En marzo de 2026 se adjudicó un contrato por Q83.2 millones para la rehabilitación del Puente Río Dulce, una estructura de 800 metros de largo que se ha convertido en un ícono de esa zona del país y que a la vez es la principal vía de acceso a Petén, sobre la ruta internacional CA-13.
El contrato fue adjudicado a la empresa particular Diseño, Construcción, Planificación y Asesoría (Dipconsa), cuyo propietario es Alejandro José Lucero Marroquín, un contratista que tiene al menos un antecedente de un proyecto del que se hizo cargo y tuvo retrasos.
Hasta hoy, los portales oficiales de las instituciones públicas no reflejan pagos a esta empresa por dicho proyecto. Sin embargo, durante el actual gobierno, el contratista ha sido ampliamente favorecido con nuevas adjudicaciones y con desembolsos por obras contratadas en años anteriores.
Este proyecto analizado es el octavo de nueve que fueron visitados por La Hora en una investigación que busca mostrar un patrón de infraestructura inconclusa en obra gris que le ha costado al país más de Q800 millones. No obstante, esta es la única de las obras que se visitaron que no fue adjudicada en la administración de Alejandro Giammattei, es decir, fue adjudicada durante el gobierno de Bernardo Arévalo; también es la única que no ha pasado por un proceso de suspensión formal.
En total se visitaron nueve puntos geográficos en un recorrido de más de 1 mil 300 kilómetros en cinco días. Un equipo de este medio viajó hasta Sayaxché, Petén; Cocales, en Suchitepéquez; Río Dulce, en Livingston, Izabal; Guanagazapa, Escuintla; Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, en El Progreso; además de tres tramos críticos de la ruta departamental RD-GUA-09, en el departamento de Guatemala.
El contrato fue firmado entre Ovidio Juventino Álvarez, actual director General de Caminos, y Lucero Marroquín. El documento legal especifica que los trabajos a ejecutar son los contenidos en las bases de contratación que, entre otros, son: reparación, limpieza y pintura de barandas, rehabilitación de la losa de concreto, sello de grietas y la realización de ensayos para conocer las condiciones estructurales del puente.
También, pruebas de resistencia, medición de potencia, pruebas de ruptura, así como la rehabilitación de columnas y pilas de la estructura. Además, las bases detallan que se deberá instalar un sistema de monitoreo remoto del puente, para tener un control del sobrepeso de los vehículos, para lo cual se requiere la instalación de dos básculas de pesaje que deberán colocarse en la entrada y salida del puente.
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Por último, dentro de los elementos destacados a los que se refieren las bases del concurso, también está que el contratista deberá elaborar una propuesta para la iluminación de la estructura y colocar cámaras de grabación para que se transmitan en vivo las 24 horas del día los trabajos en el puente.
TRABAJOS HAN SIDO CONTINUOS, SEGÚN CIV
El pasado 31 de julio, el CIV envió una comunicación a La Hora en la que asegura que los trabajos comenzaron el 31 de marzo y se ha mantenido una “ejecución continua desde esa fecha”.
En un oficio, firmado por la directora de Comunicación Social del CIV, Ana Luisa Olmedo, la institución precisó que la fecha prevista para el término de la obra es el 30 de enero de 2027, y aseguró que, aunque no se han hecho desembolsos, “eso no significa ausencia de ejecución”.
“Los trabajos realizados se encuentran en proceso previo a la presentación, revisión, aprobación y posterior pago conforme a los procedimientos establecidos”, detalló la comunicación, la cual añadió que una obra puede tener avances físicos importantes antes de recibir pagos, sobre todo cuando se hacen labores preliminares como estudios, diagnósticos o trabajos preparatorios”.
El CIV aseguró que la empresa ha desarrollado trabajos de fresado a la rodadura existente y el retiro del material acumulado durante años producto de recapeos sucesivos.
TRABAJOS ESPORÁDICOS
El pasado miércoles 8 de julio, La Hora visitó Río Dulce para constatar el avance en el puente y comprobó que no había trabajadores en el lugar. En esa fecha se había levantado parte del asfalto viejo y parte de los barandales estaba cubierto con nailon negro. No se veía algún trabajo.
Pobladores y autoridades locales confirmaron que, para esa fecha, los trabajadores solo habían llegado un par de ocasiones. “Creo que vinieron dos veces y nos pidieron apoyo para regular el tránsito, pero después de eso no, ya no volvieron a pedirnos apoyo”, dijo un oficial de la Policía de Tránsito de Río Dulce, quien pidió no ser citado por no estar autorizado para dar declaraciones.
Comerciantes que tienen negocios justo debajo del puente también confirmaron a este medio que “no se ve” mayores trabajos en el lugar.
Posteriormente, el 21 de agosto, La Hora contactó al concejal primero de Livingston, Hendry Andrade, quien está a cargo de la subalcaldía de Río Dulce y —de nuevo— insistió en que la presencia de trabajadores del contratista es irregular.
Indicó que el 8 de agosto una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) llegó a hacer una inspección al puente, preocupados porque eventualmente algún incidente pueda poner en riesgo la vida de las personas. “Ese día había un gential, como 20 personas trabajando. Yo dije: ‘Hoy sí le están poniendo atención, al fin’, pero nomás se fueron y la gente no siguió trabajando”, lamentó Andrade.
“Lo que veo es que siguen pintando la baranda, nada más. Son trabajos muy aislados; ahorita ya levantaron todo el asfalto, pero las juntas no las han reparado, que ha sido la problemática que tenemos desde hace años”, agregó el concejal, quien explicó que las juntas son una especie de hules gigantes que unen las partes del puente para garantizar su compactación.
PREOCUPA A POBLADORES
Asimismo, expuso que se han identificado grietas en las bases, y que es urgente que un especialista en puentes determine qué se debe hacer. Además, considera y cree que esto se debe a que cada vez hay más transporte pesado atravesando la estructura, por lo cual ahora vibra más que hace unos años.
Andrade reconoce que, tanto él como la población, temen que el puente pueda colapsar y causar una tragedia de grandes proporciones. “Es urgente que se hagan esos trabajos a la brevedad posible, porque hay temor por la fuerte carga vehicular y cada día vemos que se deteriora más. Solo poner el asfalto no garantiza que no se va a caer”, subrayó.
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El concejal primero de la comuna de Livingston dijo que se han reunido con “todos los ministros” de Comunicaciones que ha tenido el actual gobierno y les han pedido la reparación integral del puente.
En la tercera semana de julio enviaron la nota más reciente al CIV y en respuesta “vinieron a rellenar hoyos, a hacer un medio bacheo” a la carretera que atraviesa el centro de Río Dulce, indicó.
El CIV no respondió a una solicitud de comentario que se le hizo respecto de estos señalamientos. Si responde, se incluirá en este espacio.
EXPERIENCIA DUDOSA
La rehabilitación del puente Río Dulce fue adjudicada a Dipconsa, una empresa particular que durante el gobierno de Bernardo Arévalo ha experimentado sus mejores años en cuanto a adjudicaciones.
De 2015 a la fecha acumula 111 contratos adjudicados. Hasta antes de la actual administración, acumulaba Q155.8 millones en adjudicaciones. Pero entre 2024 y 2026 ha logrado proyectos por Q539.5 millones, el 92% del monto fue por contratos otorgados por el CIV, entre 2025 y 2026.
Las bases del concurso para la rehabilitación del puente Río Dulce especifican que los oferentes debían incluir “una lista de trabajos similares al que se pretende contratar, de por lo menos dos proyectos que se hayan ejecutado con la descripción y longitud descrita en la definición de proyecto similar”.
A la experiencia, en las bases de licitación, se le otorgó una ponderación de 20 puntos si el interesado comprobaba la ejecución de cuatro o más proyectos similares, 15 puntos si presentaba tres y 10 si solo se comprobaba experiencia en dos. Menos de esta cantidad, la oferta debía ser rechazada.
Para acreditar la experiencia, agregan las bases; el oferente tenía que acompañar la oferta de la “lista de los respectivos contratos” con el nombre de la entidad que lo contrató, dirección, teléfono y monto del contrato.
La Hora revisó los 111 concursos en los que participó Dipconsa en 11 años y, aparte del recientemente adjudicado por el puente Río Dulce, no se halló ningún otro relacionado con este tipo de estructuras.
Tampoco fue posible conocer si tiene experiencia en el ámbito privado en la construcción, reparación o rehabilitación de puentes de por lo menos 800 metros de largo.
EN ZONA 4
No fue posible tampoco localizar una página web ni redes sociales de la empresa. En la dirección que aparece en Guatecompras no aparece ningún número de teléfono para contactarla.
La Hora se dirigió a la oficina de la empresa en la zona 4, el viernes 28 de agosto, pero —a través del intercomunicador—, una persona que dijo que era el «recepcionista» indicó que no había nadie que pudiera atendernos.
Este medio pudo ubicar un número de celular del propietario, Alejandro José Lucero Marroquín, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes dejados en su WhatsApp.
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Las suspicacias pueden aumentar si se toma en cuenta que el CIV adjudicó por emergencia, basado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, figura de contratación en la que se acortan los tiempos, puesto que se obvian algunos pasos de la Ley de Contrataciones del Estado.
La ley permitió que entre el 13 de marzo y el 21 de marzo de 2026 (en 8 días), se publicara el concurso, se recibieran ofertas y se adjudicara el proyecto. Aparentemente, solo participó la empresa ganadora. Contrario a otros procesos, en este no se subió a Guatecompras el número de ofertas ni el acta de recomendación de adjudicación con el punteo que recibió la oferta de Dipconsa y de otras firmas, si es que participaron.
En relación con la dudosa experiencia de Dipconsa, el CIV tampoco respondió a una solicitud de comentarios que se le hizo llegar a la oficina de Comunicación Social.
PROYECTO DEL DECRETO 21-2022
La empresa ya cuenta con un antecedente de ejecutar un cuestionado proyecto que, desde su adjudicación, se prolongó considerablemente.
En 2022 firmó un contrato con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para la rehabilitación de la ruta departamental RD GUA-10, el tramo que conduce de Santa Elena Barillas hasta la aldea Los Pocitos, Villa Canales, aproximadamente 12 kilómetros.
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Esta obra fue parte de las incluidas en el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, que el Congreso de la República aprobó el 15 de marzo del 2022, en tiempo récord y bajo fuertes críticas de que los proyectos carecían de soporte técnico.
El contrato se firmó por Q36.4 millones, pero al término del gobierno pasado se había quedado inconcluso. Después de que La Hora identificara y publicara que dichos trabajos estaban a medias, la actual administración los retomó y la rehabilitación del asfalto concluyó hasta en abril de 2025, según una nota publicada en la página oficial del Gobierno.
