En poco más de dos meses y medio, La Hora publicó nueve artículos sobre proyectos de infraestructura que fueron adjudicados, casi todos en el gobierno pasado, y que el equipo de Investigación visitó para constatar los avances.
Cada proyecto está adjudicado a un contratista distinto; y, aunque tienen características diferentes —con excepción de la rehabilitación del puente Río Dulce—, todos comparten patrones en común que, al final de cuentas, suman para que las obras se ejecuten a paso de tortuga y sean los automovilistas quienes sufran las consecuencias.
Del 6 al 10 de julio pasados, este medio recorrió poco más de 1 mil 300 kilómetros hacia diferentes puntos del país en busca de estos proyectos multimillonarios. Así, se llegó hasta Sayaxché, Petén; Río Dulce, Livingston, Izabal; Cocales, Suchitepéquez; y San Antonio La Paz, El Progreso.
Además, se visitaron cinco tramos del Anillo Regional Metropolitano (C50). El 1, en Sanarate, El Progreso; y cuatro más cuyo fin es conectar la carretera a El Salvador hasta Guanagazapa, Escuintla.
LOS PATRONES
La Hora pudo identificar un común denominador que comparten los 9 proyectos: están a medias a pesar de que casi todos fueron adjudicados entre 2022 y 2023 y la mayoría de las empresas a cargo ha recibido pagos millonarios. El día que La Hora visitó las obras pudo constatar que casi todas están lejos de ser concluidas, y aquellas que tienen mayor ejecución enfrentan problemas para su finalización.
De los proyectos, uno —el libramiento de Cocales— estaba completamente abandonado, en el sentido de que no había ni personal ni maquinaria laborando. Otros dos apenas habían arrancado, los tramos 7 y 2 (Fase 1) del Anillo Regional, y los otros avanzaban a un ritmo lento.
La siguiente característica que comparten los proyectos es que ocho fueron adjudicados en el gobierno de Alejandro Giammattei. Solo la rehabilitación del puente Río Dulce se adjudicó en la actual administración, puntualmente el 21 de marzo último, por Q83 millones, a una empresa de dudosa experiencia.
De ahí, el resto se adjudicó entre 2022 y 2023, por lo menos dos —que sumaron Q1 mil 722 millones—, en los últimos meses de gobierno de Giammattei.
Los ocho adjudicados en el gobierno pasado fueron por licitación pública, mientras que el contrato otorgado en el actual gobierno fue por emergencia, basado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que permite de manera excepcional, durante 36 meses, la contratación de obra gris, obviando los procesos normales de la Ley de Contrataciones del Estado.
El siguiente rasgo es que las adjudicaciones fueron por montos millonarios. En total, los nueve proyectos suman Q5 mil 196 millones; esto equivale a poco más que la totalidad del presupuesto vigente de la Dirección General de Caminos (DGC) de los últimos dos años.
El otorgamiento de millonarios desembolsos también es otra de las características de estos contratos. Entre anticipos y estimaciones de pago, las erogaciones por estos proyectos suman Q1 mil 175 millones. Los únicos por los que no se han hecho pagos son por la rehabilitación del puente Río Dulce, que se adjudicó este año, y por los tramos del anillo regional que recién acaban de empezar. Por ninguno de los tres se estableció otorgar anticipos.
Enseguida, aunque no es un problema que arrastren todos los proyectos, la falta de certeza por los derechos de vía afecta a una buena parte, prácticamente a ocho de los nueve. En Sayaxché, los cinco contratos por el Anillo Regional, Cocales, y el puente Corozal, en San Antonio La Paz, El Progreso, han experimentado retrasos por este tema, y hasta hoy, el futuro es incierto.
Finalmente, un sexto patrón que comparten los nueve proyectos visitados es que son altamente demandados por la población, que requiere mejores carreteras, menos tiempo de conexión, elevar la competitividad o simplemente —como el puente Río Dulce— la seguridad de que la infraestructura no va a colapsar.
A continuación, un repaso de los proyectos que fueron analizados por este medio de comunicación.
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LIBRAMIENTO DE SAYAXCHÉ
- Empresa a cargo: Opción Técnica, S. A.
Localizado en Petén, en el municipio del mismo nombre. Se trata de una carretera compuesta de al menos 31 puentes de 40 metros de largo cada uno, que se colocarán en la ribera sur del río La Pasión, más uno de 150 metros sobre el afluente, con el objetivo de que el transporte no tenga que ingresar al área urbana de Sayaxché.
Actualmente, los vehículos deben cruzar el centro del municipio y cruzar el río en ferry para reincorporarse a la ruta departamental RD-PET 11. Los usuarios aseguran que cuando hay tráfico suelen hacer hasta tres horas de espera, lo que perjudica a trabajadores y estudiantes, así como a personas que necesiten atención médica.
Hasta el día de la visita, el proyecto apenas y tenía los montículos donde se construirá el puente principal que cruzará el río y había alguna maquinaria y personal en operación, pero de los 31 puentes todavía no se sabía cuándo podrían ser instalados.
El libramiento de Sayaxché es uno de los proyectos por los que más desembolsos se han hecho: por más de Q264 millones entre anticipo y estimaciones.
Aparentemente, la ejecución física hasta el día de la visita se concentraba en el movimiento de tierras. El CIV dice que, para esa fecha, era del 31%.
Parte de esa ejecución consiste en que la empresa ha tenido que movilizar maquinaria para un cerro, aproximadamente a 7 kilómetros de distancia del proyecto, de donde han extraído y trasladado hacia el proyecto casi 50 mil camionadas de tierra que han servido para hacer la base de los puentes.
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LIBRAMIENTO DE COCALES
- Empresa a cargo: MVC Construcciones, propiedad de Mauricio Valdez
Una de las obras de infraestructura más demandadas del sur del país, puesto que evitaría el paso por la aldea Cocales, en Patulul, Suchitepéquez, cuando se transita sobre la ruta al Pacífico o CA-02 occidente.
Se trata del libramiento de Cocales, en el kilómetro 113 de la referida carretera. El contrato se firmó en septiembre de 2023, entre la Dirección General de Caminos (DGC) y MVC Construcciones, una empresa individual propiedad de José Mauricio Valdez Monroy, a un costo de Q288.88 millones.
Hasta hoy se le han pagado Q11.5 millones por trabajos que se han limitado a verter un poco de asfalto en la estructura de carretera que dejó abandonada hace años la constructora Norberto Odebrecht, involucrada en uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años relacionados con infraestructura.
El libramiento está suspendido por falta de derecho de paso, según la versión oficial; no obstante, consultada por La Hora, la empresa culpó al Ministerio de Comunicaciones porque, según el propietario, no les han pagado el dinero que ya ha puesto de su bolsa.
Las autoridades informaron recientemente que el proyecto está por ser retomado, puesto que, supuestamente, ya se resolvió el problema de los derechos de paso.
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ANILLO REGIONAL, TRAMO 1
- Empresa a cargo: Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Mejía
El Anillo Regional, denominado C50, es una de las obras de infraestructura que aliviaría enormemente el tráfico de la capital, puesto que, en la teoría, es una ruta que conectará la ruta al Atlántico con la del Pacífico sin que sea necesario ingresar a la ciudad de Guatemala.
Sin embargo, los contratos adjudicados hasta el momento se ejecutan a paso lento y con problemas de derechos de vía. El tramo 1, por ejemplo, que está a cargo de Constructora y Transportes San Francisco, empresa individual cuyo propietario, Francisco Alejandro Córdova Mejía, pertenece a una de las clásicas familias de contratistas que se han hecho de miles de millones por contratos de obra gris con el Estado, y que tiene un pasado en la política guatemalteca.
Este tramo empieza en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico (CA 09-Norte) en Sanarate, El Progreso, toma la ruta nacional RN-19 hasta llegar a Sansare, en el mismo departamento. Pero desde acá, se supone que debe atravesar por una serie de municipios entre El Progreso, Jalapa y Santa Rosa, de los cuales, hasta hoy, no hay ni siquiera avales técnicos.
Por el tramo 1 se firmó un contrato de Q664.5 millones, de los cuales ya se han desembolsado poco más de Q11.6 millones; el avance es de apenas el 7.8%. La obra estuvo suspendida 762 días mientras se obtenían los derechos de vía.
La Hora constató el día que visitó la obra que se han abierto brechas y empezado a construir el tramo de la nueva carretera, pero de la ya existente hay cero avances y deberán avanzar conforme se arreglen los derechos de vía.
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ANILLO REGIONAL, TRAMO 6, FASE 1
- Empresa a cargo: Representaciones CEM, propiedad de Rudy Israel Cienfuegos Cordón
Este tramo pasó suspendido varios años hasta que, aparentemente, se logró resolver el derecho de paso en el punto de partida de la obra en la aldea El Jocotillo, Villa Canales. Esta parte del proyecto inicia en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en la entrada a la referida aldea, hasta aproximadamente el kilómetro 49 de la ruta departamental RD-GUA 09 que conduce a El Obrajuelo, otra aldea de Villa Canales.
Por razones que las anteriores autoridades del CIV nunca detallaron, dividieron el tramo 6 en dos; por lo tanto, la ampliación la adjudicaron a diferentes constructoras. La llamada “fase 1” se la adjudicaron a otra empresa particular, Representaciones CEM, propiedad de Rudy Israel Cienfuegos Cordón, por Q868.4 millones,y que apenas comenzó las labores de movimiento de tierra.
El CIV dio a conocer que el proyecto no avanzó de manera continua desde su contratación, ya que «fue suspendido el 1 de febrero de 2024, debido a problemas relacionados con el derecho de vía, una situación heredada que impedía la ejecución normal de las obras».
Hasta el momento no se le han hecho desembolsos; sin embargo, es de hacer nota que gestionó el otorgamiento de un anticipo que finalmente no se lo concedieron. Sin embargo, con fecha 28 de julio aparece un comprobante único de registro (CUR) por Q386 mil 622 que ya fue aprobado.
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ANILLO REGIONAL, TRAMO 6, FASE 2
- Empresa a cargo: Tracser, S. A.
Este tramo es uno de los que, aparentemente, lleva mayor ejecución y, a la vez, es uno de los que más recursos ha recibido.
El contrato se firmó con Tracser, S. A., empresa que ha sido señalada de formar parte de un conglomerado de constructoras que —similar al caso de los Córdova en el norte del país— se han hecho de millonarios contratos de infraestructura.
El contrato se firmó por Q853.8 millones. A la empresa se le otorgó un anticipo de Q170 millones y, aparte, también se le han pagado estimaciones por un valor de Q40 millones. La Hora visitó el proyecto el pasado 7 de julio y constató que, en efecto, hay maquinaria y personal abriendo brechas para la carretera, pero el tramo ya existente todavía no se ha trabajado. El proyecto había sido suspendido apenas un mes y medio después de su inicio, por problemas con los derechos de vía.
Esta ampliación se ejecuta casi de manera aislada, puesto que está en medio de otros dos proyectos del Anillo Regional que el CIV asegura que recién empezaron, aunque La Hora no pudo ver los trabajos al recorrer la ruta. El tramo 6, fase 1, y el que conducirá de El Obrajuelo a Guanagazapa, Escuintla.
El CIV asegura que el tramo estará finalizado en 26 meses.
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ANILLO REGIONAL TRAMO 7
- Empresa a cargo: Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro)
Esta parte del Anillo Regional está a cargo de una empresa polémica, puesto que tenía vínculos con Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
Se trata de la empresa Asfaltos y Petróleos, S. A., que recibió el contrato más elevado de los examinados. Fue por Q990.1 millones para la ampliación a cuatro carriles del tramo 7 del Anillo Regional, que conecta de El Obrajuelo, Villa Canales, con Guanagazapa, Escuintla.
De todos los tramos, es el que presenta el reto mayor, puesto que actualmente no hay una carretera formal que una a ambas localidades. La ruta departamental RD ESC-09 se ha convertido hoy en un camino en condiciones precarias que puede ser transitado solo con vehículos de doble tracción, mientras que en algunos trayectos solo puede transitar un automotor a la vez.
Hasta el momento no ha habido desembolsos; no obstante, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) aparece una autorización de pago por Q1 millón, aunque todavía no se hace efectiva. De momento trabajan de forma aislada en un área que no es posible visibilizar desde la carretera principal, según ha informado el Ministerio de Comunicaciones.
La empresa asegura que el proyecto se retrasó porque no se había resuelto todo lo relacionado con los derechos de vía, y garantizó que, si no vuelve a haber problemas de ese tipo, la ampliación podría finalizar en 2028.
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ANILLO REGIONAL, TRAMO 8
- Empresa a cargo: Construcciones Integrales Avanzadas (Ciansa)
El tramo más avanzado de los seis que han sido adjudicados en el Anillo Regional. De acuerdo con lo informado por la empresa, llevan ampliados 11 kilómetros. Actualmente trabajan justo donde empieza la RD ESC-09, a unos 100 metros de la CA-2 oriente.
Este tramo es por el que más recursos se han erogado. En principio, se le otorgó a la empresa Construcciones Avanzadas Integrales (Ciansa) un anticipo por Q118 millones, correspondiente al 20% del total del contrato, y desde 2022 se le han pagado estimaciones por Q417.9 millones, de los cuales ha amortizado Q83.5 millones del anticipo.
Cabe destacar que el contrato se firmó en abril de 2022 por Q590.2 millones, pero luego de órdenes de trabajo autorizadas durante la actual administración de gobierno, el contrato se elevó a Q704.2 millones.
Ciansa tiene conexiones corporativas con Tracser, empresa que tiene en ejecución el tramo 6, fase 2, en el mismo Anillo Regional. Ambas son señaladas de pertenecer a un grupo de empresas que ha obtenido miles de millones de contratos en obra gris.
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REHABILITACIÓN, PUENTE RÍO DULCE
- Empresa a cargo: Diseño, Construcción, Planificación y Asesoría (Dipconsa), propiedad de Alejandro José Lucero Marroquín
El CIV confió la rehabilitación de uno de los puentes emblemáticos del país a una empresa de dudosa experiencia, que a lo largo de su historial de contrataciones públicas no había recibido una adjudicación similar.
Pero más que un emblema nacional, el puente es el punto de acceso más importante que tiene el país con Petén, por medio de la carretera CA-13. Pobladores de Río Dulce temen que la estructura colapse más temprano que tarde por su deterioro.
Aseguran que el aumento del tránsito de transporte de carga, más la “negligencia” de sucesivos gobiernos que no hacen una reparación estructural al puente, puede causar una tragedia.
La empresa adjudicada es Dipconsa, una constructora que fue imposible localizarla para el artículo que se publicó el pasado 31 de agosto, puesto que en Guatecompras no cuenta con un número de teléfono y tiene una página de internet para consultar su ubicación.
La adjudicación se le hizo por emergencia, es decir, obviando los requisitos y tiempos normales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que se utilizó el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Estratégica. El contrato fue por Q83 millones, aunque no contempla reparaciones estructurales, sino únicamente la realización de ensayos para conocer las condiciones estructurales del puente; y claro, el recapeo, colocación de luces, pintura de los barandales y la instalación de básculas de pesaje.
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PUENTE COROZAL
- Empresa adjudicada: Grupo Muratori, S. A.
La adjudicación de esta obra de infraestructura se produjo en octubre de 2022. Fue parte de un centenar de proyectos incluidos en la Ley para fortalecer el mantenimiento y recuperación de infraestructura estratégica, ley que el congreso aprobó en tiempo récord (en 15 días la recibió, dictaminó, conoció y aprobó).
El proyecto consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles del puente Corozal, que se ubica en el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico, en Agua Caliente, San Antonio La Paz, El Progreso. El CIV resalta que el proyecto —por el cual ya se pagaron Q114 millones— lleva ya un avance cercano al 70%; el problema es que no tiene cómo entrar y salir, puesto que los terrenos son privados.
Hasta el pasado 8 de julio, cuando La Hora visitó la obra, las personas que viven en las cercanías del puente y que se verán afectadas directa o indirectamente aseguraban que nadie del CIV se había acercado a ellos para negociar los derechos de vía. Algunos de los vecinos del lugar afirman que tienen escrituras y que llevan 20 o 30 años viviendo en el lugar.
El contrato se firmó por Q188 millones, pero en 2023 se añadieron órdenes de trabajo que hicieron aumentar su valor hasta Q201 millones.
