Víctor Ferrigno F.
La feroz ofensiva del pacto de corruptos por imponer a Mynor Moto en la Corte de Constitucionalidad (CC) responde a una desesperada búsqueda de impunidad. Moto es el mejor ejemplo de un juez que hace de la toga un trapeador y de la justicia una mercancía. Es el producto de un sistema de justicia corrupto, cooptado y garante de impunidad.
Haciendo un derroche de recursos, Moto fue electo por una minoría de agremiados del Colegio de Abogados (CANG), en una elección en la que el abstencionismo fue el protagonista. Se le eligió para finalizar el periodo del difunto magistrado Bonerge Mejía en la CC, ciclo que concluye en abril. ¿Por qué tanto afán para una magistratura tan corta? Para ratificar sentencias espurias y asegurarles impunidad a peces gordos del crimen organizado.
Durante diciembre 2020 y el pasado enero, cuando los jueces titulares estaban de vacaciones, lograron que togados suplentes –y corruptos- cerraran varios casos de alto impacto o liberaran a procesados señalados de múltiples delitos. Estos fallos venales están siendo recurridos por varias fiscalías del Ministerio Público (MP), especialmente por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), apelaciones que tendrá que conocer, en última instancia, la CC. Por ello necesitan a magistrados deshonestos en esa Corte.
La trayectoria de Moto como juez está plagada de ilícitos, como lo evidenciaron la CICIG y la FECI, por lo que su elección fue impugnada por varios actores, pues no llenaba los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez. Ninguna de esas apelaciones ha sido resuelta por el Tribunal de Honor del CANG, por lo que Moto no debería ser juramentado por el Congreso, ni puede tomar posesión en la CC.
El pacto de corruptos logró la intervención de otro tribunal espurio, que mandató a un Congreso coludido que juramentara a Mynor Moto, contraviniendo la Carta Magna. Esto dio origen a varios amparos, que debe resolver la CC antes de determinar si puede asumir la magistratura. Por esto la prisa, la presión, la insistencia; la impunidad les urge.
Para postularse como magistrado a la CC, Moto renunció al cargo de juez, y no ha podido asumir la magistratura, por lo que perdió la inmunidad, y la FECI logró una orden de captura en su contra. Quería ser togado constitucional y hoy es prófugo de la justicia.
La premura también busca que la ciudadanía no tenga tiempo de tomar conciencia y movilizarse para evitar la cooptación de la CC, que debe ser renovada en abril.
La Sociedad Civil, en términos generales, considera que la aplicación de Justicia es un asunto técnico, exclusivo de abogados y jueces, no le reconoce el alto contenido político que entraña, ni comprende la íntima relación que tiene con los procesos de transformación del Estado.
La represión generalizada que impusieron los gobiernos militares se manifiesta, hoy día, en una escasa capacidad ciudadana para participar en la definición y fiscalización de la política pública, máxime si esta se refiere al tema Justicia.
Pocos países cuentan con una política de Estado contra el crimen, y casi ninguno ha considerado la opinión ciudadana para emitirla. La organización criminal, sea política o común, encarna un poder paralelo al del Estado y constituye la principal amenaza para consolidar la institucionalidad democrática. Por ello ejercen enormes presiones –económicas, políticas y militares- para frenar procesos de reforma judicial que permitan la plena vigencia de la Justicia, en el marco de auténticos regímenes de Derecho, que posibiliten el combate de la impunidad, la corrupción y la delincuencia.
Estas son las plagas que azotan a la Justicia, y que debemos enfrentar con coraje y decisión, si no queremos regresar a una nueva conflagración social, agravada por la pandemia y el hambre.
