUCTURA Y LAVADO DE DINERO
El FMI insiste en que la agenda de gobernanza y transparencia del país no puede detenerse.
Entre las tareas pendientes destaca la aprobación de legislación sobre transparencia de la titularidad beneficiaria de empresas, protección a denunciantes de actos de corrupción y una reforma al sistema de contratación pública.
Según el organismo, estos avances reforzarían iniciativas ya en marcha, como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la adopción de un código de ética institucional y la puesta en marcha de la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025–2032.
Frente al alza en los precios del petróleo, el FMI reconoció que un subsidio universal a los combustibles, temporal y acotado, puede ayudar a aliviar la carga social de las familias; sin embargo, advirtió que este tipo de subsidios son regresivos y debilitan las señales de precios, por lo que resulta fundamental ampliar la cobertura y calidad del registro social para permitir respuestas más focalizadas en el futuro.
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En materia de infraestructura, el organismo hizo una recomendación central: reducir los cuellos de botella en la preparación y ejecución de proyectos, con especial atención en la inversión descentralizada que se canaliza a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), los cuales refiere, deben ser mejor focalizados y supervisados.
La recomendación puntual es sustituir el traslado automático de fondos no ejecutados por carteras de proyectos plurianuales, para lo cual se necesita una mejor coordinación entre la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).
El Fondo también planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin), los ministerios y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de manera que los planes de desarrollo, las asignaciones presupuestarias y las metas plurianuales estén mejor alineados, lo que mejoraría la eficiencia, la focalización y el valor por dinero tanto en proyectos de inversión como en programas sociales.
En materia de integridad financiera, el Fondo destacó como un paso relevante la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No obstante, advirtió que su plena alineación con los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), junto con la pronta aprobación de las regulaciones complementarias, será determinante para que Guatemala llegue en buena posición a la evaluación mutua que realizará el GAFILAT en 2027.
El informe también llama a acelerar una nueva ley de mercados secundarios, que ayudaría a movilizar el ahorro doméstico, fortalecer la transmisión de la política monetaria, mejorar la competencia del sector financiero y profundizar los mercados financieros nacionales. Además, sentaría las bases para atraer capital si Guatemala alcanza el grado de inversión.
El mercado secundario es es donde esos mismos bonos o acciones se revenden entre inversionistas, una y otra vez, después de la emisión original. Aquí el dinero ya no va al emisor original, sino que pasa de un inversionista a otro.
A esto se suma la necesidad de una ley de dinero electrónico, que daría el marco regulatorio necesario para el desarrollo de las fintech y ampliaría el acceso a servicios financieros formales.
LOS PILARES QUE SOSTIENEN A LA ECONOMÍA GUATEMALTECA
En su evaluación correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, el FMI señala que los principales pilares de la economía guatemalteca siguen siendo una inflación baja y estable, finanzas públicas saludables, un bajo nivel de endeudamiento y una sólida posición externa.
Entre enero y abril, la actividad económica creció 4.5 % respecto al mismo período del año anterior. La inflación subió a 2.9 % en mayo, impulsada por el incremento en los precios internacionales del petróleo, aunque el organismo considera que se mantiene bajo control y dentro del rango meta del Banco de Guatemala.
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Durante 2025, el déficit fiscal llegó al 1.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado principalmente por un mayor gasto en inversión pública y por mejoras en la administración tributaria. La deuda pública, en tanto, se mantiene en un nivel bajo y sostenible: 27 % del PIB.
En el sector externo, el país fortaleció aún más su posición gracias a un superávit en cuenta corriente de 4.7 % del PIB y a un nivel récord de remesas familiares, equivalentes a cerca del 21 % del PIB.
UN 2026 DE CRECIMIENTO MÁS MODERADO
El FMI proyecta que el crecimiento económico se desacelerará ligeramente a 3.8 % durante 2026, como resultado del alza en los precios del petróleo.
A pesar, el organismo prevé que la economía vuelva a expandirse alrededor del 4 % en el mediano plazo, de la mano de mayores inversiones públicas y de la implementación de reformas estructurales.
El Fondo también estima que la inflación se mantendrá dentro de la meta fijada por el Banco de Guatemala y que el superávit de la cuenta corriente se irá reduciendo de forma gradual, conforme las remesas pierdan dinamismo y la inversión privada gane terreno.
Con este diagnóstico, el mensaje del FMI queda claro: Guatemala tiene los fundamentos macroeconómicos para sortear un entorno externo incierto, pero su capacidad de crecer más y de forma más incluyente dependerá de decisiones que no son nuevas en la agenda pública: infraestructura, recaudación, gobernanza y que, según el propio organismo, ya no admiten más demora.
