Cuando el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Javier Maldonado, firmó el acuerdo ministerial que autorizaba el contrato para la ampliación a cuatro carriles del tramo 7 del Anillo Regional C50, el país atravesaba uno de sus momentos más convulsos de la historia reciente.
Ese acto administrativo ocurrió el 7 de septiembre de 2023, cuando se vivía una de las etapas más intensas del reciente proceso electoral. El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a cargo de Rafael Curruchiche, llevaban a cabo una serie de acciones —calificadas de antidemocráticas por actores nacionales e internacionales— para deslegitimar la elección que dio el triunfo a Bernardo Arévalo.
Días después, luego de que la Fiscalía allanara el Tribunal Supremo Electoral, secuestrara cajas electorales y contara votos, estallaron las manifestaciones y bloqueos que sumieron en una crisis al país, aproximadamente durante un mes.
El CIV, en ese entonces, estaba ocupado en agilizar las gestiones para garantizar que el contrato para la ampliación del tramo 7 quedara en firme. La empresa adjudicada: Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), una constructora reconocida por los vínculos con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, y pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
La firma también se destaca por ser una de las que experimentó un crecimiento exponencial de las adjudicaciones recibidas desde que Giammattei llegó a la Presidencia.
El proyecto analizado en el presente artículo es la ampliación a cuatro carriles del Anillo Regional C50, tramo 7.
Este es el sexto trabajo que se presenta, de nueve proyectos visitados por La Hora en una investigación que busca mostrar un patrón de infraestructura inconclusa en obra gris que le ha costado al país más de Q800 millones.
En total se visitaron nueve puntos geográficos en un recorrido de más de 1 mil 300 kilómetros en cinco días. La ruta guio hacia Sayaxché, Petén; Cocales, en Suchitepéquez; Río Dulce, en Livingston, Izabal; Guanagazapa, Escuintla; Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, en El Progreso; además de tres tramos críticos de la ruta departamental RD-GUA-09, en el departamento de Guatemala.
OTRA VEZ ASPETRO
El contrato para los trabajos en este tramo del Anillo se firmó el 4 de agosto de 2023, entre el entonces director General de Caminos (DGC), Luis Gabriel Jo Lau y Luis Rolando Gálvez Pérez, administrador único y representante legal de Aspetro. El monto alcanzó los Q990.1 millones, lo que lo convirtió en el segundo más voluminoso adjudicado en el gobierno de Giammattei.
De acuerdo con las bases de licitación, la carretera a ampliar es la que comprende de El Obrajuelo, Villa Canales, hasta Guanagazapa, Escuintla, en las rutas departamentales RD GUA 09 y RED ESC 09.
Sin embargo, el contrato firmado se refiere a otro tramo, que comienza, sobre la RD GUA 09, desde la intersección con la CA1 oriente (carretera a El Salvador) hasta El Obrajuelo, algo que no hace sentido, si se toma en cuenta que este tramo fue adjudicado en dos fases a las empresas Representaciones CEM y a Tracser, Sociedad Anónima.
El CIV aclaró que el tramo a trabajar es el que señalan las bases de licitación y que probablemente ocurrió un error al momento de elaborar el contrato del que no se percataron las anteriores autoridades. Explicó que el Departamento Jurídico busca subsanar la falla.
La cartera explicó a La Hora que el proyecto comprende 18.7 kilómetros y que la ejecución fue suspendida el 1 de octubre de 2023, dos meses después de iniciados los trabajos, debido a problemas relacionados con derecho de vía.
Añadió que la actual administración lleva a cabo un “amplio proceso de gestión técnica” administrativa y legal para resolver las limitaciones que mantenían detenido el proyecto y que, como resultado de esto, la suspensión se levantó el 20 de febrero de 2026, luego de 872 días de inactividad.
En un oficio enviado a La Hora, firmado por la directora de Comunicación Social del CIV, Ana Luisa Olmedo, se asegura que el proyecto registra un avance físico del 8.6% y que Aspetro hace movimientos de tierra, levantamientos topográficos, mantenimiento de la terracería existente, limpieza y chapeo, lo cual es “indispensable” para mejorar las condiciones de la ruta actual y preparar el terreno para la ampliación.
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Agregó que, por el momento, no se le ha pagado un centavo a la empresa, puesto que los trabajos ejecutados aún se encuentran dentro de los procesos técnicos y administrativos requeridos para la presentación, revisión y aprobación de las estimaciones de pago.
La Hora constató en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) que no se han hecho desembolsos por este proyecto, aunque el 8 de junio de este año se registró el CUR (comprobante único de registro) 1535 por Q1 millón, que aparece aprobado, pero aún no pagado.
¿QUÉ VIO LA HORA?
La Hora transitó el pasado 7 de julio el tramo de las carreteras RD ESC 09 y RD GUA 09, para llegar desde Guanagazapa, Escuintla, hasta El Obrajuelo, Villa Canales. Un tramo de aproximadamente 18 kilómetros. En el recorrido de un equipo de este medio no fue posible observar maquinaria ni personal efectuando trabajos.
El CIV, no obstante, aseguró en una comunicación con esta Redacción que los trabajos se efectúan actualmente en Guanagazapa, pero como en el lugar la constructora abre brecha para una nueva carretera, el área está “metida” y no se puede ver desde la ruta normal. Asimismo, la cartera envió una ubicación y fotografías de los movimientos de tierra que se hacen.
El tramo que sería ampliado está en tan malas condiciones que se requirió una hora y 15 minutos para recorrerlo, aproximadamente, un promedio de 4 minutos por kilómetro o 14.4 Km por hora. El recorrido solo se puede hacer en un vehículo de doble tracción, puesto que en amplios tramos hay demasiado polvo, que se transforma en lodo cuando llueve, piedras y hoyos de considerable profundidad.
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Al preguntar a unos pobladores en la salida de Guanagazapa si esa ruta llevaba a El Obrajuelo, advirtieron al equipo de La Hora que sí, pero que, si nuestra intención era ir a la capital, que mejor tomáramos la autopista Palín-Escuintla porque ese tramo tenía partes “muy malas”.
Aparte de ser un área poco poblada en medio de la montaña, hay espacios donde hay zanjas grandes y otros tramos empinados en donde solo cabe un vehículo a la vez, por lo que los conductores deben hacer malabares o ponerse de acuerdo para transitar.
POLÉMICA EMPRESA
El 20 de julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. hizo una actualización de la lista Engel, de actores señalados de corrupción y de socavar las instituciones del Estado, e incluyó a Ramiro Mauricio López Camey y a Mauricio López Oliva, a quienes identificó como propietarios de la firma Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro).
El documento en el que se les incluyó en la lista Engel estableció que la sanción obedeció a haber participado en “actos de corrupción significativa al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”.
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En la nota publicada por La Hora se detalla que la designación en el listado confirmó que ambos sancionados eran “personas de interés” para el Gobierno de Estados Unidos y que desde entonces venían observando las contrataciones de la entidad, así como las relaciones de las personas vinculadas.
Asimismo, este medio pudo establecer que la sanción a los señores López obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con el exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Giammattei, Miguel Martínez.
LA EMPRESA QUE AUMENTÓ SUS CONTRATOS
Aspetro —cuyos lazos con Miguel Martínez se han evidenciado por diversos medios— se convirtió en una de las principales constructoras de los últimos dos gobiernos, Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), debido al aumento de las adjudicaciones que ganó.
Aunque la constructora tiene antecedentes de hacer negocios con el sector público desde 2005, fue en estos dos gobiernos cuando incrementó la cantidad de contratos, en especial durante la administración de Giammattei, cuando registró un aumento realmente exponencial.
En una nota publicada por este medio en febrero de 2024 se dio a conocer que durante el gobierno de Óscar Berger la firma facturó al Estado Q64.59 millones; el aumento fue paulatino y en la administración de Morales ya había recibido adjudicaciones por Q534.44 millones, un 727% más.
Pero fue en el gobierno de Giammattei cuando Aspetro experimentó un crecimiento exponencial de las adjudicaciones recibidas, puesto que en los cuatro años obtuvo contratos por Q2 mil 14 millones, lo que representa un 3,000% más en relación con el cuatrienio en el que gobernó Berger.
PAGOS
El Ministerio de Comunicaciones no ha hecho ningún desembolso a Aspetro por la ampliación del tramo 7 del Anillo Regional; no obstante, sí ha efectuado pagos por otros proyectos que tiene la misma constructora y que fueron adjudicados también en la administración pasada.
En 2024, cuando se supo de que los pagos a Aspetro seguían en el actual gobierno, el exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado (el segundo de cinco ministros que han ocupado el puesto), justificó en una publicación en sus redes sociales del 30 de junio de 2024, que “no pagar a un proveedor por su reputación exige un marco legal distinto del actual”, y añadió que el único resultado de no pagar a empresas con señalamientos de irregularidades sería “que la obra se suspenda y la gente se quede sin su uso”.
“Se vale la indignación”, señaló a propósito de las críticas, “pero es indispensable reconocer que no tenemos buenas opciones, solo opciones menos malas. ¿Qué es peor: pagar un contrato tóxico o dejar a la gente sin la obra?”, agregó.
De esa cuenta, aunque la actual administración no le ha adjudicado ninguna licitación, le ha pagado sumas millonarias por contratos firmados en el pasado, de acuerdo con datos extraídos del Sicoin. Esto son:
- Trabajos en la carretera CA 01-occidente, Q9 millones
- Trabajos en carretera departamental de Sololá Q8 millones
- Trabajos en carretera departamental RD SCH 6: Q357 mil.
¿QUÉ DICE LA EMPRESA?
La Hora se comunicó con la constructora y explicó que actualmente laboran en la construcción del distribuidor vial, al inicio del tramo, en Guanagazapa, aunque retirado de la ruta principal.
Luisa Prado, del Departamento de Comunicación, indicó que el proyecto se retrasó porque la Dirección General Caminos (DGC) no había resuelto lo relacionado con los derechos de vía. Ahora recién se autorizó el paso en una finca que es precisamente donde hacen los trabajos.
Prado afirmó que no recibieron anticipo por el proyecto; sin embargo, ya ingresaron la solicitud de pago de la primera estimación y que ahora depende “directamente de Caminos” que se lo hagan efectivo.
Si de aquí en adelante la DGC logra resolver todos los derechos de vía, aseveró Prado, los trabajos se terminarían en 30 meses. Hasta el momento, calculó, el avance físico ronda el 5%.
Respecto a la diferencia entre lo firmado en el contrato y lo especificado en las bases de licitación, Prado dijo que consultaron con el Departamento Jurídico de la DGC, todavía en el anterior gobierno, y los abogados les dijeron que no había ningún problema y que “todo estaba en orden”.
ADJUDICACIONES IRRESPONSABLES
En el escrito enviado a esta Redacción, el CIV aprovechó para enfatizar que el Anillo Regional C50, Tramo 7, y otros proyectos que vienen de la administración pasada se adjudicaron de manera irresponsable y con diseños mal planificados que no solventaban la necesidad de interconectar todos los poblados que están en el área de afectación directa o con derecho de vía.
Sin embargo, enfatizó que la actual administración ha efectuado un trabajo «técnico y responsable para garantizar que las obras se ejecuten correctamente y beneficien de manera integral a las comunidades».
Por tal razón, aseguró, «ha habido procesos intensivos de rediseño que permiten que no se paren las obras, pero que se realicen adecuadamente, mejorando la planificación, optimizando recursos, asegurando la interconexión de las comunidades y evitando atrasos por temas de derechos de vía».
El CIV también rechazó que la labor de la actual administración se haya limitado a «continuar con la forma de trabajo del gobierno anterior y pagar —por los proyectos— pese a la mala calidad u opacidad».
