La deuda pública de Guatemala proyectada para cerrar 2027 equivale a unos Q15 mil 330 por habitante, un cálculo que permite dimensionar el tamaño del endeudamiento del Estado, aunque no significa que cada guatemalteco tenga una deuda individual por ese monto.
La cifra resulta de dividir los Q280 mil 708.3 millones de deuda pública proyectados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para el cierre del año entre los 18.31 millones de habitantes estimados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En opinión del economista y experto en temas presupuestarios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el ejercicio es algo usual que permite trasladar a una escala más cotidiana un saldo que supera los Q280 mil millones.
Sin embargo, fue claro en explicar que la carga de la deuda no se distribuye distribuye de manera uniforme entre la población.
En la práctica, el Estado obtiene sus recursos principalmente a través de los impuestos y no todas las personas aportan lo mismo, refirió. Además, la deuda no se cancela de una sola vez, sino que se atiende a lo largo del tiempo mediante pagos de capital e intereses.
Así, que los Q15 mil 330 funcionan como una referencia para entender la magnitud del endeudamiento público, no como una cuenta que cada ciudadano deba pagar.
Según Lavarreda, un niño que hoy forma parte de ese promedio no tendrá que pagar Q15 mil 330 cuando llegue a la edad adulta; en ese momento habrá heredado parte del saldo existente, pero también habrá cambiado el monto de la deuda y la población que la financia.
El cálculo realizado por La Hora tiene como base la proyección del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), que estima que la deuda pública cerrará este año en Q280 mil 708.3 millones, y la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 18.31 millones de habitantes. El resultado es de aproximadamente Q15 mil 330 por habitante.
UNA DEUDA QUE CRECIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA POBLACIÓN
El mismo ejercicio permite observar cómo ha cambiado esa relación con el paso de los años.
Por ejemplo, al inicio del gobierno de Otto Pérez Molina, en 2012, el saldo de la deuda pública era de Q96 mil 960.3 millones. Dividido entre los 14.78 millones de habitantes que el INE estimaba para ese año, representaba unos Q6 mil 560 por persona, en promedio.
Para 2016, cuando Jimmy Morales asumió la Presidencia, la cifra había subido a Q7 mil 944 por habitante, y en 2020, al inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, llegó a Q11 mil 227.
Para 2024, ya durante el gobierno de Bernardo Arévalo, el cálculo alcanzaba Q12 mil 966, mientras que para 2026, con la proyección de cierre del Minfin, llega a Q15 mil 330. Y seguiría creciendo.
Si el Congreso aprobara el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Ejecutivo para 2027 y se concretara la proyección de deuda de Q320 mil 443.3 millones, el mismo ejercicio llevaría el monto a unos Q17 mil 238 por habitante. La iniciativa plantea que la deuda pase de 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 29.4% el año siguiente.
El cálculo muestra así que el saldo de la deuda ha aumentado a un ritmo mayor que la población.
Sin embargo, hay una consideración importante al comparar las cifras de distintos años, y es que los Q6 mil 560 de 2012 y los Q15 mil 330 de 2026 están expresados en quetzales nominales de cada año.
Esto quiere decir que no se ha corregido el efecto de la inflación ni se ha llevado el dinero de los años anteriores a un mismo poder adquisitivo —es probable que hace 14 años se pudieran comprar más cosas con Q100 que ahora con esa misma cantidad—.
Por ello, el aumento nominal del monto por habitante sobrestima cuánto habría aumentado en términos reales, explicó Lavarreda.
El experto señaló que esa es precisamente una de las razones por las que, para analizar la evolución de la deuda a través del tiempo, los economistas suelen utilizar indicadores como la deuda respecto del PIB, que permiten comparar el tamaño de la obligación con el tamaño de la economía.
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¿QUÉ ES Y DE DÓNDE SURGE ESA DEUDA?
Para entender este rubro que forma parte de las finanzas del Estado se puede pensar en el presupuesto de una familia, la cual tiene ingresos y gastos.
Con el dinero que recibe el núcleo cada mes se paga la alimentación, vivienda, educación, transporte, servicios y otras necesidades, y, si en algún momento necesita más de lo que se tiene disponible, se puede recurrir a un préstamo. Este recurso permite cubrir una emergencia, por ejemplo, pero crea una obligación para el futuro; es decir, se trata de dinero que se debe devolver y, generalmente, pagar intereses.
Con el Estado ocurre algo parecido. El Gobierno obtiene ingresos principalmente mediante la recaudación de impuestos y otros rubros. Con ellos financia los servicios públicos, el funcionamiento de las instituciones, programas sociales, infraestructura, inversión y otras obligaciones. Pero, cuando los fondos disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades, puede recurrir al endeudamiento.
La deuda pública, por tanto, es el dinero que el Estado ha obtenido mediante operaciones de crédito y que debe devolver en el futuro, junto con los costos financieros correspondientes.
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Ese dinero puede tener dos fuentes principales: la deuda interna, que se obtiene principalmente mediante la colocación de Bonos del Tesoro en el mercado nacional, y la deuda externa, que incluye préstamos con organismos internacionales y bilaterales, así como bonos colocados en mercados internacionales.
En conjunto, conforman el saldo de la deuda pública, sobre el cual se generan intereses a tasas que dependen de la entidad financiera y de las características del compromiso asumido.
De acuerdo con los Reportes de Operaciones de Crédito Público del Minfin, el saldo pasó de Q96 mil 960.3 millones en 2012 a Q280 mil 708.3 millones proyectados para 2026. Es decir, en términos nominales, el monto se multiplicó por casi 2.9.
Para 2027, el proyecto de presupuesto plantea que el saldo llegue a Q320 mil 443.3 millones.
NO SE TRATA SOLO DE CUÁNTO SE DEBE
Lavarreda detalló que la evolución de la deuda debe observarse también en relación con el tamaño de la economía.
Antes de la crisis financiera internacional, Guatemala mantenía un saldo de deuda cercano al 20% del PIB. Después de la crisis de 2009 comenzó a aumentar y, al inicio del gobierno de Otto Pérez Molina, se encontraba alrededor del 24% al 25% del PIB.
La proporción continuó aumentando hasta llegar a 26.5% del PIB en 2019, y con la pandemia de COVID-19 se produjo otro salto, que llevó a que el indicador cerrara en 2020 en 31.5% del PIB. Después comenzó a descender, y llegó a 27.2% en 2023 y a 26.3% en 2024, según las cifras señaladas por el analista.
No obstante, la tendencia cambia nuevamente en las proyecciones más recientes. Para 2027, el proyecto de presupuesto estima que la deuda llegará a 29.4% del PIB.
Esto coloca el análisis en un punto distinto al de simplemente observar que la deuda pasó de Q96 mil millones a más de Q280 mil millones. La pregunta también es qué tan rápido crece la deuda frente a la economía y qué está financiando ese endeudamiento, dijo el experto.
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CUANDO LA DEUDA NO ES PARA INVERTIR
La deuda no es, por sí misma, algo necesariamente negativo. Tanto una familia como el Estado pueden endeudarse para adquirir bienes o hacer una inversión que les permita mejorar sus condiciones económicas. El problema suele estar en las condiciones y, sobre todo, para qué se utiliza el dinero.
Aquí aparece una de las críticas que durante años han acompañado al crecimiento de la deuda pública guatemalteca y es que el endeudamiento —principalmente el interno— ha dejado de usarse solo para crear infraestructura u otras inversiones que permanezcan en el tiempo, y, más bien, ha servido para financiar el funcionamiento del Estado.
En términos de la analogía familiar, sería como pedir un préstamo para pagar la comida, el recibo de luz o los gastos ordinarios de la casa. El problema es que esos gastos desaparecen después de ser pagados, pero la deuda permanece.
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La legislación guatemalteca establece una regla para evitar precisamente esa práctica. El último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto plantea restricciones para que los recursos provenientes de deuda no se utilicen para cubrir gastos corrientes u operativos. Sin embargo, esa prohibición no se ha cumplido.
«No se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos», dice textualmente ese apartado.
No obstante, anualmente, en cada ley del presupuesto nacional se ha incluido una excepción que faculta al Ejecutivo para usar el dinero que se obtiene de los bonos en gastos de funcionamiento. Ello ha sido advertido por distintos tanques de pensamiento como una falla técnica en la formulación del plan de gastos, pero no ha impedido que se siga aplicando.
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¿CÓMO SE PAGA?
Volviendo a la analogía de la familia, pedir prestado no significa necesariamente que el hogar esté en problemas.
Lo importante es que pueda cumplir con sus cuotas sin comprometer sus necesidades básicas y que el dinero obtenido tenga un propósito que justifique asumir esa obligación. En el Estado ocurre algo similar.
La deuda pública tiene que pagarse con recursos del Estado. Cada año el presupuesto incluye recursos para atender ese compromiso, que incluye el pago de intereses y la amortización del capital. Eso significa que una parte de los ingresos nacionales en los próximos años ya está comprometida para atender obligaciones adquiridas con tales créditos.
Para 2026, por ejemplo, se destinaron Q21 mil 195.64 millones dentro del Presupuesto General de la Nación para los servicios de la deuda pública —así se consigna en el Portal de Transparencia Presupuestaria del Minfin—. Esos fondos equivalen a aproximadamente el 13% de los Q168 mil 789.82 millones que tiene disponibles el Gobierno para todo el año.
Esto quiere decir que unos Q13 de cada Q100 que componen el presupuesto ya están comprometidos con la deuda y no pueden usarse en otro rubro. Además, ese costo puede crecer conforme aumenta el saldo.
MÁS DEUDA PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO
El proyecto del presupuesto nacional para el próximo año plantea un gasto total de Q192 mil 045.1 millones y un déficit fiscal de Q48 mil 300.1 millones, equivalente al 4.4% del PIB. Para cubrir esa brecha, el Gobierno contempla recurrir en buena medida a nuevo endeudamiento.
El Ejecutivo sostiene que el aumento de recursos permitirá financiar inversión estratégica y programas sociales, con énfasis en infraestructura. De esa cuenta, su propuesta identifica Q23 mil 930.6 millones, en obras relacionadas con infraestructura vial, agua y saneamiento, Puerto Quetzal, Fondo de Garantía para la Modernización del Transporte de Pasajeros y proyectos a cargo del Instituto Nacional de Electrificación.
Pero el crecimiento del endeudamiento también modifica la trayectoria de la deuda respecto del PIB.
El Plan de Gobierno presentado en su momento por el Movimiento Semilla planteaba como meta que al finalizar 2027 el saldo de la deuda pública se redujera a 26.8% del PIB, junto con un aumento de la carga tributaria y una mayor proporción del presupuesto destinada a inversión, recordó Lavarreda, y añadió que la proyección incluida actualmente en el proyecto presupuestario es de 29.4%, es decir que en lugar de una reducción habría un incremento.
