Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

¿El huevo o la gallina?, frase que parece “conocimiento cotidiano” (el correspondiente a lo común y superficial), pero que, en medio de su vulgaridad (como vulgo, no como epíteto peyorativo), nos plantea una disyuntiva que, así dicha, únicamente lleva a un círculo vicioso, sin solución.

Aplicada la interrogante anterior a la coyuntura actual donde el caso del Abogado Mynor Moto concentra la atención de la “opinión pública”, me parece pertinente insistir en la problemática de fondo que, a mi juicio, es la relación entre la justicia y la política, discusión que, debemos reconocer, supera nuestra realidad nacional.

Por eso, muchos están justificadamente angustiados por lo que denominan politización de la justicia y judicialización de la política. Ese es un círculo vicioso, sin salida, si no se logra ubicar dónde está la génesis de esa dramática realidad.

Primero que todo, debemos lamentar que la política se haya mercantilizado. La propaganda se volvió superficial publicidad, las ideologías se desprestigiaron anunciando un pensamiento único. El dinero pasó a ser el factor determinante en el quehacer político, para comprar los cargos a elección y para hacer campañas cada vez más millonarias. Y en ese contexto, quienes lo poseían pasaban a dominar la política. Por mucho tiempo el capital empresarial jugó ese rol, pero poco a poco se formaron mafias político criminales, donde sus integrantes lograron acumular suficiente capital para jugar solos. De igual manera, el narcotráfico con los cuantiosos recursos que posee, avanzó cada vez más en ese mismo sentido, por eso se ha acuñado el término de la narcopolítica.

Así fue como se desarrolló el proceso de debilitamiento de la política. Sin ideología, sin programas, haciendo del poder un fin en sí mismo, ella terminó reducida a elecciones recurrentes donde lo que se define es qué intereses privados, cada vez más perversos y delictivos, controlan la institucionalidad estatal. En ese proceso de “despolitización de la política”, los conflictos que se expresaban en la lucha por el poder cambiaron de arena y empezaron a resolverse vía resoluciones judiciales. La política se distanció del pueblo, del ciudadano. La ciudadanía, ya no tomada en cuenta, se subordinó a la “justicia”. Por eso, había que cooptarla para controlar la arena donde se definía la lucha por el poder.

A mi juicio, lo que estamos viviendo ahora es, en buena parte, el resultado de la problemática referida. Los empresarios quieren una justicia que resuelva de acuerdo a sus particulares intereses, los mafiosos y narcos necesitan una justicia que les proporcione impunidad ante la corrupción que practican y los actos criminales que ejecutan. Y un superactor, los Estados Unidos, requieren un Estado que no esté cooptado por esos poderes perversos, ya que sus intereses de seguridad nacional (que obviamente va más allá de sus fronteras) se ven amenazados por los efectos que produce esa cooptación criminal.

El camino, largo sin duda, es la reivindicación de la política, con sustento ideológico y programático. Por eso, alcanzar una justicia independiente de los intereses privados (legales o criminales) resulta una piedra angular, ya que obligaría a que los conflictos políticos se resuelvan en el ámbito que le es correspondiente, el de dicha política ideológico/programática. Por eso, por perversa que haya sido en nuestra historia la intervención de los Estados Unidos (corresponsable de lo que ahora tenemos), bienvenida esa convergencia coyuntural con el interés nacional de sentar esa primera piedra.

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