La institución, ahora dirigida por Gabriel García Luna, participará en dos audiencias públicas en Washington sobre el fortalecimiento del MP y la protección de operadores de justicia, escenarios donde durante años fue objeto de severos cuestionamientos por la criminalización y el debilitamiento institucional.
El Ministerio Público (MP) volverá a sentarse la próxima semana frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque esta vez desde una posición distinta. Después de ocho años de la administración de María Consuelo Porras —un periodo marcado por denuncias de instrumentalización del sistema penal, el desmantelamiento de fiscalías anticorrupción y sanciones internacionales contra la entonces fiscal general—, la institución acudirá a Washington con un discurso centrado en la reconstrucción institucional y el respeto a los derechos humanos.
La delegación del MP participará el 5 de agosto en dos audiencias del 196.º período de sesiones de la CIDH: «Retos y oportunidades para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público» y «Supervisión de medidas cautelares que protegen a personas defensoras y operadores de justicia», según confirmó la institución a La Hora.
La representación no estará encabezada por el fiscal general, Gabriel García Luna, sino por el secretario general del MP, Edwin Santiago Chavajay, por delegación expresa del jefe del ente investigador.
El regreso tiene un fuerte componente simbólico. Una de las dos audiencias está dedicada precisamente al fortalecimiento del MP, una institución que la propia Comisión señaló hace apenas un año —con Porras a la cabeza— como uno de los principales focos de deterioro del Estado de derecho en Guatemala.
CIDH SEÑALÓ ABUSOS DEL MP DE PORRAS
En su informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, publicado en 2025 tras una visita in loco, la CIDH sostuvo que distintos sectores identificaron al MP como «la principal amenaza para el Estado de derecho». El organismo concluyó que durante la gestión de Porras el sistema penal fue utilizado para proteger redes de corrupción, criminalizar a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos, además de intervenir en el proceso electoral de 2023.
La Comisión también documentó un proceso de desmantelamiento institucional dentro del MP. Según su informe, más de un centenar de fiscales fueron destituidos o trasladados sin procesos disciplinarios, mientras que unidades estratégicas fueron reestructuradas para consolidar el control interno de la Fiscalía General.
Entre los casos más relevantes figura la transformación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que pasó de investigar grandes estructuras de corrupción a convertirse, según la CIDH, en la principal unidad utilizada para impulsar procesos contra exfiscales, jueces, periodistas y funcionarios del actual Gobierno bajo la dirección de Rafael Curruchiche.
Ese escenario comenzó a modificarse tras la llegada de García Luna a la Fiscalía General, luego de ser designado por el presidente Bernardo Arévalo en mayo pasado tras un accidentado proceso de elección en la Comisión de Postulación. En sus primeras semanas al frente del MP impulsó una profunda reorganización institucional: removió a varios de los fiscales más cuestionados de la administración anterior —algunos sancionados por Estados Unidos—, cerró la FECI como estructura independiente y anunció una revisión de casos vinculados con la criminalización de operadores de justicia y exfiscales.
MP BUSCA MARCAR CAMBIO
La institución sostiene ahora que su comparecencia ante la CIDH busca reflejar ese cambio de rumbo.
«La participación presencial del Ministerio Público en audiencias ante la CIDH sí representa un cambio respecto de la administración anterior», respondió el MP a La Hora. Según la institución, la diferencia radica en que la nueva administración pretende sustituir «una participación retórica que ocultaba una política de persecución penal antidemocrática» por una estrategia orientada a hacer compatible la persecución penal con los estándares internacionales de derechos humanos.
El MP de García Luna añadió que uno de los objetivos centrales será demostrar que la institución «comprende la necesidad de construir y desarrollar una persecución penal respetuosa de los derechos humanos» y que su presencia en Washington responde también al interés de prevenir futuras responsabilidades internacionales del Estado de Guatemala derivadas de violaciones a derechos fundamentales.
Las audiencias fueron convocadas dentro del 196.º período de sesiones de la CIDH, que se desarrollará entre el 3 y el 7 de agosto en Washington. El calendario incluye, para Guatemala, una discusión específica sobre los retos institucionales del MP, además de otra audiencia relacionada con el seguimiento de medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia.
El contraste entre ambos momentos es evidente. Mientras la nueva administración busca proyectar una imagen de apertura hacia el Sistema Interamericano, el último informe de la CIDH describió una institución marcada por la vigilancia interna de su personal, el uso discrecional de traslados y destituciones, el debilitamiento de la independencia fiscal y una política de criminalización dirigida contra quienes investigaban corrupción o defendían derechos humanos. Incluso señaló que el MP actuó con un formalismo que terminó facilitando el uso instrumental del derecho penal para preservar estructuras de poder e impunidad.
El próximo martes, por primera vez desde el relevo en la Fiscalía General, el MP deberá exponer ante el mismo organismo que durante los últimos años documentó el deterioro institucional de la institución.
