Ayer se presentó formalmente en Washington la iniciativa para lanzar una verdadera lucha contra la corrupción en el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica que obligaría a que se presenten listados de políticos, funcionarios y particulares vinculados con los abundantes casos de corrupción existentes en la región y que en Estados Unidos empiezan a ver como causa esencial y determinante para la migración que se sigue produciendo y seguirá mientras existan las condiciones de pobreza e inseguridad, producto de Estados que se concentran sólo en los negocios sucios.
Estamos viendo cómo en Guatemala avanza a pasos agigantados y con notable descaro el pacto para asegurar impunidad y controlar ya no sólo a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, sino también la Corte de Constitucionalidad. Trasciende la noticia de que el juez Moto, célebre por sus fallos a favor de los sindicados por corrupción, lanza su candidatura como aspirante a magistrado de la CC entre los miembros del Colegio de Abogados luego de haberse reunido con el abogado de Gustavo Alejos, lo cual es suficiente para entender el sentido de su participación y lo que se busca. No hay ni siquiera decoro para hacer las trastadas porque sienten que pueden actuar con el mayor desparpajo y lograr su objetivo.
De suerte que lo más probable, porque el triunfo de Moto no es algo imposible, es que desde el punto de vista de nuestro propio sistema de justicia no tengamos salida y que, al contrario, los corruptos se sientan más alentados para seguir haciendo lo que les viene en gana sin el menor temor a una consecuencia legal, lo que constituye un muy mal augurio para este país que basó en su alegato de soberanía la expulsión de la CICIG como instrumento de la lucha contra los sinvergüenzas.
Pues resulta que desde el mismo lugar de donde provino la ayuda “para defender la soberanía expulsando a los investigadores extranjeros” les vienen muy malas noticias a los implicados en la corrupción porque se trata de una iniciativa bipartita, impulsada por demócratas y republicanos, que tiene la finalidad de que se hagan verdaderas listas y no las que, para taparle el ojo al macho, se hicieron en la administración Trump cuando simplemente recopilaron nombres de los que habían sido ya condenados por las investigaciones de entidades como esa odiada CICIG.
Ahora la exigencia es mayor y si bien los pícaros podrán robar a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia local, ahora sí verán venir de afuera la sanción más dura, la que no sólo los pinta ante la opinión pública como lo que son, sino que además la que les impedirá gozar de sus fortunas mal habidas en Estados Unidos y marcará a sus familias como parte del círculo beneficiado por el dinero de la corrupción, estigma doloroso que caerá sobre muchos.
De afuera les vino el suspiro cuando, bajo la mirada ceñuda de Trump, Degenhart firmó el acuerdo de Tercer País Seguro que fue el trueque exigido por la Casa Blanca para dar su apoyo incondicional al corrupto gobierno de Guatemala en su afán por ponerle fin a la lucha contra la Corrupción. Hoy, por fortuna, estamos frente a un acuerdo bipartito que traerá aires frescos.
