Más dinero no garantiza más resultados. Con una propuesta de Q192 mil 045.1 millones para 2027 (13.8% superior al presupuesto vigente) y la más alta planteada en la historia del país, según analistas, el Gobierno abre una discusión que va más allá del récord en el gasto público.
Mientras el Ejecutivo defiende una expansión del gasto y una cartera de proyectos que presenta como una apuesta sin precedentes para impulsar la inversión pública, el foco del debate está en tres interrogantes: de dónde saldrán los recursos, si las instituciones podrán ejecutar un presupuesto de esa magnitud y cómo se garantizará la transparencia en el uso del dinero público.
LAS BANDERAS ROJAS
Para Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, el dato clave no es el monto nominal, sino el peso respecto a la economía.
“El gasto total alcanzaría el 17.1% del PIB. En 2020, durante la pandemia de la COVID-19, llegamos al 15.6%. Hoy no tenemos esa crisis, pero estamos 1.5 puntos arriba de ese máximo histórico”, explicó.
El segundo foco rojo es el déficit fiscal: 4.4% del PIB. Eso significa unos Q48 mil millones que el Estado deberá financiar con deuda. Para comparar: organismos internacionales recomiendan que economías como la guatemalteca no superen 2% del PIB.
Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) coincide en que no hay forma de justificar ese déficit: «no hay una situación de emergencia como durante el COVID», pero si genera suspicacias que el país se encamina hacia un año electoral.
“Es más del doble de lo recomendado. Me parece un presupuesto desproporcionado, irresponsable”, dijo Boteo.
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A eso se suma otra preocupación: el destino de esa deuda. El analista advierte que parte se usará para gasto corriente, es decir salarios y funcionamiento.
Coyoy lo dice de manera directa: «lo que se ha visto es que en los años anteriores es que el congreso lo modifica para incluir el aporte extraordinario para los CODEDES y el incremento del gasto termina orientado a este propósito que sirve principalmente a intereses de los diputados y no a necesidades de la población».
“La teoría financiera dice que la deuda debería ir a inversión productiva. Si la usas para gasto corriente no generas rentabilidad para pagarla”, agregó Boteo.
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Boteo también cuestionó la proyección de ingresos: Q131 mil 635.9 millones en recaudación tributaria, 9.9% más que 2026.
“Se está siendo bastante optimista. Si la economía mundial se complica por guerras o crisis climática, esos ingresos podrían quedarse cortos”, advirtió.
ASIES coincide y refiere que el incremento en los gastos debería estar directamente relacionado al aumento en los ingresos. Dado que la recaudación tributaria prevista para 2027 aumenta un 10%, en similar magnitud debieran incrementarse los gastos, para no generar más deuda y riesgos de desequilibrios macroeconómicos.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: MÁS INVERSIÓN, CERO IMPUESTOS
El Ministerio de Finanzas defendió el proyecto ante el Congreso como un plan para “fortalecer el crecimiento económico, el empleo, el bienestar social y la democracia”.
Sus argumentos centrales:
Más gasto social. Más del 46% del presupuesto va a inversión social. Educación recibe Q27 mil 898.0 millones y Salud Q18 mil 615.5 millones. Incluye Q3 mil 985.7 millones para alimentación escolar y fondos para desnutrición crónica y nuevos hospitales.
Más inversión pública. Q4 mil 800 millones para ampliar Puerto Quetzal, Q10 mil 668.6 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Q14 mil 966.7 millones a municipalidades y Q6 mil 185.4 millones vía Consejos de Desarrollo.
Sin nuevos impuestos. El crecimiento de ingresos se basa en mejor administración tributaria. La carga tributaria subiría de 11.8% a 12.1% del PIB.
Gastos puntuales explican el déficit. Finanzas señala que el 4.4% del PIB responde a gastos extraordinarios: Elecciones 2027 Q2 mil millones, pago al Banco de Guatemala Q2 mil 600 millones y constitución de fondos para la Agencia Nacional de Infraestructura Q2 mil 550 millones.
“El proyecto enfatiza la inversión en las personas y en los bienes que permitirán aumentar el crecimiento, al tiempo en que se cuida la estabilidad macroeconómica”, indicaron autoridades del Ministerio.
EL SECTOR PRIVADO PIDE FRENO
“El Gobierno planea gastar muy por arriba de sus ingresos. Hacemos un llamado al Congreso para que actúen con responsabilidad y ajusten el presupuesto a las capacidades reales del país”, refirió la Cámara del Agro.
Coyoy lo tradujo de la siguiente manera: «El riesgo de ese mayor déficit en año electoral es que se deteriore la imagen de estabilidad macroeconómica que caracteriza al país».
Añadió que durante el año electoral y si no se tienen los controles adecuados, se puede acelerar la ejecución del gasto para atender intereses clientelares sin que esto se traduzca en atención de necesidades sociales.
Ambos lados coinciden en: El 2027 es el año electoral.
“El enorme riesgo es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo piensen en clave electoral. El mejor escenario para Guatemala en este momento es quedarse con el presupuesto actual”, agregó Boteo.
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ASIES también reconoció que las negociaciones en el Congreso no serán las más favorables o técnicas a la luz del proceso electoral, e hizo un llamado a priorizar la transparencia y asignaciones eficientes.
Analistas y fuentes del sector empresarial coinciden en que, si las finanzas nacionales se salen de control, ello podría afectar negativamente el objetivo de Guatemala de obtener el “grado de inversión”, que conceden las calificadoras de riesgo internacionales.
El Gobierno, por su parte, incluyó en el presupuesto Q2 mil millones para las Elecciones Generales y Q3 mil 015.4 millones para la Estrategia Mano a Mano contra la pobreza y desnutrición, como muestra de su compromiso para atender las brechas que las mismas calificadoras señalaron.
Ahora la palabra la tiene el Congreso. Entre la presión por atender necesidades sociales y el riesgo de un gasto desbordado en año electoral, los diputados deberán decidir si aprueban, recortan o devuelven el proyecto.
