A solo tres días de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, respectivamente, tomen posesión al cargo, el Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, y el gobierno de Alejandro Giammattei hacen sus últimos intentos para anular la voluntad democrática que se expresó en las urnas durante las Elecciones Generales 2023.
En un solo día, este jueves 11 de enero, el MP actuó en contra de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en contra de quienes se solicitaron órdenes de captura por supuestas anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), las cuales fueron autorizadas por un juzgado.
Además, se ejecutó una orden de detención en contra del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, por no disolver las manifestaciones ciudadanas que se generaron en octubre de 2023, en las cuales se exigió la renuncia a Porras; además, de sus intenciones de pedir una orden de aprehensión para Herrera, pese a que cuenta con derecho de antejuicio.
Los actos antidemocráticos del MP y el gobierno de Giammattei iniciaron desde que Arévalo y Herrera pasaron a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, y se intensificaron cuando ambos fueron electos como presidente y vicepresidente de la República para el período 2024-2028.
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DIPUTADO: PLANEAN UN “GOLPE DE ESTADO”
Asimismo, el diputado Inés Castillo, que recientemente expulsó la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de sus filas, aseguró no estar de acuerdo con que estén conspirando contra la democracia.
“Que estén fraguando un golpe de Estado. No estoy de acuerdo que estén en contra de la voluntad popular, si la gente ya dijo que Arévalo iba a ser presidente, respetemos eso”, se detalló en la nota «Inés Castillo, expulsado por la UNE, señala que se planea un ‘golpe de Estado'».
Todo lo anterior ocurre a solo días de la toma de posesión de Arévalo y Herrera, mientras decenas de delegaciones internacionales empezarán a arribar a Guatemala para asistir a la sesión solemne que se efectuará el 14 de enero por la tarde.
ACCIONES CONTRA VICEPRESIDENTA ELECTA
El pasado miércoles 10 de enero, La Hora reportó que el fiscal de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez, solicitó al TSE información relacionada con el proceso electoral 2023, específicamente a lo relacionado con las votaciones de la Presidencia y Vicepresidencia.
También se detalló que se desarrolló una audiencia unilateral en el Juzgado Décimo Penal A, a cargo de Víctor Cruz, en la cual participó Sánchez. Se presume que habría solicitado alguna orden de captura en contra de Herrera por el denominado «Caso toma de la Usac: Botín Político», extremó que el MP no descartó ni confirmó.
Ante esas acciones del MP, la vicepresidenta electa solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para evitar que se ejecute una eventual orden de detención en su contra.
📌 Con diversos frentes, Gobierno y MP reactivan plan para aniquilar la democracia.
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 11, 2024
El máximo tribunal en materia constitucional otorgó la protección solicitada por la próxima funcionaria, y trasladó el expediente al Organismo Judicial (OJ), para que la Sala cuarta de Apelaciones de lo Penal le dé seguimiento al trámite.
Según la resolución de la CC, se ordenó a Cruz o a cualquier otro juzgado, emitir órdenes de detención en contra de Herrera. Sánchez se incluyó en el fallo de dicha instancia.
En un apartado se explica que de manera previa a una solicitud de aprehensión u orden con ese efecto, se tiene que agotar el procedimiento de antejuicio en contra de la vicepresidenta electa.
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EXMINISTRO CAPTURADO
Barrientos, capturado en horas de la mañana de este jueves 11 de enero, jugó un papel importante para la realización de las Elecciones Generales 2023, evento democrático que fue calificado dentro y fuera del país como un ejercicio libre.
La detención del exfuncionario ocurrió por no haber reprimido las manifestaciones que se registraron en el país en octubre del año pasado, en las cuales se exigió la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, por haber cometido acciones antidemocráticas para restar credibilidad a los resultados de las elecciones presidenciales antes y después de la segunda vuelta.
Exministro capturado fue clave para realización de elecciones libres
MAGISTRADOS DEL TSE
Este mismo día se conoció que, a solicitud del MP, un juzgado penal giró órdenes de aprehensión contra los magistrados titulares del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, por una denuncia de supuesta sobrevaloración en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Con 108 votos, el Congreso de la República despojó de su inmunidad a los cuatro magistrados, tras la denuncia de los abogados Karen Fischer y Geovanni Fratti.
A petición del MP, Juzgado emite orden de captura contra magistrados del TSE
QUEJAS DE GIAMMATTEI
El pasado miércoles 10 de enero, el presidente, Alejandro Giammattei, sostuvo reuniones en Estados Unidos con senadores de ese país y ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la nota periodística de La Hora titulada “Giammattei en la OEA, reclama retiro de visas a Martínez y diputados”, se reportó que el mandatario guatemalteco llegó a la sede del referido órgano regional a presentar una serie de quejas en contra de lo que considera “una injerencia” por la actitud de varios países que han defendido el resultado de las elecciones de Guatemala, y en contra de Estados Unidos, por el retiro de visas.
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Además, en la publicación “#ExclusivaLH: Alejandro Giammattei, tras sanción a Miguel Martínez, irá a Washington a “despotricar” contra Patrick Ventrell”, se reportó que, según pudo conocer La Hora de forma exclusiva, el presidente ha enfilado sus baterías en contra del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Patrick Ventrell.
“La molestia del Presidente gira, principalmente, alrededor de la sanción que el gobierno de los Estados Unidos impuso en contra de su pareja, Miguel Martínez, al que castigaron con la aplicación de la Ley Magnitsky”, se consignó.
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