Al cruzar el puente Corozal, de sur a norte, frente al Irtra de Aguas Calientes, sobre la ruta al Atlántico (CA-09 Norte), se encuentra el comedor Nataly. Adentro, doña Celeste se afanaba por atender a los seis o siete clientes que había una tarde de julio. Eran alrededor de las 17:30 horas, pero algunos viajeros ya buscaban algo de comer antes de continuar su ruta.
Desde hace cuatro años y medio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) otorgó un contrato millonario para ampliar de dos a cuatro carriles dicho puente, que pasa sobre el río Plátanos, justo en el límite departamental entre Guatemala y El Progreso.
Para que la obra pueda concluir, la estructura deberá pasar por terrenos donde hoy se encuentran viviendas y negocios, como el que atendía doña Celeste. Sin embargo, ella y varios vecinos consultados coinciden en que, hasta ahora, poco o nada se sabe de qué va a pasar.
El proyecto se adjudicó por un monto de Q188.7 millones, pero este aumentó ya a Q201.3 millones, producto de tres «documentos de cambio» por «trabajos suplementarios» y un «acuerdo de trabajo extra» que fueron autorizados por la Dirección General de Caminos (DGC).
Estas órdenes, que suman Q12.6 millones adicionales, contienen trabajos como excavaciones, compra de concreto, relleno de estructuras, barricadas de concreto, así como siembra de césped y arbustos, entre otros.
Del total del contrato con sus modificaciones, ya se le ha desembolsado a la empresa Q114.4 millones, mientras que la ejecución física alcanza el 68%, asegura el CIV.
Este es el último de nueve proyectos analizados que fueron visitados por La Hora en una investigación que busca mostrar un patrón de infraestructura inconclusa en obra gris que le ha costado al país más de Q800 millones.
En total se visitaron nueve puntos geográficos en un recorrido de más de 1 mil 300 kilómetros en cinco días. Un equipo de este medio viajó hasta Sayaxché, Petén; Cocales, en Suchitepéquez; Río Dulce, en Livingston, Izabal; Guanagazapa, Escuintla; Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, en El Progreso; además de tres tramos críticos de la ruta departamental RD-GUA-09, en el departamento de Guatemala.
Si uno llega al lugar donde se encuentra el puente, en el kilómetro 29 de la CA-09 norte, observa que la infraestructura está casi completa. Cualquiera puede pensar que está a poco de ser concluida, a no ser por un pequeño, pero a la vez gran detalle: hasta el pasado 8 de julio, los pobladores no habían sido informados de que el puente debía pasar por áreas donde hoy en día están construidas sus viviendas.
Consultados por La Hora, los habitantes de este lugar perteneciente a la aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, El Progreso, comentan que llevan muchos años de vivir ahí; algunas personas aseguran que incluso cuentan con títulos de propiedad.
El proyecto de ampliación del puente fue adjudicado el 24 de octubre de 2022 a la empresa Grupo Muratori, S. A., firma que desde 2005 suma contratos con el sector público por un valor de Q2 mil 582 millones, dentro de los que destaca el de Q1 mil 785 millones para la construcción del puente Belice II.
Por la construcción del Corozal también pujó Tracser, S. A., compañía que ya ha sido nombrada en esta serie de reportajes y que tiene a su cargo la construcción de un tramo del anillo regional. Se le señala por ser parte de un grupo de constructoras que han acaparado miles de millones de quetzales en obra pública.
Su oferta, que era por un monto de Q186.9 millones, fue rechazada porque la experiencia de su superintendente propuesto era de siete años y no de ocho, como lo exigían las bases de licitación.
El puente Corozal es parte del centenar de obras que se incluyó en la polémica Ley para el fortalecimiento y construcción de infraestructura estratégica (Decreto 21-2022), que el Congreso aprobó en marzo de 2022, y cuyos proyectos no necesariamente contaban con los avales técnicos, según reconoció el propio exministro de Comunicaciones de la época de Alejandro Giammattei, Javier Maldonado.
Esta Ley —que fue recibida, conocida, dictaminada y aprobada en apenas 15 días— creó un fondo de Q3 mil 100 millones, de recursos no ejecutados por la emergencia del Covid-19, que se destinaron para la construcción y mantenimiento de al menos 100 proyectos. Uno de ellos, el puente Corozal.
Maldonado reconoció en aquellos días, cuando se le consultó sobre los avales técnicos, que eso habría que preguntárselo a los diputados distritales porque ellos propusieron los proyectos.
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NO CONTABAN CON DERECHOS DE VÍA
En un oficio enviado a la Redacción el pasado 31 de julio, la directora de Comunicación Social del CIV, Ana Luisa Olmedo, confirmó lo que un equipo de La Hora pudo notar en una visita que se hizo al lugar: el hecho de que el proyecto se adjudicó sin contar con la certeza jurídica de los terrenos por donde pasará el puente.
“El proyecto fue planificado durante los años 2021 y 2022 por la administración anterior sin contar previamente con la totalidad del derecho de vía adquirido o consensuado con los propietarios afectados”, precisó el CIV en el documento enviado a este medio, en el que además señala que tampoco se disponía de una «solución técnica integral» para la incorporación del puente a la CA-09 norte.
Añadió que, para el pasado 31 de julio, se trabajaba en las gestiones para resolver el derecho de vía, y aseguró que se han alcanzado “avances importantes”.
De acuerdo con el CIV, el proyecto cuenta con un año de prórroga, el cual vence el 24 de julio de 2027, aunque considera que la ampliación puede estar finalizada antes de que termine el 2026.
AVANCE DEL 68%
En el oficio del CIV enviado a La Hora, Olmedo detalla que el proyecto fue suspendido en tres ocasiones por decisión y circunstancias ocurridas en administraciones anteriores. Estas suspensiones se produjeron el 21 de diciembre de 2022, el 6 de enero de 2023 y el 28 de noviembre, también de 2023.
Sin embargo, en la nota, Olmedo asegura que “la actual administración ha realizado todas las acciones técnicas, administrativas y financieras que permitieron reactivar el proyecto el 20 de octubre de 2025” y desde esa fecha los trabajos mantienen una “ejecución constante”.
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La cartera asegura que la ampliación lleva un avance físico del 68.57% y, al detallar los trabajos, informó que estos han sido: cimentaciones, construcción de dos pilas centrales, bases de apoyo y colocación de aisladores sísmicos.
Como en otras entregas que ha publicado La Hora, el CIV aseguró que los Q114.4 millones pagados hasta el momento son por trabajos “efectivamente ejecutados y debidamente respaldados dentro del proceso de supervisión y pago contractual”.
SIN ACERCAMIENTOS
El pasado 8 de julio, un equipo de La Hora estuvo en el lugar y constató que no se había consensuado los derechos de vía con los propietarios de los terrenos.
“Aquí es propio, aquí vivimos desde hace 30 años. Aquí compramos”, dijo Eluvia una mujer que vive en el lugar donde deberá pasar el puente en el lado norte de la estructura. La entrevistada dijo que, hasta dicha fecha, nadie del Gobierno había llegado a hablarles de soluciones “si van a dejar las casas o dónde piensan hacer el puente”.
De igual forma, un joven de 30 años que se identificó solo como Carlos, detalló que no ha habido acercamientos por parte de las autoridades y no han llegado al lugar a tomar “ninguna medida”. “Aquí tendrían que venir o hacer algún acuerdo o algo para pagar por los terrenos”, aseveró.
“Imagínese, aquí la gente, no sé si tendrán alguna otra casa a donde ir. Yo llevo aquí ya varios años, pero que yo sepa no nos han preguntado nada”, explicó Carlos al indicar que la casa donde vive era de sus padres. Calculó que unas 30 familias viven en ese lado del puente y se verían afectadas, directa o indirectamente.
“Esto está bien raro, como que hicieron las cosas sin planificación. Por eso es que después se quedan a medias los proyectos porque después ya no saben qué hacer”, puntualizó Carlos.
ADJUDICACIONES IRRESPONSABLES
En el oficio que el CIV envió a esta Redacción, enfatizó que este y otros proyectos que vienen de la administración pasada se adjudicaron de manera irresponsable y con diseños mal planificados que no solventaban la necesidad de interconectar todos los poblados que están en el área de afectación directa o con derecho de vía.
Sin embargo, enfatizó que la actual administración ha efectuado un trabajo “técnico y responsable para garantizar que las obras se ejecuten correctamente y beneficien de manera integral a las comunidades”.
Agregó que “ha habido procesos intensivos de rediseño que permiten que no se paren las obras, pero que se realicen adecuadamente, mejorando la planificación, optimizando recursos, asegurando la interconexión de las comunidades y evitando atrasos por temas de derechos de vía”.
PROYECTOS Y PAGOS
No obstante, pese a reconocer que se trata de proyectos que se adjudicaron de forma irresponsable, el CIV ha continuado con los desembolsos por este proyecto. Una razón puede ser la explicación que en su momento dio el extitular de esta cartera, Félix Alvarado, cuando dijo que bajo el marco legal actual no puede dejarse de pagar a una empresa “por su reputación” y que hacerlo solo haría que la obra se paralice.
Aparte de los puentes Belice II y Corozal, mencionados en esta nota, Grupo Muratori también tiene a su cargo, entre otros proyectos, la construcción de un puente en San Marcos por Q128.3 millones; y el Chitomax, en Cubulco, Baja Verapaz, por Q192.2 millones.
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Asimismo, cuenta con tres contratos adicionales por el mantenimiento de la red vial que le suman Q138.2 millones. Estos cinco contratos fueron adjudicados durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
En la actual administración, los pagos que el CIV le ha efectuado a Grupo Muratori ascienden a Q364.2 millones, dentro de los cuales se cuentan Q53.65 millones por el puente Corozal.
«SOLO SON DOS INMUEBLES»
El gerente general de Grupo Muratori, Fóscolo Liano, habló con La Hora para dar su perspectiva de cómo marcha la obra. Aseguró que la estructura estará finalizada a mediados de diciembre, puesto que actualmente solo está pendiente juntar las dovelas, terminar de tensar los tirantes y algunos trabajos en los barandales, pinturas y señalización.
Sin embargo, reconoció que el derecho de vía, tanto en el ingreso como en la salida del puente, todavía está pendiente de solucionarse y dijo que de eso se encarga la Dirección General de Caminos (DGC). Esperan que se pueda solucionar en lo que se termina el puente para que dos meses después «ya esté funcionando».
«Son cuestiones de trámites, que ya están habladas y las personas sí saben lo que está pasando», aseguró Liano, quien dijo que a lo sumo serán dos viviendas las que se verán afectadas directamente. Dijo que construirán un muro especial de contención para asegurar el resto de inmuebles que se quedarán en el lugar.
Al ser consultado por qué una empresa participa en una licitación si conoce que hay problemas de derecho de vía, Liano expresó que «eso, en nuestro país, es una práctica común». «No es la mejor práctica, pero si no, los proyectos se vuelven eternos en lo que uno pide y el otro —el propietario— cede», justificó.
«Cuando hacen las carreteras, generalmente los derechos de vía no están completamente finiquitados y a veces por eso la hacen y dejan un pedazo sin trabajar. Eso es una práctica que se tiene aquí para poder darle viaje a los proyectos», añadió.
En el caso del puente Corozal, Liano dijo haber confiado en que la gente accedería a otorgar los derechos de vía porque, al ver que la estructura avanzada, «iban a sentir cierta presión para ceder en las negociaciones».
