Ante dudas que tienen diputados de la bancada Cabal en la adjudicación de una frecuencia radioeléctrica para la introducción de la tecnología 5G en el país, los legisladores presentaron una denuncia penal contra el extitular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Marco Antonio Baten Ruiz, designado durante la administración de Alejandro Giammattei.
El bloque legislativo analizó la adjudicación de una frecuencia que poseían los canales nacionales, la cual fue adquirida por una compañía telefónica, por lo que pidió al actual jefe de la SIT, Herberth Rubio, los estudios para la adjudicación, incluidos los costos de cobro. El superintendente respondió que «están buscando» esos informes.
El asesor legal de esa bancada, Alejandro Conde, explicó que también se revisó información de la Contraloría General de Cuentas y que pudo haberse coludido con las empresas de telefonía para adjudicar las bandas para la 4G y 5G, ya que encontraron incongruencias en la subasta. Se presume que hubo una obligación para un exsuperintendente.
«Es importante que esas cosas no queden impunes. La denuncia es por los delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, en virtud de que esta es una persona designada exclusivamente para adjudicar estas subastas», resaltó Conde.
IMPORTANCIA DE FRECUENCIA
El diputado Julio Héctor Estrada opina que en el espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado para uso común, la banda de 700 megahercios es la más valiosa del patrimonio público, ya que es útil para el 4G y 5G de la telefonía.
De acuerdo con el legislador, la empresa telefónica que ahora tiene esa frecuencia compró los derechos de canales de UHF para el uso de televisión, por lo que pidió a la Superintendencia de Telecomunicaciones que convalide la compra-venta, que no tiene nada de malo hacer uso de esa radiofrecuencia para trasladar datos de celulares y transferencia de telecomunicaciones, más no de radiotelevisión.
«Eso no lo ha hecho ningún país del mundo, todos los países han hecho y lo han llamado lo que en Guatemala nos han privado, que es el bono digital, que es el bono que surge de que la UHF pase a televisión digital, y en vez de utilizar 60 o 70 megahercios, utilice cuatro y se acomode en un espacio. Pero en Guatemala tuercen y tuercen, como finalmente a finales de 2020, torciendo y despidiendo y poniendo a alguien para llegar a firmar, adjudican y convalidan esa propiedad de frecuencia a una de las telefónicas», resaltó Estrada.
Además, el legislador remarcó que con esos hechos se preparó el camino para licitar el resto de esa frecuencia que son 30 megahercios. También recordó que no se encontraron estudios de valor. Se estima, afirma, que según documentos internacionales y una asesoría, el valor es hasta tres veces más de lo que se pagó.
Estrada criticó que durante ese proceso no se pidió una contraprestación, como en otros países. Se pidió ampliar cobertura, internet gratis y de mejor calidad, y a la vez, se fijó un valor que no está determinado con justificación, por lo que la propiedad del Estado se le validó a una empresa por Q1 mil millones, lo cual pudo ser tres veces más.
«Este es un anuncio para el presidente Arévalo que mira recientemente una operación de estas características, que es un abuso, que afecta el patrimonio público y la calidad de servicio que tienen las personas, y que claramente hay una simulación con acuerdos previos», puntualizó Estrada.
#AhoraLH | Tanto el presidente de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, como el director Jorge González, responden por la revisión del estudio para la adjudicación de una frecuencia para un canal nacional.
📹: Daniel Ramírez/LH
✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/vcePOVCk5f— Diario La Hora (@lahoragt) 16 de junio de 2026
