El presidente Bernardo Arévalo justificó el presupuesto superior a Q18 mil millones contemplado para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en 2027 y aseguró que la mayor parte de esos recursos no corresponde a una decisión discrecional del Gobierno, sino a montos establecidos por el marco legal para la inversión en obra pública.
Arévalo explicó que, del total destinado a los consejos de desarrollo, alrededor de Q6 mil 885 millones corresponden a recursos que deben ser asignados conforme a las disposiciones legales vigentes y que están vinculados con variables como el presupuesto de la nación y los ingresos disponibles.
“Esos están dictados por la ley. Entonces, no es una decisión del gobierno de ponerlos”, afirmó.
El mandatario señaló que los Codedes son los encargados de tomar las decisiones sobre las obras que se priorizan, mientras que instituciones como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) acompañan el proceso para verificar que los proyectos sean técnicamente viables y cumplan con los criterios establecidos.
#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo responde sobre mecanismos de fiscalización de obras públicas realizadas por Codedes.
Así mismo, el mandatario explica que los recursos colocados a los consejos se dividen en porcentajes preestablecidos en la ley, asignación directa para… pic.twitter.com/34Xv2Mh7yQ
— Diario La Hora (@lahoragt) September 7, 2026
Arévalo explicó que dentro de los recursos contemplados para los Codedes existe una asignación que sí responde a una decisión de su administración. Se trata de Q1 mil 200 millones destinados exclusivamente a proyectos municipales de agua y saneamiento.
El presidente justificó estos fondos debido al déficit que enfrenta el país en infraestructura para el tratamiento y manejo de aguas y señaló que las municipalidades tienen responsabilidades en esta materia, pero en muchos casos carecen de los recursos suficientes para atenderlas.
“En agua y saneamiento, Guatemala tiene un déficit terrible porque no se ha invertido suficiente en este tema”, afirmó.
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Según Arévalo, el Gobierno establecerá reglas para que estos recursos sean dirigidos a las municipalidades que presentan menores niveles de inversión en agua y saneamiento.
Además, indicó que el Ejecutivo incorporó Q200 millones adicionales para fortalecer al Instituto de Fomento Municipal (Infom), con el objetivo de aumentar su capacidad para apoyar a las municipalidades en la formulación y desarrollo de proyectos de agua y saneamiento.
OBRAS PARA EJECUTAR A DOS AÑOS
El presidente también explicó que los montos de inversión de los Codedes pueden generar una percepción distinta cuando se analizan únicamente por año, debido a que los proyectos pueden extender su ejecución durante dos ejercicios fiscales.
Arévalo recordó que en años anteriores los procesos de aprobación y trámites administrativos provocaban que algunos proyectos fueran autorizados varios meses después de su presentación. Esto dejaba poco tiempo para ejecutar las obras antes de finalizar el año.
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Por esa razón, explicó, se permitió que determinados proyectos pudieran continuar durante el año siguiente.
“Esos cálculos se hacen anualmente y no se toma en consideración lo que está sucediendo en los dos años”, señaló.
Como ejemplo, mencionó una escuela en Zacapa que comenzó a construirse en 2024 y que en 2025 estaba próxima a ser inaugurada, aunque los recursos y la ejecución correspondían a más de un ejercicio.
MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN
Arévalo sostuvo que, además de los controles institucionales, el Gobierno está impulsando mecanismos para que las propias comunidades puedan fiscalizar las obras ejecutadas con recursos de los consejos de desarrollo.
Uno de ellos es la utilización de códigos QR en los proyectos, mediante los cuales los ciudadanos pueden consultar información sobre las obras y contrastarla con lo que observan directamente en el terreno.
“Lo que permite es que cualquier persona en la comunidad tenga a la vista la información para poder constatar si hay un contraste, una diferencia entre lo que está sucediendo en el terreno y lo que se dice que está sucediendo”, explicó.
El mandatario señaló que esta herramienta busca facilitar que los ciudadanos identifiquen posibles inconsistencias y puedan canalizar las denuncias correspondientes.
Arévalo agregó que el Ejecutivo también desarrolla procesos de capacitación para que los ciudadanos conozcan cómo acceder a la información pública relacionada con los proyectos y sepan dónde acudir cuando detecten posibles irregularidades.
Según explicó, la Comisión Nacional contra la Corrupción, en coordinación con otras instituciones, impulsa las denominadas escuelas de fiscalización en distintos territorios.
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